Ignacio Reyes García

Doctor en Filología · Licenciado en Historia

 

 

 

Este compendio reúne algunos textos del autor relacionados con la historia del siglo XX. Sin evitar las consideraciones políticas, avanza en las causas y expresiones de los acontecimientos y procesos que examina a través del análisis historiográfico. De la expansión mundial del capitalismo a la cuestión nacional en Canarias, se abordan aquí diversos aspectos económicos, socioculturales y políticos de una realidad compleja y determinante para la configuración del tiempo actual. 9

SUMARIO

Entrevistas

    De José M. Castellano

    Del blog Nacionalistas Canarios

    Del grupo de opinión Siete Estrellas Verdes

Artículos

    Esclavos para el progreso

    Púlpitos y espadas

    Intrusos y falsarios

    A vueltas con el consenso

    Camisas viejas

    El nacionalismo: ¿un problema de mercado?

    Subnacionalismo y Estado

    Racialidades del subnacionalismo

    A pesar de la historia

    Horizontes propios

    Los hechos del derecho

   Tiempo de razones

    La nación política

    El precio de la civilización

    Liberalización desigual

Ensayos

    Capitalismo y lucha de clases en el campo canario (1931-1936)

    José Miguel Pérez, el maestro comunista

    Sobre la naturaleza de la perestroika

ENTREVISTAS

ENTREVISTA DE JOSÉ M. CASTELLANO GIL [31.XII.2004]

Versión impresa en: José Manuel Castellano Gil (2006), La cultura a debate. Reflexiones sobre la cultura en Canarias. Tenerife: Idea (La Quinta Columna, 41), pp. 290-306.

IGNACIO REYES es Licenciado en Historia y Doctor en Filología por la Universidad de La Laguna. Su labor investigadora se ha centrado en dos espacios bien diferentes como es el estudio lingüístico de los primeros pobladores del Archipiélago y la historia contemporánea de Canarias. Pero Ignacio Reyes cuenta, además, con una amplia trayectoria en movimientos sociales y con un sólido compromiso ideológico. Cuando echa la mirada atrás considera que la transición española en Canarias no tuvo una conexión con el presente histórico inmediato y por ello hubo que dar un gran salto en el proceso de participación social, haciendo camino al andar. Pero todo aquello, señala, fue reconducido por las organizaciones políticas y sindicales que institucionalizaron y contribuyeron a apuntalar un régimen que se ha caracterizado por una limitación de las libertades civiles y democráticas y que ahora ha estallado en unas circunstancias sociales nuevas donde se posee una experiencia acumulada y una mayor capacidad de análisis. Y está convencido que se hace necesario volver a cultivar una serie de conocimientos elementales como el asociacionismo.

A pesar de su frustración, en la década de los 80, continúa haciendo política pero reconoce que se ha volcado más en el trabajo científico, ya que con el tiempo ha ido aprendiendo a dar otra dimensión, a lo que antes era solamente un recurso para la acción política, al descubrir la identificación con la gente; que nunca llegó a ser tan estrecha cuando hacia política como ahora que está haciendo ciencia y se siente muy a gusto en ese ámbito en el que trata de imprimir el mayor rigor posible.

La acumulación de fracasos que ha cosechado en la política lo considera como un caudal de experiencia fantástico. Ahora, dice, “sabe casi todas las cosas que no hay que hacer”. Y su principal interés social es servir de puente, desempeñar ese papel de conexión histórica que su generación no tuvo cuando hacia política o cultura y contribuir a que las ideas tengan mayor solidez para poder proyectarlas hacia el futuro. Uno de los aspectos que más le apasiona es conectar con las gentes más joven, sin “evangelizar”, con el propósito de fomentar la independencia de juicio. Pues cree que, en un país como el nuestro tan limitado, tan yugulado por el caciquismo y las clientelas, eso es indispensable, es decir, ganar en pensamiento y en espacios críticos si no esta sociedad tiene difícil salida.

JM CASTELLANO

¿Cuál es el panorama actual de la cultura en Canarias y específicamente en Tenerife?

También en Canarias, aunque de forma aún muy embrionaria, una porción cada vez más amplia y diversa de la población empieza a cuestionar las razones y los modos del poder. Crece algo que está dejando de ser mera resistencia ante la alienación para dotarse de una dimensión dinámica, creadora. Esta pequeña corriente que empieza a romper el cautiverio clientelista y se reconoce colectivamente como sujeto activo de la historia, esa ciudadanía que hoy abandona la noria y quiere fecundar la soberanía que le pertenece, ha conectado con el sentido de su tiempo: la emancipación humanizadora. Porque ni el aparatoso despliegue de fetiches ni el indecente mercadeo de imposturas arman otra cosa que una hegemonía virtual del caciquismo local. La verdadera amenaza reside en la expropiación del pensar que patrocina el capital a escala global.

Una acepción del Diccionario de la Real Academia Española define cultura como el “conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico” ¿La cultura en Canarias fomenta el juicio crítico?

Una sociedad construida sobre la dependencia, la extraversión y el clientelismo moviliza básicamente funciones y capacidades predatorias y especulativas. No precisa siquiera de súbditos cualificados, desposeídos por completo de los medios materiales e intelectuales necesarios para controlar la reproducción de sus condiciones de vida. Se inocula así en la población un sentido fatalista de la existencia que, todo lo más, genera efímeras expresiones de una rebeldía desvertebrada.

¿Cultura canaria o cultura en Canarias?

Ante todo, cultura para la transformación. Cuáles sean los recursos que se vivifiquen, depende siempre de las necesidades del presente. La identidad y la diferencia frente al otro, ingredientes quizá un tanto circulares aunque indispensables para definir la subjetividad, sólo se fertilizan a través de una racionalidad crítica que hoy enfrenta determinaciones similares en todo el mundo.

¿El mundo cultural canario es un reflejo de la sociedad civil o una prolongación del poder político?

En alguna medida, es posible que esta disyuntiva no sea tal. La sociedad civil y el poder político constituyen, hoy más que nunca, dos planos imbricados del mismo sistema de explotación. Por descontado, la sociedad civil, ese conjunto de relaciones sociales (materiales e intelectuales) que cruzan los individuos dentro de una determinada forma histórica del modo de producción capitalista, genera expresiones diversas, contradictorias y hasta críticas. Pero, sin embargo, no ha desatado por ahora verdaderas estrategias y bienes culturales alternativos (o, por lo menos, no en una dimensión significativa). Los tópicos del culto más o menos folclórico dominan todavía un escenario ociopático, debidamente provisto de estímulos subvencionados.

¿Existe en Canarias una corriente intelectual oficialista o institucional?

Sin duda, existe un pensamiento al servicio del poder. Ahora bien, que llegue a constituir una consciencia teórica parece una presunción excesiva. Todo lo más, alcanza a ilustrar las estrategias predatorias de la clase dominante y a proyectar hacia la sociedad cierta quincalla discursiva, sin otro alcance real que reproducir los modos y cauces de su predominancia social.

¿Se produce cultura independiente en Canarias?

Se producen manifestaciones culturales independientes del poder, aunque todavía de forma muy inicial y desarticulada. A medida que la ciudadanía se provee de razones para cuestionar un ordenamiento social que lesiona y coarta sus derechos civiles y nacionales, construye el pensamiento y las manifestaciones culturales que arman y desarrollan nuevas facetas de su personalidad colectiva. Substraerse a los circuitos y los modos del hacer subsidiado impone, qué duda cabe, otro tipo de limitaciones. De antemano, cualquier singladura independiente concibe la consolidación de su desarrollo como un proceso a largo plazo. Porque importa, ante todo, que la construcción de ese proyecto alternativo cultive también apoyos solidarios y contribuya, en la medida de lo posible, a generar espacios críticos en la sociedad.

¿Podemos hablar en Canarias de la existencia de clientelismo cultural?

El novelista vasco Pío Baroja advirtió en cierta ocasión que «en España no se paga el trabajo, sino la sumisión». El clientelismo, acaso el rasgo sociocultural más característico del mundo hispánico, goza en Canarias de un arraigo casi pandémico. Con todo, seguramente se debe admitir también cierta complicidad de la víctima.

¿Hay lugar en Canarias para el disenso, se permite discrepar sin temor a represalias?

En la práctica, no. Por lo general, el poder caciquil ni sabe ni quiere ni necesita discutir; le basta con el control del mercado laboral y de los principales medios de comunicación.

¿Por qué no se oyen las voces críticas o por qué no tienen trascendencia social?

El alcance social de los discursos críticos depende de dos factores principales: de un lado, su nivel de implicación con la realidad, es decir, de su capacidad para conectar con necesidades e intereses concretos o relevantes de una parte significativa de la sociedad; y, además, del grado de autonomía económica que posea el medio utilizado. También cuentan, cómo no, otros aspectos: credibilidad, estilo, etc. Ahora bien, primero se ha de producir el acto de voluntad por el que alguien asume ese compromiso crítico y lo cristaliza en un mensaje público.

¿La corrupción llega también a la cultura?

Como en cualquier otro ámbito de la sociedad, también en la producción y gestión cultural operan los criterios socioeconómicos dominantes. Pero no se trata sólo de una corrupción dineraria ligada a la mercantilización de la cultura; hay que hablar de una corrupción vinculada a los contenidos, a la mistificación de la realidad social e histórica con una finalidad ideológica y política, que no excluye el lucro, claro está.

¿A su juicio qué necesita el mundo cultural tinerfeño?

Iniciativas transformadoras, esto es, la movilización de fuerzas culturales democráticas que generen conocimientos y utillajes simbólicos acerca de una realidad alternativa.

¿La cultura en Tenerife mueve dinero? ¿Está bien empleado?

Cientos de millones de pesetas de las cajas de caudales públicos sirven cada año para financiar clientelas y campañas políticas o ideológicas. Desde las exposiciones que fabrican el pasado a la medida de ciertos intereses hasta las publicaciones (periódicas, bibliográficas y audiovisuales) con las que se paga un servicio o se compran voluntades, pasando por los conciertos callejeros o playeros que nutren las empresas de los portavoces del régimen, sin olvidar la adquisición de bienes privados por (y para) alguna autoridad del ramo, cuesta imaginar que el dinero público movido en este ámbito pueda tener un uso más aberrante.

¿Existe en Canarias un plan cultural general o políticas culturales taifas?

Existe un modelo común de dominación a través de la cultura, que despliega recursos, herramientas y modos operativos similares diseñados y aplicados a lo largo del tiempo. Otra cosa es la gestión directa, que se ajusta a los diversos niveles del control caciquil.

¿Existe una industria cultural en Tenerife?

Existe una trama mercantil, que es todo cuanto está en condiciones de producir una clase dominante que carece de los conocimientos, la voluntad y la autonomía política para elaborar criterios que trasciendan el cálculo del coste / beneficio (el suyo, claro).

¿La cultura canaria es ombliguista? ¿Hemos pasado de un marcado complejo de inferioridad a un excesivo orgullo?

Durante cientos de años, la coacción social, el régimen económico y el analfabetismo funcional han obstaculizado poderosamente un amplio desarrollo de las energías culturales de la población. Pese a esas condiciones adversas, esta misma población fue capaz de generar conocimientos productivos en el mundo agrario o formas de vertebración social independientes de la tradicional tutela caciquil. El complejo de inferioridad subsiste, aunque a veces disfrace su natural introspección con ademanes petulantes o expansivos, por cuanto las causas que le han dado origen no han desparecido.

¿Convive la endogamia y la antropofagia en la cultura canaria?

En la producción o la circulación de los bienes que convencionalmente se tienen por culturales, por supuesto que se practica una discriminación sectaria y hasta se devora a cuantos incautos se deciden a jugar un papel para el que no han sido cooptados. Pero conviene tener presente que la cultura se desenvuelve y crece en el ámbito de una construcción social crítica. Esto no sucede en el vacío, sino en el tejido de esa lucha transformadora, en la dinámica del conflicto social, que es donde adquiere su valor histórico.

¿Los poderes públicos canarios tratan a la cultura como un bien de primera necesidad en el progreso social? ¿La cultura tiene réditos electorales?

En última instancia, conceptos como “utilidad pública”, “interés general”, “primera necesidad” o “progreso social”, remiten en el breviario doctrinal de la clase dominante a su bolsillo. Su naturaleza básicamente depredadora no tolera la autonomía material e intelectual de la ciudadanía, como bien se está demostrando en las últimas fechas. Cualquiera de las fórmulas de desarrollo que ha puesto en marcha, o pretende activar, se aparta de las necesidades sociales más perentorias y sólo contempla el beneficio privado. Por tanto, no entra en su programa estimular otra cosa que no sea el ocio cesante y la alienación, recursos que, por desgracia, gozan de un amplio apoyo entre la población (que, no obstante, empieza a dar síntomas de hartazgo).

¿Cómo valora Ud. la oferta cultural tinerfeña?

Las formas mercantiles de la cultura oscilan, por lo general, entre la manipulación, la insubstancialidad y la pedantería. Sin embargo, aparecen de vez en cuando excepciones notables a esta dinámica, ligadas con frecuencia a la programación de algunas bibliotecas públicas o a la actividad de diversas entidades privadas. No sin esfuerzo y con un éxito muy desigual, perseveran en la proyección de ciclos de cine o montajes de teatro no estandarizable, talleres de escritura o de lectura para niños u otros sectores de población, edición de publicaciones periódicas, libros, música, etc. que ofrecen otro enfoque acerca de la realidad…

¿Nos encontramos con una oferta cultural superior a la demanda, a pesar de que la demanda esté estancada pese al crecimiento de universitarios y personas con mejor formación básica?

En mi opinión, están surgiendo muchos colectivos sociales que se están deteniendo a mirar, pensar y actuar sobre su entorno inmediato, revitalizando así una cultura popular y cívica que se había vuelto muy conservadora y que, por toda respuesta a la expropiación material e intelectual que introdujo la terciarización económica de Canarias, se había replegado sobre sus fetiches.

¿La oferta cultura actual cumple una función de integración social?

La oferta mercantil, institucionalizada o privada, presenta una dimensión más uniformizadora. En cambio, la construcción alternativa (popular, cívica y, en algún caso más bien exótico, también realizada desde alguna institución pública) sí empieza a operar como factor de socialización crítica.

¿Ud. cree que hay razones profundas para “el malestar de la cultura” en Canarias?

Hay razones para el malestar social, también en el ámbito de la cultura (aunque quizá ése debería ser su estado natural). Una sociedad donde, por ejemplo, se degrada la sanidad o la educación públicas, para potenciar así los negocios privados del sector correspondiente, no puede esperar que la cultura (en su acepción institucional o en su urdimbre social) quede indemne. Ahora bien, a veces parece que se demanda solamente cierta liberalización del tráfico de bienes culturales y del mercado laboral que le está asociado. Por supuesto, cuestionar la arbitrariedad y la exclusión con la que se maneja el poder en el ámbito de la cultura contribuye a poner en evidencia ante la sociedad su naturaleza sectaria, pero es preciso no olvidar que la crítica debe alimentar siempre una profunda transformación democrática.

¿Desde su perspectiva considera que Tenerife es una sociedad culta?

Para sorpresa de muchos, la ciudadanía de la Isla empieza a mostrar signos de rearme intelectual y axiológico. Por descontado, arrastramos un déficit muy notorio de instrucción básica, que el modelo económico vigente no ayuda precisamente a corregir. Muy al contrario, potencia una formación segmentaria y estrechamente finalista. Con todo, aparecen continuamente fenómenos y procesos de descontaminación crítica, aunque todavía con signos muy precarios. Queda mucho para reducir de forma efectiva el analfabetismo funcional, entre otras cosa porque se trata de un problema que requiere una vigorosa acción política.

¿Existen Tribus culturales en Tenerife?

Más que grupos sociales que comparten usos y costumbres, creo que existen cofradías o congregaciones organizadas para un fin determinado, que generalmente concluye en la preservación de sus intereses sectarios.

¿Existe una utilización política de la cultura como signo partidista de identidad?

Dudo que en los partidos políticos actuales se reúnan las neuronas necesarias para diseñar la estrategia que se presupone en esta pregunta. Otra cosa es que una fracción de la clase dominante, aquella que exhibe cierto subnacionalismo como mercancía electoral, movilice hoy el tipismo folclórico que armó durante la introspección regionalista patrocinada por la dictadura franquista.

Según un reconocido analista cultural: “el mejor indicador del estado cultural de un país es preguntarse de qué hablan sus protagonistas” ¿De qué hablan los tinerfeños?

Por supuesto, llegar a verbalizar el pensamiento más o menos intuitivo acerca de la realidad constituye un paso muy importante en sociedades tan poco ventiladas como la nuestra. Pero no creo que baste ese dato para obtener una imagen suficiente del ‘estado cultural’. Sólo cuando la voz se convierte en práctica social podemos recoger una impresión integral. Y, en este sentido, lo espectacular y aparente del carnaval o el deporte, por ejemplo, ocupan un lugar destacado, pero también se trata de escenarios donde la gente percibe y expresa razonamientos sobre la dinámica social. Sin ceder a la tentación de un optimismo para el que no tenemos motivos todavía, sí comienzan a despuntar reflexiones y valores críticos en ámbitos hasta ahora bastante aletargados.

¿La Cultura en Canarias está en crisis?

Ojalá fuera así, al menos en la acepción griega del concepto crisis, esto es, como “separación”, “disentimiento” o “desenlace” de un proceso. Pero, me temo que cuanto se tambalea en este momento es la eficacia de las formas de dominación cultural, aunque mayormente por la pobreza de sus recursos.

¿Cuáles son a su juicio los indicadores del dinamismo cultural en Tenerife hoy en día?

El más importante reside en la tímida regeneración del tejido asociativo que se opone a la devastación ambiental y la degradación social, profundizando en respuestas de indudable calado cívico y democrático. Sin duda, está sirviendo de aglutinante y orientación para una vívida y amplia constelación de grupos muy diversos que ni tienen ni desean engarce alguno en las formas dominantes de expresión cultural.

¿A pesar del importante crecimiento inmigratorio en el Archipiélago, todavía estamos lejos de plantear el gran debate entre integración cultural y multiculturalidad en Canarias?

He ahí uno de los asuntos más serios que debe afrontar nuestra sociedad, desarmada intelectual y políticamente para trazar y ejecutar una solución viable. La tradicional desvertebración social, la dependencia económica del exterior y la viciada constitución política conforman una línea estructural de vulnerabilidad que condiciona cualquier respuesta. Se trata de un problema para el que sólo caben alternativas desde la definición de un nuevo modelo de organización social y política de Canarias.

¿En Tenerife se invierte más en infraestructuras que en acciones culturales?

Si las infraestructuras que están previstas o en ejecución fueran necesarias para el desarrollo socioeconómico insular, no creo que nadie se atreviera a discutir su prioridad. Con todo, pienso que la inversión cultural no sólo es escasa, sino que debería seguir una política diferente. El dinero público estaría mejor empleado si contribuyera a facilitar la movilización cultural de la ciudadanía y no a cautivar sus manifestaciones a través de subvenciones o a promocionar su adocenamiento.

¿La existencia de más de una veintena de editoriales en el Archipiélago, además de los servicios de publicaciones de las distintas instituciones canarias, es un signo de dinamismo cultural? ¿El mercado canario es capaz de absorber esa oferta?

La tradicional desagregación social y la ausencia de un mercado nacional o integrado en Canarias están en la base de esa abundante dispersión. Peor sería, desde luego, que no existiera nada; la situación actual demuestra, por lo menos, la inquietud que bulle en nuestra sociedad. No obstante, resulta evidente que la oferta, la necesidad de comunicar, supera con creces a la demanda, al interés por ampliar conocimientos.

¿Hay que salir de Canarias porque la isla ahoga? ¿La realidad insular condiciona al creador?

Ante todo, hay que salir de Canarias como principio elemental de salubridad, de oxigenación mental. Pero no es la realidad geográfica la que determina, sino la claustrofóbica y empobrecedora autarquía social, moral e intelectual que domina el ambiente vital, en general, y creativo, en particular.

¿Desde el punto de vista cultural, Canarias dispone de un mercado cultural único o fragmentado? ¿Hay un conocimiento de la realidad cultural entre las islas?

Canarias es una sociedad desarticulada, lastrada además por una dependencia exterior estructural. Sus manifestaciones sociales, económicas y culturales propias, no las que simplemente reflejan la hegemonía exterior, se producen y expanden por lo general en un ámbito más local o insular. Precisamente, uno de los retos principales de la cultura transformadora que comienza a nacer estriba en dotarse de una dimensión nacional, pues todas las islas del Archipiélago están sujetas al mismo sistema de explotación.

Ud. ha realizado diversas investigaciones lingüística sobre los primeros pobladores del Archipiélago ¿Estos estudios cuentan con tradición en Canarias?

El origen del enfoque científico en los estudios lingüísticos acerca de la lengua de los primeros pobladores de Canarias se sitúa en el siglo XVIII. Fue George Glas el primero que organizó una visión del problema, que encaja con los postulados enunciados ya por los primeros cronistas: la conexión norteafricana. Desde ese momento puede decirse que empiezan a introducirse elementos comparativos mucho más sólidos, aunque sólo en el ámbito formal, pues en el siglo XVIII no se tenía oportunidad de realizar contrastaciones orales y, además, se disponía de muy poca información continental y de una escasa bibliografía científica. Posteriormente, otros autores, siempre extranjeros, centraron su atención en este tema, desde Sabino Berthelot hasta Dominik Wölfel. Y este último fue el primero en elaborar un modelo sistemático de análisis. En cuanto a los estudiosos canarios, podemos destacar a Juan Álvarez Delgado, aunque su aportación es más interesante en el plano historiográfico que en el lingüístico.

¿Sin embargo en la actualidad hay una escasa preocupación por estos estudios lingüísticos?

La causa principal es la misma que afecta en general a las investigaciones sociales en Canarias desde hace mucho tiempo, lo que pasa es que en la lengua, como se trata de un elemento diacrítico muy fuerte, se acusa más. Aunque creo que ha habido una constante histórica muy nítida: intentar expropiar conocimientos y medios de análisis, reflexión y comunicación que pudieran vertebrar un pensamiento opositor y crítico en Canarias.

¿Es importante el corpus lingüístico indígena que ha llegado hasta nosotros?

Probablemente, son varios miles de palabras si introducimos los nombres de lugar. Si excluimos esos topónimos y los nombres propios de persona nos queda un material muy escaso. Pero ése no es todo el problema, ya que buena parte de ese material no tiene traducción en las fuentes. El asunto es muy complicado a la hora de poder hacer una descripción y un análisis suficientemente certero desde del punto de vista lingüístico. Yo no trabajo con artículos de fe, para mí esto es un objeto de investigación que merece muchísimo respeto porque forma parte de la identidad de un pueblo, pero la investigación científica tiene unos límites. Ahora han mejorado mucho las cosas, porque en los últimos cien años se ha producido un material lexicográfico importante en el Continente, pero todavía hay muchos déficit: no tenemos estudios de fonética experimental, son insuficientes los estudios dialectales y casi inexistentes los estudios diacrónicos. Ante este panorama, obligado a establecer comparaciones con un elemento tan diverso como el amazighe continental, configurado sobre una diversidad dialectal fantástica, cualquier proceso de investigación es necesariamente lento, muy prolijo y complejo, lleno de cautelas. Y todo para obtener un margen de certidumbre mínimo.

¿Entre esa variedad dialectal existe un nexo común?

La lengua es la misma. Hasta donde he podido alcanzar con mis investigaciones, en Canarias se produce un proceso que he denominado de doble dialectización. Al Archipiélago llegan, dependiendo de la isla, al menos dos o incluso tres influencias dialectales diferentes de esa lengua. Claro, esa combinación insularizada y separada de su foco continental durante aproximadamente unos 1.500 o 2.000 años tiene necesariamente que generar también otra dialectización. Esos dialectos que recibimos poseen una entidad estructural porque la lengua es la misma, pero esa convivencia distintiva produce luego variedades típicamente insulares. No obstante, todas las hablas o manifestaciones dialectales canarias presentan una filiación amazighe.

¿Cuál es su valoración sobre la piedra Zanata?

Un objeto descontextualizado, o por lo menos con un contexto arqueológico dudoso, es prácticamente inútil para la ciencia. No creo que existan elementos suficientes para tomar siquiera en consideración ese material.

¿Cómo se explica su pasión por el mundo lingüístico nativo con su interés por un periodo tan reciente como la etapa republicana y la Guerra Civil en Canarias?

La explicación es muy sencilla. Mi preocupación inicial se centró en el movimiento obrero. Primero que nada y por encima de todo –eso también lo tengo que decir– yo soy comunista, y eso fue lo que me formó como ser humano. En esa inquietud descubrí que había muchas cosas que le molestaban al poder, a la Dictadura, y entre ellas le molestaba la pervivencia del mundo antiguo.

Ud. ha publicado varios libros sobre ese periodo ¿Cómo ve el estado actual de las investigaciones sobre la etapa republicana y Guerra Civil en Canarias?

Se están haciendo algunas cosas interesantes. Pero, en fin, me parece que ya va siendo hora de dejar de contar muertos y desaparecidos, a lo que estamos obligados incluso moralmente, y empezar a hacer análisis un poco más críticos.

Recientemente Leopoldo O’Shanahan ha manifestado que todavía hoy en Canarias se sigue tergiversando los sucesos de la Guerra Civil y que se manipula tanto los hechos y las figuras como puede ser el caso de Óscar Domínguez o Pérez Minik ¿Cuál es su opinión?

Creo que hay dos cosas interesantes. Primero, es “normal” que la lectura del pasado se haga siempre desde los intereses del presente y siempre desde los intereses dominantes. Y, en segundo lugar, en efecto hay tergiversación, pero creo que hay más ocultamiento. En la actualidad, la historia ya no cumple la función de legitimación de un régimen, no es una necesidad para la clase dominante y su estrategia de validación social. En consecuencia, me parece que hay un intento cada vez más evidente de liquidar la historia como disciplina científica. Y por todo recambio se nos ofrece propaganda. Eso me parece que es una característica del capitalismo actual. Creo que tenemos que empezar a pronunciarnos de una forma cada vez más contundente a este respecto.

¿Y en este sentido cuál es su valoración sobre el papel de los intelectuales en la actualidad?

Esto es una de las desgracias que tiene Canarias, porque hay muy pocos pasos hacia delante; hay muy poca toma de posición, sobre todo por personas del mundo académico.

¿Cómo se puede explicar ese vacío, esa pasividad?

Creo que ésta es una sociedad que persigue la crítica, no tolera la crítica, el disenso, pero tampoco construye un discurso alternativo. Claro que en un país como éste, donde todo es tan autárquico –por ser medianamente generoso–, la situación tiene una difícil salida. Pienso que falta compromiso.

¿Cómo ve Ud. en estos momentos la situación política canaria?

En mi opinión es crítica, catastrófica. No hemos atravesado nunca, salvo los momentos históricamente graves, como el golpe de Estado de 1936, una situación tan, tan difícil. Y, además, tenemos la dirección política más inepta de todos los tiempos y, si miras al resto de las opciones políticas que pueden tener alguna posibilidad de participar en el gobierno, te espanta casi en la misma proporción.

¿Ud. cree que la democracia hoy en día está en peligro?

En mi opinión no existe democracia. Existen formas democráticas, espacios de actuación democrática, y esos son los que están en estos momentos en libertad vigilada, como mínimo. Y me parece que también hay ámbitos que están secuestrados sin ninguna duda. La situación es muy grave. Y ante los problemas tan serios que están acaeciendo, ves cómo la prensa y los partidos políticos no hacen el menor movimiento de renovación ni de cuestionamiento... La solución de los problemas objetivos, determinantes, que atraviesa Canarias pasa por una profundización democrática en muchas esferas de la sociedad.

Entonces, ¿Ud. no cree en una regeneración del sistema a través de los partidos políticos establecidos?

En absoluto. En todo caso, en una involución.

¿Que valoración hace Ud. de las últimas manifestaciones sociales en Tenerife?

A mí sí me parece que cabe una mínima esperanza con este proceso de critica que se empieza a construir en algunos sectores de forma muy horizontal, muy abierta, muy democrática, que todavía tiene que crecer pero que empieza a configurar una percepción distinta del proceso y a intentar participar de una manera constructiva y crítica.

¿Es probable que el problema de la política desarrollista haya sido la gota que ha colmado el vaso lleno de agua de ese cansancio social ante un sistema de engaño y especulación política y empresarial?

Hay un sistema orientado a la depredación, al parasitismo social, que es lo que ha desplegado la clase dominante en Canarias desde hace cientos de años y, de una forma más acusada, en este momento, porque tienen muchos más medios, no mucha más capacidad intelectual pero si muchos más medios y, sobre todo, porque han acelerado la maquinaria de ese proceso devastador. Claro que cualquier persona preocupada por el bienestar presente y futuro se ve impelida a reaccionar.

¿Cuál es su opinión sobre el puerto de Granadilla?

Creo que la respuesta que ha construido la Asamblea por Tenerife resulta meridianamente clara: desde ningún punto de vista es necesaria la construcción de un puerto en Granadilla.

¿Cuál es su valoración sobre el papel jugado por los medios de comunicación en Tenerife en estos últimos tiempos?

Si antes decíamos que el comportamiento de los partidos políticos es despreciable, el de los medios de comunicación –como mínimo– no lo es menos. Sabíamos que la prensa en Canarias es simplemente un vocero de ciertos intereses, pero lo que dudábamos era el alcance de las actuaciones manipuladores. Eso nos ha sorprendido a todos e, incluso, a los que teníamos motivos para no esperar ningún gesto.

¿Que valoración hace sobre esos ataques que se han dirigido contra el catedrático Aguilera Klink por algún medio de comunicación y por el propio presidente del Cabildo de Tenerife, Ricardo Melchior, que lo llamó ‘payaso’?

A mí me parece que todo ese asunto es simplemente inconcebible en un país medianamente civilizado. Creo que cualquier persona tiene derecho a pronunciar los criterios y planteamientos que considere oportunos, siempre dentro de unos márgenes de respeto y legalidad. Hasta donde yo sé, el profesor Aguilera no ha traspasado en ningún momento esa frontera. La respuesta mediática y la respuesta institucional resultan incomprensibles en una mente equilibrada.

Y para finalizar ¿Qué tres obras nos recomendaría?

Como herramienta básica para el rearme de un pensar crítico, sin duda la obra del profesor Ciro Mesa, Emancipación frustrada. Sobre el concepto de historia en Marx, de reciente aparición. Ya en el ámbito de la historia de Canarias, el excelente análisis que nos brinda el arqueólogo Jorge Onrubia Pintado acerca de La Isla de los Guanartemes. Territorio, sociedad y poder en la Gran Canaria indígena (siglos XIV-XV). Y en el dominio de la filología, el magnífico Diccionario Histórico del Español de Canarias, de los investigadores Cristóbal Corrales y Dolores Corbella.

DEL BLOG NACIONALISTAS CANARIOS [26.III.2009]

Ignacio Reyes García nació en Tenerife, en el Santa Cruz de 1962. Es Doctor en Filología y Licenciado en Historia por la Universidad de La Laguna. Ha investigado el desarrollo del capitalismo y del movimiento obrero en Canarias. También ha ejercido el periodismo político.

Es un profesional independiente que ha centrado su labor de investigación en el desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanas, estudiando la lengua y cultura amazighes de Canarias.

A partir de 1997 centra su trabajo en el ámbito de la lexicología diferencial que denomina ínsuloamazighe, concepto geolingüístico destinado a destacar tanto la pertenencia de esas extintas hablas canarias a la lengua tamazight (o bereber) como su singularidad dentro de ella. Una línea de análisis que permite así mismo avanzar en la caracterización interdialectal y diacrónica de este milenario idioma norteafricano, además de explorar el alcance de ese antiguo patrimonio cultural en la composición de la canariedad actual.

Junto a monografías, diccionarios, artículos y ponencias, ha escrito numerosos textos de divulgación e impartido diversas conferencias acerca de los temas de su especialidad.

Entre los años 2003 y 2006, fundó y dirigió una revista internacional de Ciencias Sociales y Humanas, Indaga (ISSN 1695-730X), editada por el Foro de Investigaciones Sociales, donde publicó algunas traducciones de autores como Agnes Heller, Emmanuel Wallerstein, James Petras o Jean-Marc Lévy-Leblond, entre otros.

En estos momentos, recopila el conjunto de sus investigaciones filológicas en un diccionario histórico y etimológico del amazighe insular, cuya versión abreviada está disponible en Internet.

¿Qué es Canarias para usted?

Un objeto de estudio y un ámbito de actuación social. La vastedad del conocimiento humano, por una parte, y de las injusticias, por el otro, creo que obligan a centrar la acción personal en espacios determinados, bien territoriales o bien sectoriales, para rendir algún horizonte productivo. Canarias presenta peculiaridades históricas y políticas, en el sentido más amplio de ambas expresiones, que facilitan escenarios y recursos muy adecuados para la socialización crítica de cualquier persona.

¿Qué cree que define a los canarios?

Su capacidad de adaptación. Por lo general, cualquiera que sea la clase social a la que se pertenezca, la primera inclinación ante los retos de la vida consiste siempre en buscar una tangente que permita resistir al oleaje. Un añejo y recurrente principio de jerarquía y la ausencia, por distintos motivos, de estrategias productivas cohesionadoras han determinado la extensión pandémica de una desarticulación social, económica y política que, en el plano subjetivo, se traduce en una característica abulia de decisión.

¿Tiene el pueblo canario derecho a decidir su futuro y en qué modelo?

Desde el punto de vista teórico, la libre determinación política debe ser un derecho inalienable de cualquier pueblo. Pero los ideales jurídicos no determinan el devenir histórico de una comunidad, configurado a través de las diversas respuestas que va generando la lucha de clases en su seno. A menudo se reduce este problema a un cambio de titularidad en el aparato y los recursos estatales, como si esta maquinaria y sus acciones fueran neutras o ajenas a un determinado modelo de dominación social. Sin embargo, sólo la erradicación del sistema de explotación vigente puede suponer una verdadera conquista de ese derecho. Reducir el proceso a un trayecto jurídico representa una condena de continuidad, pues las clases populares nunca van a disponer, dentro del régimen capitalista, de la capacidad para influir en sus condiciones de realización. A pesar de su apariencia abstracta, el derecho constituye otro elemento más en la reproducción de un sistema de dominación. Cualquier estrategia popular de autodeterminación debe cultivar una amplia escisión social, impulsar una fractura que atraviese las inercias, fragmentaciones e incapacidades personales y colectivas, con el propósito de crear fuerzas, escenarios y recursos propios que terminen por imponerse o bien que obliguen a la oposición a pactar un modelo alternativo y más favorable a los intereses populares.

¿Qué le falta a Canarias?

Una fuerza social radicalmente transformadora. La vertebración de un poder popular es la única garantía para la realización de un proyecto nacional consistente. Ni la dependencia económica estructural ni la emergencia ecológica ni la sobreexplotación de la población trabajadora ni el déficit de su formación básica y aplicada han encontrado solución durante cinco siglos del régimen colonial que, por otro lado, está en la base de esos lastres.

¿Qué hace usted por Canarias?

Cultivar un ejercicio profesional independiente de cualquier institución pública y horizonte ideológico. En mi campo de trabajo, creo haber demostrado que es posible producir ciencia y divulgación al margen del mundo académico oficial y de cualquier sectarismo doctrinal. Generar condiciones de emancipación crítica en un área de investigación tan difícil y delicada diría que constituye una prueba de la viabilidad de esa estrategia de doble poder.

¿Cómo definiría la relación Canarias-Estado?

La situación económica y política del Archipiélago se ha de abordar desde una perspectiva internacional. La dinámica actual del capitalismo ha convertido a España, un país dependiente, en un eslabón prescindible dentro de la estrategia de expansión imperialista en nuestra latitud. En realidad, su papel como potencia colonial en Canarias adquiere cierta relevancia sólo en el momento de la Conquista y a partir de la dictadura franquista. La ficción jurídica se adaptará a los intereses estratégicos de la reproducción ampliada del capital a escala mundial, tarde más o menos España en ceder ante ese nuevo horizonte. Por tanto, las relaciones con el Estado poseen una dimensión puramente táctica en el proceso de autodeterminación, lo cual no significa que carezcan de importancia, porque influyen mucho en ciertas dinámicas y espacios sociales, pero no deben constituir el objeto preferente en la definición de una estrategia popular de liberación nacional.

¿Cuáles son los problemas que en el futuro tiene que abordar Canarias?

El control de sus fuerzas sociales productivas. El régimen actual de depredación ecológica y económica posee también un correlato muy nocivo en el ámbito de las mentalidades: el desmantelamiento de las actividades primarias y la imposición de un modelo básicamente especulativo, junto a un sistema público de enseñanza orientado hacia el fracaso escolar, casi han cercenado la cultura y los conocimientos productivos. En una sociedad extravertida, desarticulada y dependiente, una población intelectualmente incapacitada para comprender y dirigir la evolución de las condiciones objetivas de su reproducción material vive condenada, en el mejor de los casos, a prolongar su estado actual (cualquiera que sea el color de la bandera que flamee en sus instituciones).

¿Cuál sería la estrategia política para el futuro?

Cavar esa fractura interna que coloque a la población trabajadora en situación de asumir el control de su destino, en la medida que esto es posible en el mundo de hoy. Sólo la creación de fuerzas y espacios sociales independientes, productivos y democríticos puede asentar al pueblo trabajador en una mejor situación para afrontar los retos que impone la lucha de clases en la hora actual.

¿Cómo definiría el proceso de la Autonomía Canaria?

En la medida que la integración de Canarias en el Mercado Común Europeo exigía el desmantelamiento de sus actividades productivas y su definitiva terciarización extravertida, la constitución de una estructura política autónoma debía cumplir, y así está siendo, cierta función compensatoria para la burguesía local, que recibía de esta manera una palanca de acumulación nada desdeñable, como ejemplifican los casos de corrupción que afloran a diario. Además, la hipertrofia de esta nueva administración pública ha permitido al poder contar con una clase media que sostenga la demanda interna y canalice la conflictividad social hacia horizontes sólo reivindicativos. Sin duda, esa renovación del modelo de dominación capitalista en Canarias ha sido un éxito. Está por ver si las fuerzas transformadoras asimilan esta lección y rompen amarras con el fascismo insular que, vista la dimensión que puede alcanzar el negocio de la gestión política del capital, se plantea una descolonización que le permita aumentar su margen de maniobra y, en consecuencia, su tasa de ganancia.

¿Ha habido algún tipo de política nacionalista en Canarias?

Desde el punto de vista discursivo, ha habido formulaciones ideológicas nacionalistas de cierta entidad a partir de la transición del siglo XIX al XX, con piezas tan representativas como la creación de Pueblo Canario Unido (PCU). Por supuesto, sólo la constitución del MPAIAC supuso un salto cualitativo para el movimiento popular de liberación, en la medida que favoreció la superación de la fase de resistencia estratégica dominante hasta ese momento por una línea de ruptura, que hizo crecer la consciencia, organización y combatividad populares hasta límites desconocidos. En los últimos años, la recuperación de un tejido asociativo implicado en la defensa de causas ecológicas y sociales conforma un territorio potencial para la articulación de proyectos alternativos de dimensión nacional, pero su orientación más sectorial que política, inspirada por una dirección constitucionalista, no ha terminado de integrar bases sociales y programas consistentes. Esta deficiencia ha sido aprovechada por el fascismo insular para impulsar un subnacionalismo populista, con indudable rentabilidad política en sociedades de honda tradición caciquil.

DEL GRUPO DE OPINIÓN SIETE ESTRELLAS VERDES [4.V.2010]

Ignacio Reyes García, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1962, ha sido militante comunista desde muy joven. Ha dedicado toda su labor política a estudiar y combatir el desarrollo del capitalismo y el colonialismo en el Archipiélago. Apartado en la actualidad de la política activa, ejerce sus tareas profesionales de forma independiente. Doctor en Filología y licenciado en Historia, ha centrado sus investigaciones en las antiguas hablas de origen amazigh de Canarias.

En primer lugar, ¿cómo cree que llegó el Pueblo Guanche a Canarias?

Desde el punto de vista científico, no hay evidencias que permitan hablar de la existencia de un “pueblo guanche” que colonizara todo el Archipiélago. Las pruebas disponibles hasta ahora muestran una ocupación amaziq (o bereber) que parece diferencial, tanto en las fechas de llegada como en su contenido demográfico. No obstante, cada día se constata con mayor precisión una fuerte impronta meridional o tuareg en el conjunto de las Islas, pero no es menos cierto que aparecen también indicios de una consistente influencia septentrional, más diversa en su composición y en su distribución insular.

A partir de estas premisas analíticas, la investigación histórica tiende a pensar que el poblamiento amaziq de Canarias ocurre en dos momentos principales. El más lejano en el tiempo, a mediados del primer milenio a.n.e., seguramente en relación con algún proyecto fenopúnico para la colonización de la costa atlántica africana, aunque tampoco se cuenta todavía con pruebas definitivas al respecto. Y una segunda ocupación en torno al tránsito a la Era, cuando la dominación romana del norte de África habría podido expulsar hacia las Islas poblaciones desafectas.

En cualquier caso, el desarrollo de una cultura tan homogénea, dentro de sus peculiaridades insulares, obliga a pensar necesariamente en una empresa de colonización, viable sólo a partir de grupos humanos compuestos por un mínimo de 60 personas, con enseres y recursos para la subsistencia inmediata. Esto no excluye que pudieran haber ocurrido otro tipo de migraciones de menor entidad, pero desde luego resulta más difícil aceptarlas como la explicación principal.

¿Cree que la conquista española acabó con la mayor parte de la cultura indígena?

La conquista y colonización europeas del Archipiélago ha representado sin lugar a dudas una conmoción determinante en la historia de las Islas. Bajo una circunstancia como ésta, donde se priva a la población nativa de los medios y la capacidad de reproducir sus condiciones de vida material y cultural, la descomposición de esas comunidades y sus valores resulta sólo cuestión de tiempo. Pero la presión social ejercida por el colonialismo, acaso acentuada incluso por la realidad insular, tampoco liquida por completo esa naturaleza en la medida que siguen vigentes los regímenes de vida que contribuyeron a su desenvolvimiento. Cierta visión del mundo persiste durante más o menos tiempo en un devenir menguante. La quiebra, quizá definitiva, de esa identidad ya mestizada se acelera con la penetración del capitalismo en la producción a partir del último tercio del siglo XIX. Este cambio introduce nuevas relaciones económicas y sociales, que configuran otra percepción e imponen otras estrategias de adaptación a una constelación de necesidades e intereses donde el pasado adquiere vigencias básicamente ideológicas.

¿Cuánta relación conservamos con los Pueblos Amazighes del norte de África?

Es muy difícil medir hoy el grado de correspondencia. La canariedad actual posee una dimensión, abigarrada y compleja, que trasciende su ancestral substrato norteafricano, inactivo desde hace mucho tiempo como generador de identidad. Se trata de dos espacios que han sufrido una recomposición social y cultural muy severa, pero donde, además, la sociedad insular ha desarrollado una constitución diferente. Con todo, el patrimonio amaziq en las Islas contiene todavía eslabones muy notorios, tanto en el dominio de la genética como de la lengua y otras manifestaciones culturales. Pero, a menudo, ingredientes que han perdurado en una orilla se han perdido, decrecido o mutado en la otra. Sin embargo, cuando las investigaciones en ambos territorios operen con menos prejuicios y mayor precisión científica, seguro que se obtendrán perfiles más nítidos.

¿Cuál es la labor del Fondo de Cultura Ínsuloamazighe?

El FCI es una entidad científica, sin ánimo de lucro, independiente de cualquier tutela institucional y ajena por completo a propósitos políticos. Su objeto principal consiste en estudiar la cultura amaziq desplegada en las Islas Canarias, sobre todo en los ámbitos de la Historia, la Etnografía y la Filología.

En estos momentos, concreta ese trabajo en la realización de un diccionario de la lengua amaziq cultivada en el Archipiélago y la elaboración de un archivo digital de estudios relacionados con sus materias de investigación.

¿Hay conciencia sobre nuestro pasado en el Pueblo Canario?

Mi impresión es que, en términos generales, el pueblo canario ha vivido situaciones tan duras a lo largo de su historia, y con tan escasa capacidad de influencia sobre su destino, que no ha sabido encontrar ni crear cauces para reconocerse en ninguna faceta de su pasado.

Por descontado, en esa limitación han intervenido poderosos mecanismos de alienación y expropiación: un movimiento económico extravertido y depredador, la férula de un régimen caciquil omnipresente, una castradora ortodoxia cristiana o una más reciente estrategia de embrutecimiento difundida por los medios de comunicación y complementada incluso por una docencia acrítica. Condicionantes, en suma, de una formación económica que induce la desarticulación social y productiva, al tiempo que excluye a las clases populares del control sobre la reproducción de las bases materiales y simbólicas de la sociedad. Porque, en realidad, es preciso hablar de un lacerante desconocimiento no sólo de las diversas instancias del pasado, sino también de las dinámicas actuales.

Una debilidad orgánica en la que solamente un tosco y sesgado nacionalismo etnicista ha conseguido oponer alguna resistencia ideológica tanto al folclorismo incubado durante la Dictadura como al cosmopolitismo mercantilista, las dos expresiones más comunes de lo que hoy se promociona como cultura popular.

¿Cree que en la actual enseñanza canaria hace falta potenciar más el conocimiento sobre nuestro pasado?

A mi juicio, la gravedad del problema estrictamente docente en Canarias va más allá de la presencia o ausencia de unos contenidos específicos sobre la realidad natural, social o histórica de las Islas. Cierto que, de potenciarse esos recursos, cabe presumir una mayor implicación de toda la comunidad educativa y mejores escenarios para que los estudiantes aprovechen su actividad. Pero, sin una apuesta urgente y decidida por la renovación cualitativa, la acreditada insolvencia de este sistema seguirá produciendo porcentajes de fracaso escolar y analfabetismo funcional tan elevados como los actuales.

En un mundo globalizado, donde los conocimientos y la tecnología fluyen con un desenvolvimiento tan vertiginoso resulta imprescindible impulsar una docencia racional, crítica y con las suficientes competencias intelectuales y técnicas para que la juventud logre superar las tradicionales dependencias que lastran el desarrollo del Archipiélago.

Por supuesto, lo deseable es formar seres humanos conscientes de su identidad y capacitados para intervenir con criterio en la evolución de su entorno, pero a estas alturas de la historia de la humanidad queda poco margen para el engaño: mientras la sociedad siga armada sobre los intereses antagónicos de clases sociales enfrentadas en el devenir económico, no parece razonable esperar cambios radicales en la situación actual.

Y, finalmente, ¿ha encontrado ayuda para su labor por parte de las instituciones públicas?

En general, ni la orientación de mi producción historiográfica y filológica ni las características de los temas que he abordado han suscitado demasiada atención por parte de las instituciones públicas. En honor a la verdad, he de admitir que tampoco realicé nunca muchos esfuerzos en esa dirección. De las dos o tres ocasiones en las que exploré la posibilidad de estrechar contactos, sólo encontré una respuesta positiva: cuando la Universidad de La Laguna accedió a que defendiera mi tesis doctoral, hecho que agradezco sinceramente.

Por lo demás, creo que el desencuentro ha sido mutuo y a ninguna de las dos partes parece habernos afectado. Un considerable esfuerzo personal y familiar me ha permitido abonar la posición profesional independiente que disfruto ahora, pero que, aun así, de ninguna manera pretende ser sectaria.

ARTÍCULOS

ESCLAVOS PARA EL PROGRESO [1989]

Intervención del autor en la mesa redonda organizada por el “Movimiento contra la Celebración del V Centenario”, que tuvo lugar en el Club Prensa Canaria de Las Palmas de Gran Canaria el 11 de octubre de 1989.

Como antes lo había hecho la Dictadura, la “joven democracia” española escogió la significativa fecha del Doce de Octubre para festejar su “día nacional”. Si hacen ustedes memoria, recordarán que cinco días después de la muerte de Franco, la Corona promulgó un indulto general. Su preámbulo tributaba un sentido «homenaje —y cito textualmente— a la memoria de la egregia figura del Generalísimo Franco, artífice del progresivo desarrollo de la paz que ha disfrutado España en las últimas cuatro décadas»1. Naturalmente, no pretendo insultar la inteligencia de ustedes llamándoles la atención sobre algo tan evidente como es el directo parentesco político e ideológico que une a la “joven democracia” de España con la última de sus dictaduras militares. Pero sí me interesa destacar esa concepción de la paz, que es presentada como primera condición para el progreso social. Se trata de un principio ideológico que ha tenido diversas manifestaciones históricas, pero que pocas veces ha adquirido dimensiones tan mundialmente devastadoras como las que se vienen produciendo bajo ese proceso de expansión colonial que se abrió hace ahora 500 años.

Además, ya casi nos hemos acostumbrado a considerar como algo natural que las ambiciones estrechamente clasistas de la burguesía pasen por representar los intereses y necesidades de todo un pueblo y del progreso social de un país. De ahí que, si unen ustedes esos dos principios (la paz como condición del progreso y un progreso necesariamente burgués), podrán obtener la versión al uso de la expansión colonial europea como una empresa pacificadora, culturizadora y civilizadora. Y conste que no digo que tales componentes estén completamente ausentes de dicho proceso. Pero desde luego no definen en absoluto su naturaleza, como me propongo argumentar a ustedes seguidamente desde la perspectiva del análisis histórico.

No olvidemos que la configuración actual del mapa político, la constitución de los estados europeos actuales, tiene su origen en el siglo XVI. La consolidación del hecho estatal en la Europa de Maquiavelo (1469—1527), de Carlos V (1500-1558), de Cromwell (1599—1658) o de Colbert (1619—1683) no se puede entender sin la explotación colonial.

Como ya nadie ignora, en el movimiento histórico de la substitución del feudalismo por el capitalismo en Europa, confluyeron dos factores principales. De una parte, un violento proceso de expropiación y proletarización del campesinado europeo. Y, de otro lado, esa explotación igualmente voraz de las colonias. Sobre estas bases nace el capitalismo. Es la fase conocida como de acumulación primitiva. Y es precisamente ese segundo aspecto del proceso, el colonialismo, el que introduce un momento particularmente importante en la estrategia misma del desenvolvimiento capitalista en Europa. Y —cómo no— es justamente en este escenario donde cobra verdadero sentido la conquista y colonización de América y de Canarias.

Sin embargo, con frecuencia se quiere hacer aparecer el capitalismo como un sistema económico instalado mundialmente desde el siglo XV. Desde este punto de vista, las colonias presentarían un estatuto dependiente de contenido enteramente capitalista desde entonces. Muy al contrario, pienso que deliberadamente se confunde en el origen del sistema capitalista mundial ese movimiento de la acumulación primitiva, en el que juega un papel de primer orden el mercantilismo, con el asentamiento definitivo del modo de producción capitalista. Más aún, se quiere presentar el capitalismo como una fase necesaria e inevitable para el progreso social y material de la humanidad.

En realidad, durante el medievo europeo habían prosperado las formas usuraria y comercial del capital y el régimen colonial sólo vino a transmitirles una configuración especialmente “provechosa” en forma de sociedades mercantiles. El período que media entre el último tercio del siglo XVI y todo el siglo XVII ocupa tal vez la fase más nítida del predominio de las tesis clásicas del mercantilismo. Pero éste participa en la definición de la economía política de la Europa moderna desde mediados del siglo XV hasta bien entrado el siglo XVIII. Las propias compañías mercantiles disponían de la capacidad de reglamentar y controlar el comercio, desempeñando el verdadero poder político en las colonias.

El desarrollo de las formas monopolistas en el comercio alcanzará un punto significativo cuando, mediado el siglo XVII, las sociedades anónimas por acciones se generalicen en gran parte de Europa. Atrás han de quedar —claramente superadas— las sociedades comerciales privadas, la participación individual de comerciantes que juntaban su capital en una asociación efímera para operaciones concretas (caso de las capitulaciones firmadas para la conquista de La Palma, Gran Canaria y Tenerife). Ahora, el capital se constituía en un fondo permanente que llega de diversas fuentes y que puede acudir a varias empresas al mismo tiempo. La sociedad anónima permitía emprender actividades comerciales de mayor escala y duración, limitando a su vez la competencia y favoreciendo la concentración monopolista. Esta concentración del capital mercantil inyectó a la industria europea un estímulo definitivo, que las potencias marítimas europeas hallaron en el inmenso expolio colonial.

Sin duda, la expansión colonial proporcionó a la ascendente burguesía europea de los siglos XVI a XVIII una formidable masa de recursos, que pudo invertir en la organización capitalista de la producción. Este proceso de acumulación primitiva generalizó la mundialización de las relacionas económicas y le imprimió a su evolución el sello que todavía la distingue: la desigualdad. Materias primas y brazos esclavos han surtido desde las colonias las necesidades del mercado europeo y del crecimiento de la gran industria capitalista. Todo el control de las fuerzas y de los medios sociales empleados para producir depende en las colonias del poder colonial, que ha operado mediante dos mecanismos principales:

1. Se apropia de forma violenta de las fuentes de producción y de los excedentes e inmoviliza bajo su propiedad todos los recursos económicos centrales (usando generalmente la coacción militar).

2. Practica un control monopólico del comercio y de la inversión, fundado en la extracción de materias primas y en la sobreexplotación del pueblo trabajador. Las formas de actuar en este sentido son ya clásicas y la historia económica de Canarias o de cualquier colonia americana ofrece abundantes ejemplos. Tres son los mecanismos principales: a) la introducción o fijación de cultivos obligatorios (destinados a la exportación); b) la inversión privilegiada en operaciones que llevan asociadas un monopolio colonial; y e) la obligatoriedad de importar bienes de consumo manufacturados y de capital desde las metrópolis.

Bajo estas condiciones, es fácil entender que el uso de coacciones sociales en las colonias por parte del poder ha cumplido dos funciones muy claras:

1. Producir negocios tan lucrativos como la esclavitud o la emigración, factores que a su vez han contribuido a…

2. Segar casi por completo cualquier proceso de cohesión o integración social de esos pueblos sometidos.

Hoy, los grandes consorcios transnacionales y las oligarquías financieras celebran haber descubierto semejante paraíso de recursos humanos y materiales, destinado a nutrir ¡su progreso! Más modesta, España nos recuerda su decisiva y… generosa contribución a este «encuentro de las culturas». Cobrar un conocimiento cabal del origen y el desenvolvimiento histórico de este proceso, habrá de contribuir a que los pueblos ahora sojuzgados puedan entrar en situación de disponer libremente de su futuro.

No quisiera finalizar mi intervención, sin agradecer la amabilidad que han tenido los organizadores de invitarme a participar en un acto que espero no quede como una indignada y anecdótica repulsa contra esa «celebración neocolonialista del descubrimiento», sino que contribuya a alentar la concienciación y la movilización del pueblo de Canarias contra el imperialismo.

NOTAS

1. Decreto 2.940/1975, de 25 de noviembre, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 26 de noviembre de 1975.

PÚLPITOS Y ESPADAS [Liberación, 10-16/IX/1999]

El pueblo y su cultura no fueron descubiertos por la historiografía europea hasta las postrimerías del siglo XVIII. Un predicador alemán, el escritor y filósofo Johann G. von Herder, acuñó por entonces la noción de "cultura popular". Se anunciaba ya la reacción romántica contra el espíritu racionalista de la ilustración. Pero además de la revuelta intelectual, se abría también una causa política: la búsqueda de una legitimación ideológica para los movimientos de liberación nacional que hervían en Europa.

Ninguna cultura popular se desenvuelve al margen de las tensiones sociales; todas viven los antagonismos y las influencias recíprocas que se generan en una comunidad. Ninguna fondea su personalidad en tradiciones cerradas sobre valores inmutables; todas gravitan en cierto universo de relaciones de poder y dominación social. Luchas, resistencias, inhibiciones y cambios jalonan su trayectoria. Precisamente ahí cultiva su verdadera naturaleza: en la textura de los vínculos que define a través del conflicto, en las cualidades históricas que opone a la cultura dominante.

Otra cosa son los postulados integristas de cualquier signo. Desde la exaltación del endemismo al difusionismo más recóndito, la manipulación simbólica ignora los escrúpulos. Más allá de las diferencias ancladas o de las modas uniformes, respiran a duras penas la creatividad y la memoria de las clases sometidas. Pero nada hay de absoluto en la existencia de las sociedades.

La cultura del pueblo surge de los modos de vida local y se transforma con sus cambios. El maquinismo, la exigencia de cualificación, el desarrollo del comercio, la institución de un nuevo orden social tenía por fuerza que modificar sus formas y sus contenidos. Pero lejos de ir perdiendo virtualidad de manera paulatina, sus prácticas culturales fueron desalojadas de la vida popular a través de un proceso notoriamente compulsivo.

La hegemonía del capital en la sociedad requería expropiar dos categorías de bienes a la población trabajadora: sus prácticas y recursos materiales, de una parte, y sus tradiciones culturales, por supuesto. Así, se creaba una fuerza de trabajo despojada y apta para ser reeducada, siempre en función de las necesidades del régimen naciente. Artesanos y campesinos fueron sus víctimas en Europa; poblaciones enteras en los países que sufrieron la expansión colonial.

La resistencia a esta brusca transición hacia la modernidad afincó la cultura popular en cierto conservadurismo. Una opción tenida con frecuencia por anacrónica, en la medida que no resignaba su identidad al monopolio de las pujantes factorías culturales (convenientemente asistidas por algunas instituciones públicas). Un tradicionalismo que agoniza en la vigilia circular de sus fetiches, digerido por la competencia y el mercado.

Hoy, las formas comerciales de la cultura popular lindan sin embozo con la propaganda. Y acaso su eficacia, su masivo consumo, se debe también a un lenguaje elemental que recrea comportamientos y experiencias muy cercanas al pueblo. Manipulación e identificación componen su rostro más vigente.

Cualquier sociedad se funda sobre unos valores, sobre una interpretación de la realidad. Se precisa disponer de recursos morales e intelectuales para revisar la vida y erigir mejores alternativas. Un propósito extraordinariamente complejo en nuestros días, cuando el capital ha refinado hasta límites insospechados aquella vieja sentencia del rey Carlos I de Inglaterra: "En tiempo de paz al pueblo se le gobierna más con el púlpito que con la espada".

La revolución tecnológica está modificando por completo la estructura de las sociedades. El campesinado y la cultura productiva, por ejemplo, desaparecen ante el empuje de la especulación y los servicios. El afán de lucro o el individualismo han adquirido ya la condición de valores "naturales y universales". Y mientras, la memoria oficial parcela el pasado que conoce su origen y, en unos casos, lo aísla y, en otros, lo vende en envases centenarios.

Comunidades tan frágiles como la canaria apenas resisten el nuevo proceso de aculturación. Diversas instancias confinan en la prehistoria o en el olvido cuanto de distintivo subsiste en el pueblo. Sólo el silencio recompensa hoy la lucha popular por la democracia durante la Segunda República. O bien, un primitivismo fronterizo con la insuficiencia mental constituye la imagen común del mundo prehispánico. Ahí comienza y termina la cultura oficial: en intentar probar la incapacidad de la sociedad isleña para producir controles sobre las condiciones de su existencia.

¿Cuál es ahora la naturaleza de la lucha política y cultural? ¿Qué herramientas y estrategias renovadoras cabe oponer a la cultura dominante? ¿Cómo romper la inercia moral y material que se pertrecha en el subsidio, que crece en el consumismo, que vence en las clientelas?

El signo del pueblo habita en su facultad para crear y desarrollar fuerzas culturales democráticas. Su instrumento consiste en lo que Gramsci llamó "el espíritu de escisión, o sea, la progresiva conquista de la conciencia de la propia personalidad histórica". Un ejercicio que se opone a toda requisitoria de degradación humana, a toda opresión, explotación o injusticia. Y que se arma, popular e internacionalista, en la vindicación de la diversidad y no de la razón de Estado.

INTRUSOS Y FALSARIOS [Inédito, 1992]

La historia parece necesitar de ocasiones idóneas para celebrarse, a la manera de la épica de los antiguos, y hasta puede llegar a ser atractiva. Por lo menos ciertos episodios, como esas fugaces fantasías escénicas de los entreactos. Todo es cuestión de sazonar adecuadamente el relato, de revestir los tiempos de la narración con el artificio de lo interesante o lo sencillo. He aquí el propósito que anima a los Sres. Carmelo Martín y Cirilo Leal en el folleto titulado Del tagoror a la autonomía, recientemente [1992] dado a la publicidad por el Gobierno de Canarias.

No pretendemos con estas líneas revisar exhaustivamente el contenido historiográfico de dicha pieza. Hoy, que la historia se envasa en centenarios (reales o ficticios) y cuenta con plumas armadas al corso, se impone -como poco- alguna reflexión acerca del oficio de historiar.

De seguro, no sorprende a nadie que se tenga a la historia por una narración hilvanada de secuencias del pasado, ensartadas en el tiempo como las cuentas de una plegaria. Y es que crecemos así, alimentados en el modo atávico de recitar la gloria y los alardes de Cayo Julio César en las Galias o los de alguna secta militar, económica, religiosa... El dato, preferiblemente informatizado, se establece como la única conmoción justa y necesaria en un discurso rendido al último ademán metodológico o a la idea de moda hecha ¡teoría! Después de todo, si miles de moscas lo afirman...

También los Sres. Martín y Leal gustan de traficar con algunos conceptos como ‘crónica’ o ‘relato’, que hacen referencia a los soportes de la historia, y otros como ‘asignatura’ o ‘lección’, que tienen que ver con el alcance, con el uso social que se hace de la historia. La apología y la opinión son, no cabe duda, lícitas, pero no así la mentira y la falsa conciencia. Aunque cualquiera de los dos sentidos envuelve siempre a la ideología: la visión del mundo que todos nos hacemos.

Pero es moneda de uso común, que sólo los estudios avecindados en la ideología dominante suelen pasar por científicos, es decir, ¡desprovistos de cualquier contaminación ideológica! El resto, los que intentan salvaguardar los aspectos críticos, quedan desterrados en los confines más aviesos de la propaganda. Porque, como todo el mundo sabe, ambas regiones -la ciencia y la ideología- no comparten más frontera que la razón... política.

Sin embargo, el oficio de historiar consiste en conocer el presente. Con tal intención se interroga al pasado, tratando de rastrear en el origen y la evolución de los fenómenos, de los itinerarios que han ido configurando el diseño actual de la realidad. Algo así como recabar el testimonio de toda clase de pruebas y de testigos disponibles en un proceso; un proceso a una realidad que se cuestiona total o parcialmente. Éste, poco más o menos, era el sentido que los griegos asignaban al término (h)istoría, y que también nosotros postulamos: el de un pasado que sirve para iluminar el presente.

Pero, a menudo, el pasado es sacrificado y troceado, aderezado y servido en porciones descriptivas cuya digestión requiere buenas dosis de memoria y paciencia. Fetiches, mitos, leyendas... El surtido no tiene desperdicio. Por ejemplo: la escasez de recursos y de fuentes de energía en el Archipiélago, sobre la que insisten los Sres. Martín y Leal como lastre irremediable para el desarrollo industrial de Canarias. ¿De qué recursos hablan? ¿Petróleo, minerales, metales preciosos? Es cierto que no existen, que la orografía es abrupta, que las condiciones naturales, en definitiva, no son precisamente óptimas. Pero no es menos cierto que con una planificación autocentrada la energía del Sol, del viento, de las mareas o de la Tierra, podrían barrer incluso hasta las fábulas y acaso también los monopolios que frenan el desarrollo económico en estos peñascos, condenados a servir a intereses extranjeros.

Esa historia que desfiguran y esconden los dueños del poder, como afirmaba Eduardo Galeano, debe ser contada con toda su expuesta verdad, con la fuerza de lo real, con las luces y las sombras que forman parte de la vida de los pueblos. Existe, todavía, un territorio por el cual el ser humano puede transitar con la dignidad prendida en la tierra, pero sólo cuando se erige en protagonista de su historia.

Aún, la historia de Canarias continúa fondeada no sólo en las espesas imágenes del pasado que circulan corrientemente, sino en un presente torpemente falseado. Que cualquiera ejerza este oficio no es en sí mismo recusable, aunque en otras profesiones el intrusismo se castiga severamente. Los atentados contra el conocimiento sólo se recusan cuando afectan a la propiedad privada (derecho) y, el algún caso, a la salud de las personas (medicina). De resto, las agresiones contra la conciencia, contra la identidad de los seres humanos y de los pueblos, la violencia ideológica en suma, sólo se persigue a instancia de parte, normalmente la del verdugo.

A VUELTAS CON EL CONSENSO [La Gaceta de Canarias, 4-6/IV/1996]

Pocas cualidades ha cultivado el capitalismo con tanta aplicación como su tendencia a la máxima abstracción. Su arquitectura ideológica ha consagrado una aparente desnaturalización de la realidad. Y lo ha hecho por un camino ciertamente original: la concentración de múltiples determinaciones abstractas en los objetos de conocimiento. Esto ocurre, cómo no, con las funciones del capital, pero también con el pato Donald, el parlamentarismo o el mercado.

Por descontado, el rito de iniciación en sus arcanos es complejo. Rara vez el ciudadano corriente se sobrepone al primer contacto, y abandona perplejo cualquier tentativa de abordar siquiera su lectura. A la menor oportunidad corremos hacia las certidumbres más estrechas e inmediatas de la vida cotidiana, confundidos por una docencia segmentaria y finalista, donde el razonamiento crítico se bate en retirada perseguido por los diseños curriculares. Por si fuera poco, la saturación informativa puede enervar al observador más desatento. Si encima hay que calibrar las diversas facetas que pueblan los objetos, las poses, los discursos...

No sin cierta renuencia, los apologistas del orden nuevo han aceptado la indiferencia ciudadana como un síntoma de "normalidad democrática". Sin embargo, alertados por sus nocivos efectos económicos y sociales, insisten en la necesidad de un rearme moral de la sociedad civil. Una empresa aún más difícil cuando se ha puesto en cuestión el estado del bienestar.

En la hora actual, esa organización ideológica de la confusión presenta la versión más depurada de la alienación. Durante la fase del capitalismo concurrencial, e incluso en las primeras décadas del imperialismo, la burguesía aún no disponía del monopolio de la producción ideológica y científica. Su misma existencia como clase dominante, consolidada en la esfera económica, se debatía en el ámbito político contra fraccionalismos internos, por una parte, y contra la resistencia de la aristocracia y del naciente proletariado, por otra. La clase obrera contaba con centros propios de expansión cultural. Cierto que la parcelación del proceso productivo impedía a los trabajadores reconocer sus funciones en la trama, pero la violencia que desata la implantación capitalista advierte a los obreros de la verdadera naturaleza del nuevo régimen.

Sin embargo, con la guerra fría se desencadena un extraordinario desarrollo tecnológico. La ignorancia y el desempleo estructural se agigantan. La política de planificación keynesiana, qué duda cabe, amortigua la virulencia de la lucha de clases. Pero la expansión monopolista del capital debilita el papel asistencial del Estado y la función neutralizadora de las instituciones representativas. La democracia de mercado se desvaloriza durante la década de los años setenta. Los signos más alarmantes de esta pérdida de legitimidad estallan en el Mayo Francés y en la oposición popular a la guerra del Vietnam.

Para llevar a cabo esa estrategia desreguladora, anunciada por la administración Nixon en agosto de 1971, era preciso una reformulación del pacto social keynesiano. La definición de las nuevas bases del consenso contiene la mayor y mejor manipulación social de la historia. A cambio de contraer el gasto público progresista, el Estado estimularía los intereses industriales y el papel redistribuidor de rentas del mercado. ¿Para qué sirve la democracia si se liberaliza el consumo?, sanciona el tío Sam. Sólo que la desregulación se ha mostrado como el mejor instrumento para el desarrollo del capital financiero, dejando fuera de la producción, del mercado y de la protección estatal a sectores cada vez más amplios de la población.

Las peculiaridades del caso español son evidentes. Destacan dos factores principales. Por un lado, el atraso en su desenvolvimiento capitalista, en gran medida dependiente del capital extranjero y yugulado por una consistente resistencia oligárquica. Y de otra parte, el histórico enfrentamiento social, tanto en el ámbito clasista como en el territorial, que ha convertido las soluciones de fuerza en una norma para la regulación de la convivencia.

La transición política ha dado cuerpo a un fenómeno fuera de lo común en la historia española. No obstante, la contribución del interregno militar a la construcción del Estado queda fuera de discusión. El verdadero consenso social lo fragua la Dictadura, tanto entre las diversas fracciones (económicas y nacionales) de la clase dominante, como del régimen con la ciudadanía (a partir del Plan de Estabilización de 1959). El momento de mayor peligro para esta operación lo representaba la necesaria reestructuración del régimen, que debía resolver todavía la organización territorial del Estado. La Ley de Reforma Política no se aprueba hasta diciembre de 1976. Bien es verdad que no para evitar un desbordamiento popular del sistema, sino para ajustar éste a las nuevas fronteras de la actividad mundial del capitalismo. El descrédito de las instituciones militares abría un margen bastante amplio a la inestabilidad social.

Pese a todo, renovar el consenso, con un aparato político deslegitimado y un sistema productivo obsoleto y terciarizado, requería una vigorosa acción ideológica y política. En este proceso de integración social, el papel desempeñado por las organizaciones obreras, tanto partidarias como sindicales, fue definitivo. La vinculación de la burguesía con el franquismo no podía garantizar un escenario pacífico para la política de "reconciliación nacional". La inflación, el desempleo, las reconversiones del tejido industrial y otros déficit económicos, presentados como la "modernización" inexcusable de la sociedad española, constituían el precio de las libertades civiles. Esta era la base del nuevo consenso.

En Canarias, la evidente fragilidad de la sociedad insular alerta todas las conciencias. El reconocimiento por la OUA del derecho de autodeterminación del Archipiélago (1968), la crisis del petróleo (1973), la venta del Sáhara (1975), la Marcha Verde (1976), etc. cuartean la topografía económica y política del régimen. Un inédito ejercicio de afirmación nacional recorre importantes sectores de la población. Por primera vez, las clases trabajadoras canarias se deciden a disputar el poder a la gran burguesía. El naufragio de esa experiencia franqueó la llegada de un consenso otorgado.

Los elevados índices de abstención registrados en las consultas electorales denunciaban, por lo menos, que la población recelaba de una edificación política tradicionalmente coactiva. Con todo, la inconsistencia de la economía insular no facilitaba ni la alienación masiva ni opciones transformadoras. En realidad, el consenso sólo tenía que atender ya a dos factores relevantes: la organización económica y la integración política del Archipiélago.

El engarce de Canarias en la Unión Europea debía preservar la función intermediadora de la burguesía insular, obligada a sacrificar sus intereses agrícolas y a focalizar su actividad hacia el sector servicios. Una vez más la dependencia exterior, representada ahora por un escenario jurídico y económico relativamente estable, determinaría la evolución del Archipiélago. La burguesía obtenía así la mejor protección posible para sus palancas de acumulación. Sólo tenía que avanzar en la cohesión política de sus secciones insulares en un proyecto regional, y ganar el apoyo de unas clases trabajadoras sin más horizonte social que el renovado clientelismo.

Los resultados de las últimas elecciones generales demuestran dos hechos significativos. De un lado, que la mayoría de la población canaria arrumba su indiferencia respecto del sistema representativo. Y además, que el moderno subnacionalismo consolida su mercancía electoral.

A pesar de ajustes pendientes tan complicados como la vertebración autonómica del Estado o la convergencia europea, todo anuncia que esta transición ha terminado.

CAMISAS VIEJAS [La Gaceta de Canarias, 22/IV/1993]

En las democracias de mercado, el producto electoral que se ofrece a la prueba de los votos funciona como un medio, como una mercancía a través de la cual se realiza un beneficio. La cuestión consiste en determinar la naturaleza de ese beneficio, su verdadero origen social.

Por lo común, se responde con una imagen del ejercicio institucional de la política que asocia dos versiones complementarias. Una más doméstica, por la que se concibe como un sistema de clientelas sociales que opera movido por intereses caciquiles y formas populistas. Y otra más general, como el monopolio de la representación por parte de quienes detentan el control de las principales funciones económicas de la sociedad.

En ambos casos se subraya su carácter clasista. Sin embargo, la imagen parece que se distorsiona cuando entran en juego los pactos y las coaliciones. En particular, si se trata de fuerzas que presentan un parentesco social más bien remoto. Es el caso reciente de la "Coalición Canaria".

Entonces, se invoca el viejo mito de la virtud de las ideas y se hace ademán de resignar las estrategias al curso de las condiciones objetivas. En realidad, el uso del nacionalismo como recurso de integración interclasista es tan antiguo como la propia burguesía. Y ahora que en Canarias apuesta casi en bloque por la reconversión de su modelo de acumulación, necesita más que nunca de la paz social. Lo que invariablemente requiere el concurso de algún catalizador que pueda ser incrustado en las clases populares, con el propósito de asegurar su colaboración en el proceso (consenso).

Ya durante la difícil crisis frutera de los años treinta, la burguesía agraria intentó urdir por sí misma ciertas alternativas económicas. También entonces el problema tenía que ver con el mantenimiento de la tasa de sus beneficios, aunque bajo condiciones aún más hostiles que ahora. De una parte, un mercado internacional atravesado por la primera gran crisis de sobreproducción capitalista (de 1929 a 1931). Además, la hegemonía económica y política de la burguesía comercial. Y de otro lado, el notable ascenso del movimiento obrero y popular, en la actualidad completamente desarticulado.

Hoy, los límites comerciales y financieros que impone el Mercado Común a su movimiento económico constituyen un obstáculo demasiado gravoso para sus tradicionales palancas de acumulación. De ahí la urgencia por controlar los resortes políticos del activismo económico. Porque su ya escaso margen de maniobra en este terreno, encima se ve perturbado por un aparato político-administrativo que no promociona ni protege sus intereses esenciales: en el comercio exterior y en los servicios.

En absoluto se cuestionan las bases reales de esos desequilibrios que caracterizan a la sociedad canaria. Lo que preocupa a la burguesía es sostener y, en su caso, ampliar las facultades de intermediación que representa en esta sección de ultramar del ordine nuovo internacional. Un proceso nada fácil en el presente contexto de crisis económica y de centralización europea, condiciones sensiblemente propicias para el desencadenamiento espontáneo de la conflictividad social.

Por eso esta transición también precisa la participación de quienes se han destacado por su militancia en la ambigüedad calculada y el oportunismo impenitente. Nadie más cualificado para neutralizar la construcción de alternativas populares al proyecto burgués. De paso, ahora se les brinda la oportunidad de restaurar sus maltrechas clientelas territoriales. ¡Y todavía hay quien piensa, por los arrabales del independentismo, que esta coalición traerá el comienzo de la resolución del problema nacional en Canarias!

EL NACIONALISMO: ¿UN PROBLEMA DE MERCADO? [El Correo de La Gomera, XI/1995]

Con toda seguridad, las últimas elecciones autonómicas han contribuido a esclarecer el panorama político en el Archipiélago. El mercado electoral conoce ahora unas denominaciones de origen más precisas. Cierto que diversas marcas tratan de disputarse un mismo espacio dentro del nacionalismo, pero estamos ante la única opción que todavía no ha concluido el proceso de caracterización de su identidad. Un proceso cuyo alcance objetivo se puede explicar a partir de la íntima conexión que une sus bases políticas a la realidad económica.

Por fin, un importante sector de la burguesía que opera en Canarias parece que se ha decidido a consolidar sus intereses insularistas en un proyecto regional. De momento no ha llegado más allá de la utilización de las instituciones autonómicas en beneficio de sus particulares conveniencias locales. Pero la conservación de esa posición de privilegio le obliga a depurar la cobertura política y las señas ideológicas que ha elegido como mercancía electoral.

La armadura institucional proporciona hoy a estos agentes sociales una palanca irremplazable para su consistencia económica. Desde que el capitalismo entró en la era de los monopolios, el Estado, el edificio autonómico en este caso, viene desempeñando la tarea de ordenar, sanear y estimular el movimiento económico de las diversas funciones del capital. Una estrategia que cristaliza a través de la financiación presupuestaria o por medio de las políticas fiscales, monetarias o comerciales, y que regulan, por ejemplo, desde el mercado financiero o las tarifas mercantiles y fiscales hasta las condiciones de elaboración y circulación de los bienes y servicios.

Otra cosa es que la frágil y desarticulada estructura económica del Archipiélago no permita un margen de cohesión más amplio para esta burguesía. La naturaleza básicamente especulativa de la economía canaria retrae su campo de operaciones hacia las actividades intermediadoras y de servicios. Sin sólidas bases productivas, cualquier enfoque regional de sus intereses seguirá arrastrando una debilidad evidente: la dependencia del exterior.

El trayecto de la atomización insular hasta la convergencia archipielágica presenta únicamente dos escenarios posibles: o bien avanza en esa especie de capitalismo de Estado (autonómico) desde el taifismo insular; o bien se decide a entrar con todas las consecuencias en un proceso de construcción nacional de Canarias, invirtiendo sus excedentes en la reconversión de la economía sobre nuevos cimientos productivos.

Por descontado, el papel que juegan en este proceso las opciones políticas populares no apunta ahora una dimensión relevante.

El desmantelamiento del franquismo presentó a las clases populares canarias una oportunidad histórica para disputar el poder a la burguesía. Un vacilante movimiento de masas de carácter independentista creció en torno a un discurso ideológico novedoso y diferenciador, sensiblemente fortificado sobre posiciones, gestos y hasta formas de lucha violentas.

La recomposición del sistema de dominación burgués en España demoró durante tres intensos años la ejecución de su primera fase (1975-1978). En el camino quedó nada menos que la venta de la "provincia española" del Sáhara Occidental. En Canarias, sólo la profunda desarticulación social y política que había patrocinado la Dictadura, sobre una espesa amalgama de otras antiguas condiciones objetivas, salvó esta coyuntura en favor de los intereses estatales.

La emigración, el analfabetismo, la dispersión de unas actividades económicas inconexas y sometidas a la permanente dependencia de los intereses extranjeros, habían consolidado durante siglos esa sociedad desvertebrada que apenas ha podido preservar algunos rasgos de su identidad nacional. No obstante, aquel independentismo de corte culturalista que arraigó durante los años setenta revitalizó unas condiciones sociales y políticas que hoy nutren, en medida nada despreciable, el nuevo nacionalismo que representa Coalición Canaria.

Esta peculiar versión interclasista del nacionalismo sufrirá todavía muchos ajustes, rupturas y reformulaciones orgánicas. Pero ni las tradicionales maneras populistas de la burguesía canaria ni la asténica existencia de los partidos populares pueden prescindir por ahora de esta alianza táctica, que les permite sobrevivir como opciones políticas desde el poder autonómico.

SUBNACIONALISMO Y ESTADO [La Gaceta de Canarias, 11/XI/2001]

Bien a través de enfrentamientos armados o bien utilizando su pujante posición económica contra la aristocracia, la burguesía europea promovió, entre los siglos XVI y XIX, las revoluciones sociales que forjaron los actuales Estados nacionales en el viejo continente. La nueva maquinaria estatal debía proteger las condiciones generales de la producción capitalista.

En primera instancia, fue suficiente con preservar la propiedad privada y la libre competencia. Una tarea para la que desplegó solamente las funciones políticas del Estado, pues el ejercicio ejecutivo se mantuvo al margen de las dinámicas del mercado. Pero, más adelante, la consolidación de las monedas y de los mercados nacionales requirió su intervención. La magnitud de la empresa exigía ampliar la base social del Estado, por lo que extendió tanto el sufragio como los impuestos. Sus intereses clasistas fueron presentados ahora como intereses de toda la sociedad. Y sobre estas bases construyó su nacionalismo.

Pero, a partir del último tercio del siglo XIX, la expansión monopolista del capital internacionaliza su gestión y las operaciones económicas que lo reproducen. La asociación que cruzan el régimen de monopolios industriales y el sistema bancario alumbra un poderoso capitalismo financiero. En esos días, la actividad estatal debía asumir funciones de programación y de saneamiento económico, amparando las diversas facetas de la actuación del capital. Por entonces, buena parte de la burguesía se había hecho universalista.

En el presente, la libre concurrencia desempeña un papel poco más que retórico en el movimiento de la economía. Dos instrumentos acaparan la escena: el sector público y el sector monopolista, los Estados y las multinacionales, que despliegan su complementariedad necesaria no sin contradicciones. Una muestra de esa difícil convivencia atraviesa la construcción europea.

No obstante, después de veinticinco años de práctica neoliberal en los centros capitalistas, sus medidas desreguladoras han provocado una transferencia de extraordinaria importancia para el futuro del capitalismo. El control de la reproducción del sistema ha pasado de la esfera salarial al ámbito monetario. Hemos entrado en lo que se ha dado en llamar la «economía de flujos». La virtualidad de los Estados se funda ahora en la gestión de una posición estratégica dentro de la economía globalizada.

Desde hace siglos, el capital extranjero ha pautado la estructura y el destino de la economía isleña. No en vano, la ocupación europea del Archipiélago coincide con la primera mundialización real de la economía. En todo momento, los intereses foráneos han decidido qué convenía plantar y cuáles eran las condiciones de realización del excedente. La expansión colonial ofreció siempre una ventaja diferencial a ese capitalismo ultramarino, esto es, la sobreexplotación de los recursos estratégicos (tierra, agua y fuerza de trabajo) en la periferia. Y cuando, por ejemplo, la balanza comercial se mostraba desfavorable, bastó con aumentar los fletes para sostener la tasa de ganancia.

Pero, aun con esa factura parasitaria, aquella dinámica agroexportadora contribuyó a crear cierta cultura productiva. En la actualidad, la terciarización de la economía ha desmantelado por completo ese concepto. Todo lo más, se tolera alguna reserva rural donde los turistas puedan fotografiar el tipismo isleño, apta también para que un nuevo empresariado agrícola coseche alguna subvención europea. Nada que obstruya el verdadero negocio que florece en este milenio recién estrenado: la depredación inmobiliario-financiera.

Durante la segunda mitad del siglo XX, la estructura económica de Canarias se volcó sobre el sector servicios. Hoy representa ya más de un 80% de su producto interior bruto (PIB), mientras que el sector agropecuario no llega al 5%. El drenaje de capitales hacia el exterior, manifestado en la escasa contribución del beneficio de las empresas residentes al PIB, acentúa el descenso del nivel de ahorro total. Esto obliga a seguir elevando el consumo público para compensar los desequilibrios internos, lo que favorece el intervencionismo de las administraciones públicas en la economía y, por extensión, la dependencia respecto del capital extranjero (bien en forma de subsidios o de inversiones). Desde esta perspectiva, el fraude y la prevaricación se convierten solamente en modalidades de la gestión intermediadora (con amplia tradición histórica en Canarias, por cierto).

He aquí el escenario de la acumulación capitalista para buena parte de la burguesía isleña, la misma que ha convertido la defensa de su archipiélago institucional en una causa política y la devastación de las Islas en una «obediencia». Por eso, el crecimiento económico experimentado en los últimos años, muy por encima de la media española, no se ha traducido en una mayor capitalización para las empresas canarias o en la creación de un tejido productivo relevante. Como tampoco han frenado las tasas de paro unas ficticias políticas de formación y empleo, cuyos fondos mil millonarios habitan un «reino que no es de este mundo».

En una sociedad como ésta, donde muchas voluntades políticas nacen a precio tasado, crecen adquiriendo inmuebles en subastas públicas y maduran por un porcentaje, la corrupción se disfraza de sagacidad mercantil, la expansión predatoria de optimización de los recursos y el subnacionalismo de «cosa nuestra». Y todo ello con la complicidad del Estado español y de la Unión Europea, que creen comprar así paz social en una posición estratégica.

RACIALIDADES DEL SUBNACIONALISMO [CanariasDigital, 24/VI/2005]

De ninguna manera cabe pensar que se trata de una casualidad o de una inclinación partidista. Es un asunto más serio y más hondo. Las excrecencias oratorias que exhiben tan a menudo ciertos especímenes de la fauna política insular forman parte de su personalidad histórica.

Aun a riesgo de deslizar cierta contradicción en los términos, se podría decir que el español ha crecido como idioma a través de la exacción. Más ejercitado en las causas de la fe que en la duda metódica y la coherencia crítica, ha servido para cultivar tanta renuencia al entendimiento como apología de la coacción. Desde la época de los Reyes Católicos, y durante siglos, el Santo Oficio de la Inquisición y el Ministerio de Hacienda fueron las dos únicas instituciones con jurisdicción sobre todo el territorio del Estado. Felipe V, el rey que inauguró la dinastía borbónica, resumió esta idiosincrasia hispánica con aquella sentencia lapidaria que ordenó esculpir en el frontis de la Universidad de Cervera: «Lejos de nosotros la funesta manía de pensar». Y así ha sido, con transitorias y honrosas excepciones, durante las sucesivas dictaduras que han jalonado la construcción estatal en España. Identidades y relaciones sociales se han pautado mayoritariamente desde los principios de autoridad y exclusión. Los lapsos, o mejor, las ficciones democráticas, apenas han llegado a poner en cuestión esa realidad. Por eso, acostumbrado a actuar sin contestación, o a sofocar ésta con el pandullo y la exaltación patriótica, el poder carece de reflejos para argumentar y persuadir (pese al apabullante despliegue de sus falanges mediáticas). Aunque el problema no presenta sólo una dimensión discursiva.

La burguesía que llevó a las universidades europeas la racionalidad ilustrada intentó potenciar sus estrategias económicas, procuró desarrollar las capacidades productivas de sus naciones. No lo hizo sin violencia, desde luego, porque el antagonismo social forma parte de las sociedades de clase. Pero el principio de eficacia que impulsaba sus actos requería operar con ámbitos y medios de refutación. Cierto que siempre se ha reservado un margen de impunidad, y hasta de pulsión totalitaria, pero también ha dejado algún lugar para la seguridad jurídica y la circulación de la riqueza y las ideas.

En España, por el contrario, la clase dominante sólo se vio obligada a tomar en consideración ese escenario a partir de su adhesión a la Comunidad Económica Europea. Sin embargo, el acelerado desarrollo de la economía de servicios y flujos globalizados que hoy nos domina le ha simplificado las cosas. Desmantelada una industria escasa y obsoleta mediante las reconversiones que gestionó el PSOE, España llegó a la posmodernidad sin haber explorado revolución burguesa alguna. Porque la nueva era de pensamiento único, que ha puesto en valor sus recursos más rancios, preserva no obstante un espacio privilegiado de acumulación para las oligarquías y sus horizontes autárquicos: la administración política del capital (algo para lo que se necesita menos instrucción que doblez).

No debe extrañar, pues, que –sin el menor embozo (ni desafío neuronal)– esa burguesía isleña que se reconoce ultraperiférica y mercantilista, que ha fundido política y negocios en un poderoso movimiento especulativo y predatorio, conciba la propensión democrática de la ciudadanía como una manifestación inequívoca de terrorismo. ¿Qué hemos de esperar cuando disponga de policía propia? Quizá, en su infinita misericordia, las nuevas mesnadas del cemento, embutidas esta vez en la tricolor de las siete estrellas verdes, nos regalen otros cinco siglos de paz…

A PESAR DE LA HISTORIA [CanariasDigital, 2005]

Casi a diario es posible constatar el acoso implacable que sufre la comunicación lingüística a manos del totalitarismo y el instinto. No ya la plasticidad semántica del lenguaje, sino hasta la más discreta y cotidiana expresión del juicio o el puro y simple ejercicio de la voluntad humana, se hallan hoy amenazadas, intimadas, asaltadas por la urgencia de una vacuidad cuidadosamente poblada de silencios ensordecedores, sangre y mercancías. Incluso, la propaganda ha venido a ocupar el lugar de la ideología como principal instrumento de mediación entre la consciencia y la realidad. Ni siquiera se considera ya necesario apelar a la unicidad del sentido, a la doctrina, para imponer una determinada comprensión del mundo. Tradición y ciencia, que –pese a todo– habían desplegado hasta ahora su oposición complementaria vivificadas por ese acto indispensable que Gadamer llamó “lingüisticidad”, ceden ante el desmantelamiento del lenguaje como factor y ámbito de humanización. Y esto sucede en la “era de la información”, en la “sociedad del conocimiento”, atravesada por ubicuos y veloces enlaces globalizadores o, por mejor decir, uniformizadores.

El libro del profesor Mesa (catedrático de filosofía en la Universidad de La Laguna), Emancipación frustrada. Sobre el concepto de historia en Marx (Madrid: Biblioteca Nueva, 2004), nos brinda un lenguaje en función intelectiva. Su lectura de Marx desde Marx no es tautológica ni apologética ni retórica, porque penetra en el Marx del análisis en lucha. Deliberadamente al margen de los enfoques doctrinales (ideológicos, políticos y académicos), sin embargo también va más allá de la filología, de la mera exploración e instrumentación de la conceptualidad marxiana. Desde un conocimiento exacto de la voz de Marx en sus textos y a través de las fuentes que moviliza el revolucionario alemán para elaborar su pensamiento, el autor ofrece aquí una confrontación de la teoría marxiana con el presente de la historia. A lo largo de toda la obra, Ciro Mesa rastrea los cursos analíticos, y hasta premonitorios, que sigue el pensar de Marx en torno a la destrucción de la naturaleza y la alienación del ser en la sociedad capitalista, en torno a la desvertebración material y cognitiva de un sujeto degradado en su humanidad (natural y social) por la ley de valorización del capital, y frustrado en su estrategia de emancipación por el peso del saber cristalizado, mecanizado, como destino natural de la acumulación coactiva.

Quizá ese trayecto hermenéutico, pulcramente estructurado en trece estaciones temáticas independientes pero enlazadas en su discurrir exegético, se escora a menudo sobre una epistemología del sentido que descuida no tanto la aprehensión histórica de Marx como la realidad histórica misma que anima su vivencia originaria. Más allá de la explicación psicológica de una concreta exteriorización conceptual, el profesor Mesa propone elucidar los cauces de la comprensión marxiana como un proceso donde el momento práctico o político deviene casi siempre un simple mecanismo ajustador del despliegue teórico e ideológico. Pero, ¿refleja esto un postulado intrínseco a la posición de Marx o constituye sólo una lectura de alguna manera torcida?

Cierto que, tras los frustrados ejercicios revolucionarios que acontecen en Europa a mediados del siglo XIX, Marx, no sin antes comprobar los límites del horizonte revolucionario de la burguesía, toma partido por las víctimas de la historia desde una deliberada inclinación teoricista. El conocimiento de las leyes que rigen el desarrollo capitalista debía situar y alentar una penetrante radicalidad crítica y alternativa. Pero su programa emancipatorio construye una dialéctica espiral del antagonismo y el cambio social a través de una negación también política, como condición necesaria durante la realización histórica de la consciencia transformadora. Otra cosa es que, comparada con la ductilidad táctica de Lenin, la capacidad pragmática de Marx pueda tenerse por insuficiente o ineficaz. Sin embargo, su concepto de «dictadura revolucionaria del proletariado» no sólo configura una respuesta teórica de ese pensamiento que examina la explotación y la alienación clasistas, sino que procesa una densa experiencia –general y personal– de confrontación antagónica entre las fuerzas del capital y del trabajo. De junio de 1848, cuando combate a la burguesía alemana desde la jefatura de redacción de la Neue Rheinische Zeitung, hasta su actividad en la Internacional a favor de la Commune de París (1871), Marx traza y defiende en todo momento una estrategia dirigida hacia la conquista proletaria del poder político, como recurso insoslayable para su plena emancipación.

Con todo, Ciro Mesa intenta rescatar a Marx del confinamiento cientificista al que ha sido conducido por una parte del movimiento comunista internacional, con la temprana incitación de Engels y Lenin (dicho se de paso): «la primera articulación del concepto marxiano de historia se realiza en el discurso de la subversión, de la revolución. Ese concepto no irrumpe como una conquista científica, sino como un avance en la praxis revolucionaria» [p. 29]. Porque Marx no entiende la dialéctica sólo como la consecuencia de una descripción de lo real, sino como condición substantiva de la realidad y, por tanto, de la historia, cuyo estudio proyecta desde una posición metodológica inequívoca: la movilización de una crítica analítica, es decir, aquella que forma parte de una estrategia transformadora y no la que se concibe o se despliega como una cualidad discursiva de la teoría.

Pero también nos ofrece un capítulo final, titulado «Composición orgánica del individuo», donde rescata el sentido de toda la radicalidad vital y racional de Marx para comprender no sólo los límites y disfunciones de su concepción de la historia, sino la necesidad de seguir tejiendo ese pensamiento crítico a través del desenvolvimiento de una emancipación humanizadora.

HORIZONTES PROPIOS [Magec.com, 2/III/2008]

Quizá como obligada secuela de la extraversión que ha determinado la historia colonial del Archipiélago, ciertos sectores del independentismo isleño todavía fían el destino de la lucha de liberación nacional a lo que dispongan el derecho y las instituciones internacionales. Pareciera que esos instrumentos no dan pruebas suficientes todos los días de su identidad con los intereses de las diversas facciones del imperialismo (estatales, transnacionales y financieras). Aunque no resulta menos exótico acatar, sin mayor controversia, que esas instancias resignen sus facultades en favor de la reaccionaria constitucionalidad española. Pero, en realidad, esta formulación estratégica parte de una premisa aún más inquietante: situar el proceso emancipador en los parámetros jurídicos vigentes representa hurtar al pueblo trabajador la posibilidad de crecer construyendo su propia legalidad, la genuina expresión orgánica de su pluralidad, necesidades y aspiraciones. Una cosa es que las clases populares no cuenten todavía con capacidad para disputarle al capital su multifacético monopolio de la violencia (militar, ideológica, etc.), pero otra bien distinta sería renunciar a la creación de una realidad nítidamente transformadora (en las consciencias y en la práctica).

Sin duda, ese reformismo legislativo cuenta con una densa trayectoria en todo el mundo, amparada en la ficción de neutralidad que se atribuye a los aparatos y manifestaciones del Estado, como si no fueran instituciones de dominación clasista. Pensar en una acumulación de fuerzas alternativas por vía parlamentaria y que esto pueda algún día conducir a una descolonización pactada, en fin, apenas alcanza la categoría de humorada más o menos ingenua. Más allá de puntuales movimientos tácticos, como aprovechar una coyuntura electoral para difundir ciertos discursos o estimular ámbitos de politización organizada, depositar alguna esperanza de cambio en las formas del régimen vigente sólo supone seguir alentando líneas políticas oportunistas y periclitadas.

            Negar virtualidad por principio a un recurso táctico cualquiera carece de lógica. Hay sectores de la sociedad donde el control caciquil es tan asfixiante que, por ejemplo, la acción sindical más ínfima constituye un gran paso adelante. No se olvide que vivimos en un sistema donde la especulación y la depredación, tanto económica como ambiental, han debilitado hasta casi extinguir la cultura y los medios productivos, lo cual no favorece precisamente la generación de dinámicas populares autónomas. De ahí que la utilización de la legalidad imperante sólo cobre sentido en la medida que ofrezca un recurso más de acumulación, sin perder nunca de vista su condición provisional, ya que en cuanto esto signifique una amenaza para el régimen procederá a su limitación o abolición (como se ha puesto en evidencia con la ley española de partidos).

            Confundir la necesaria flexibilidad táctica con un cauce estratégico puede darnos sin ninguna duda esa independencia formal que parece bastar a algunos (a pesar incluso de la reciente y expresiva lección que suministra el modelo kosovar). Pero una liberación nacional que no se defina en términos sociales por su dimensión popular, con los márgenes de conciliación y tolerancia interna y externa ineludibles en el mundo de hoy, sólo traerá la continuidad del régimen de explotación que ahora empobrece a la población trabajadora y destruye el Archipiélago.

            A estas alturas, admitir que el trabajo político legal equivale a operar en campo enemigo, y por ello debe tomarse con tanta relatividad como cautela, prefigura un criterio básico de salubridad (respecto de los poderes coloniales, pero también del subnacionalismo y otras modalidades del oportunismo). Profundizar con una radicalidad creciente en los procesos de vertebración democrática que poco a poco van surgiendo a través de las luchas populares, de manera que seamos capaces de forjar a partir de ahí una realidad escindida, arma hoy la única dirección política consistente para garantizar, cuando menos, los derechos de las clases trabajadoras en la construcción nacional.

LOS HECHOS DEL DERECHO [Magec.com, 6/III/2008]

Que la lógica interna del derecho burgués genere condiciones democráticas potenciales, no puede ocultar que esas formulaciones jurídicas representan básicamente la expresión de su dominación social. Un clasismo substantivo que por lo general apenas se percibe, en tanto la producción legal se instituye como abstracción de las relaciones reales, fundadas, no se olvide, sobre una desigualdad intrínseca a la organización capitalista de la sociedad. Por tanto, se trata de una concepción ideológica, que, a su vez, ha de superar sus eventuales contradicciones e imponerse en la dialéctica social a través del ejercicio del poder, porque no sólo de ficción jurídica vive la democracia burguesa.

Explotar la dimensión «creativa» de las leyes para cuestionar las condiciones de explotación y desarrollar las libertades políticas, una dirección táctica indispensable en la progresiva constitución de las fuerzas populares como movimiento estratégicamente orientado, no activa en realidad su función transformadora sin la impugnación práctica del derecho a través de las luchas sociales. Porque es en la confrontación donde el pueblo trabajador puede definir su personalidad histórica, al tomar consciencia de su situación y de los obstáculos que se oponen a sus verdaderos intereses, pero también al tejer los vínculos materiales, programáticos y éticos sobre los que ha de crear una sociedad nueva.

Pese a que cierto independentismo isleño invoque todavía la ilusión legalitaria y la participación en el oligopólico mercadeo electoral como una expectativa eficiente de liberación, la democracia consensual, esa que ha convertido la representación y las instituciones políticas en instancias de legitimación simbólica e ideológica de la dominación burguesa, nadie diría que guarda hoy algún reparo a la hora de degradar y sectarizar su Estado de derecho en razón de una totalitaria «garantía de seguridad», con la que neutraliza y excluye por inconstitucional cualquier oposición de clase que no pueda absorber.

La creciente implicación del Estado en las políticas de estabilidad y desenvolvimiento capitalista, junto a la autonomización de esa maquinaria respecto de unas bases sociales concretas, sirven desde hace ya tiempo como soporte del mito reformista de la neutralidad estatal, que concibe así un instrumento susceptible de ser abordado y controlado para intervenir en la planificación y gestión gubernamentales de las dinámicas del capital. Una «superstición democrática» que soslaya el peso esencial del Estado en la ordenación interna de la valorización capitalista, donde queda subordinado sin ambages a la exigencia de reproducción ampliada y desigual del capital global.

Una estrategia de emancipación diseñada y conducida dentro del tejido jurídico burgués viene obligada a preservar las relaciones capitalistas, que en Canarias figuran determinadas no por su disposición productiva, sino por una absoluta predominancia de la depredación especulativa. Esto vuelve perentoria la definición de la actividad política transformadora como un proceso de acumulación radical, contrario al posibilismo pactista, sin que ello suponga renunciar a cualquier expediente táctico que mejore las condiciones de existencia y de lucha de las clases trabajadoras (con las que debe involucrarse indefectiblemente). Tal enfoque estratégico suministra un marco objetivo de alianzas combativas entre, por lo menos, las corrientes anarquista y comunista del movimiento popular de liberación. Ambas comparten un compromiso explícito con el desbordamiento democrático del régimen a través de la paulatina constitución de un poder independiente, fruto de la participación directa del pueblo trabajador en la creación y dirección de las alternativas emergentes (lo cual sólo como caricatura se puede entender exclusivamente al margen, desde ahora y por completo, de la legalidad vigente, aunque ahí resida el objetivo final).

Fenómenos de socialización crítica como el que ha supuesto por ejemplo Asamblea por Tenerife, con el caudal de contradicciones y experiencias acumulado ya, dibujan, a despecho de las contaminaciones oportunistas pasadas y venideras, un modelo consistente para esa construcción nacional emancipadora que necesita el pueblo trabajador canario en la hora actual. Que el producto social, cultural y político que ha de gestar ese movimiento resulte suficiente o insostenible lo dictará el curso de las luchas (también internas), aunque nada se ganará sin la transformación profunda de la imperante realidad económica del Archipiélago.

TIEMPO DE RAZONES [El Día, 12/XI/2001]

En términos generales, el proyecto político que la burguesía opuso al feudalismo ganó importantes espacios de libertad y progreso para el ser humano. Cierto que nació sobre la expropiación de los campesinos europeos y el expolio implacable de las colonias. Como también lo es que, desde el punto de vista económico, se reproduce a través de la explotación creciente de los recursos humanos y materiales del planeta. Pero es preciso reconocer su contribución en el ámbito de la convivencia democrática. Hoy, la igualdad jurídica y la libertad política, aunque su realización histórica presente a menudo un aspecto más formal que eficiente, se han integrado al acervo colectivo de los derechos fundamentales.

Pero estas cualidades forman parte de un proceso histórico. En absoluto son irreversibles ni acumulativas. Por eso, el ideario socialista surgió para profundizar en esa transformación de la sociedad, extendiendo los principios democráticos hasta los confines de la organización social y económica de la comunidad. Las vías aplicadas hasta ahora para la consecución de ese objetivo se resumen en una vieja disyuntiva: reforma o revolución.

La alternativa socialdemócrata propone conciliar el modo de producción capitalista con la democracia política, de manera que amplias capas de la población puedan rentabilizar las condiciones de bienestar material que promueve este compromiso. No obstante, la continuidad de la producción, el consumo y el empleo dependen de la inversión de capitales, circunstancia que, a su vez, está sujeta al beneficio de las empresas. Toda una paradoja si se tiene en cuenta que esa ganancia representa la apropiación del trabajo excedente, es decir, del plusvalor incorporado por los obreros al valor total de la mercancía. Pero el temor, nada infundado, a la desinversión o a una involución conservadora han borrado de los programas laboristas el avance hacia una estrategia de transición.

Cualquier iniciativa que intente transformar, o siquiera reformar, las condiciones históricas actúa bajo estas condiciones, por lo que debe adecuar su programa a esa realidad. Una realidad, no obstante, que es percibida por la ciudadanía como un «estado natural» de las cosas, como una especie de fatalidad que se sitúa al margen de la historia. Pero, cuanto menos, la actividad política debería expandir los intereses intelectuales y morales de la población. He ahí una batalla que ha comenzado a ganar el PSOE, a través de una moción de censura inspirada en recursos éticos. Sin embargo, cuando una ideología aspira a guiar la vida diaria de las gentes, se obliga a expresar y defender tanto sus intereses inmediatos como sus necesidades objetivas.

La regeneración que postula el PSOE consiste en una vuelta al estado de legalidad, contaminado por la gestión que ha impreso Coalición Canaria a los sucesivos gobiernos. Sanear la administración de las instituciones y de los fondos públicos concita, qué duda, un interés urgente en la hora actual. Pero el verdadero problema reside en el estatuto político del Archipiélago, adecuado solamente para proteger y estimular el estancamiento del país. Ni la conservación ni el desarrollo de sus capacidades productivas encuentran defensa bajo esa férula, como lo demuestra la liquidación del sector pesquero pese al tratamiento particular que ofrecía el gobierno de Marruecos a Canarias.

LA NACIÓN POLÍTICA [El Día, 26/XI/2001]

Del proceso que nos conduce a la globalización, acelerado en los últimos veinte años, se suele enfatizar su contenido económico. La concentración del capital y la mundialización del mercado absorben una primacía indiscutible, pero parece que las facetas políticas se perciben con menor claridad.

Por descontado, la distorsión está justificada. La masa monetaria que circula a diario en todo el mundo excede con creces el billón de dólares. Esto representa un volumen de transacciones financieras tan extraordinario que supera unas sesenta veces los intercambios comerciales. Y con la notable peculiaridad de proveer una acumulación separada de los vínculos económicos tradicionales, por cuanto se funda en una actividad transnacional e independiente de las condiciones de producción, distribución y consumo de mercancías.

Esa dinámica, que se ha querido presentar como desencadenante de una futura extinción del Estado, amenaza sin duda los ámbitos políticos de decisión. La presión que ejercen las transnacionales sobre las economías y los poderes estatales forman parte de una realidad cotidiana. Pero se soslaya con demasiada ligereza la identidad clasista que atraviesa ambos instrumentos, contradictoria, por supuesto, en tanto que sólo el Estado responde a vínculos sociales. Sin embargo, sería inexacto reducir a una simple manipulación ideológica la tesis, ahora tan en boga, acerca del "patriotismo constitucional". El concepto propone algo más que la acuñación de un nuevo consenso político, aunque sea éste su punto de origen.

En la década de los años ochenta, el politólogo Dolf Sternberger introdujo esta idea en el análisis de la reconstrucción nacional de Alemania. La caída del III Reich no sólo había alentado la deslegitimación del nacionalismo alemán, sino provocado una fractura en la continuidad histórica de aquella sociedad. La definición de una nueva identidad colectiva para una comunidad compleja y plural, preservando la predominancia burguesa y la función clasista del Estado, halló una vez más en la democracia política su valor fundamental.

Pero hoy no se habla solamente de lealtad al diseño legislativo e institucional que acoge las libertades civiles, sino que éste prepara una adhesión racional a principios jurídicos universalistas. Es decir, se inspira la superación del viejo nacionalismo étnico y cultural por otro de naturaleza política, capaz de tolerar y resignar diferencias religiosas, tribales, económicas, etc. en un espacio transestatal. Para el capital financiero, que trata de vencer las últimas resistencias de los mercados y las burguesías nacionales, no cabe duda que esta fórmula corre el peligro de verse alterada por la masiva llegada de inmigrantes procedentes de los países empobrecidos, circunstancia que plantea serios problemas de ajuste e integración social, cultural y económica en el "Occidente civilizado".

Por eso, la política exterior norteamericana lleva ya algún tiempo intentando conciliar la estrategia del capital financiero con otra participación de los países periféricos en el comercio internacional, de manera que la generación de riquezas en esas sociedades pueda estabilizar sus políticas de desarrollo. Porque la instauración de la economía global, que por supuesto se levanta sobre condiciones desiguales, precisa también de una conciencia universalista que asuma el Estado capitalista mundial.

EL PRECIO DE LA CIVILIZACIÓN [Liberación, 28/XI/2001]

Desde los años finales del siglo XI, la Europa cristiana organizó las primeras expediciones de saqueo colonial que alimentaron el crecimiento del capitalismo. Durante más de ciento cincuenta años, la Iglesia católica patrocinó las santas cruzadas que devastaron Oriente Medio. Estas expediciones se efectuaban por medio de sociedades mercantiles de carácter privado. Usureros y banqueros, comerciantes y armadores de buques reunían el capital necesario para acometer alguna empresa concreta, disolviéndose una vez que ésta finalizaba. La captura de esclavos, la obtención de productos exóticos o escasos en Europa, la ocupación de tierras, etc. proporcionaban un objetivo suculento. Sus ganancias empujaron y fortalecieron un crecimiento capitalista sin parangón en otras sociedades.

Pero, sin duda, el momento más destacado de este proceso se alcanza con la expansión americana, que comienza a finales del siglo XV. La explotación colonial de América indujo la aceleración y el refinamiento de los métodos económicos, además de aportar un ingente volumen de recursos (plata, maíz, etc.) al crecimiento de las burguesías europeas y a la construcción de sus Estados nacionales.

En realidad, aquél capital usurario y comercial que había empezado a prosperar en Europa durante la Edad Media, se transfiguró a través del régimen colonial en sociedades mercantiles, primero, y en sociedades anónimas durante el siglo XVII. Porque esta concentración del capital mercantil no hubiera sido posible sin la explotación sistemática de las colonias.

Así pues, el naciente capitalismo creció en la medida que iba saqueando el resto del mundo, creció sobre el expolio de las civilizaciones Azteca, Inca, del Sudán Occidental, de la India, Arabia, África del Norte, etc. En México Central, por ejemplo, de una población cifrada en torno a los 25 millones de amerindios en 1519 quedaban poco más de un millón en 1605. El trabajo obligatorio en las minas (mitas), la esclavitud, la explotación intensiva de los recursos, etc. frenó violentamente el progreso de las comunidades indígenas y las condenó a un atraso permanente.

La movilización de esta inmensa cantidad de recursos, invertida en la organización capitalista de la producción, impulsó a su vez la revolución industrial y el desarrollo económico y social en Europa. Gran Bretaña, cuna del capitalismo, obtuvo entre 1688 y finales del siglo XVIII un incremento anual de su producto nacional bruto (PNB) del 1,20 % como media. Esta impresionante expansión colonial generalizó la mundialización de las relaciones económicas y le imprimió a su evolución un sello definitivo: la desigualdad. Materias primas y brazos esclavos han surtido desde las colonias las necesidades del mercado europeo y del crecimiento de la gran industria capitalista.

En cambio, todo el control de las fuerzas y de los medios sociales empleados para producir dependía en la periferia del poder colonial. Un dominio que se practicó mediante dos mecanismos principales. De una parte, apoderándose de las fuentes de producción y de los excedentes, para lo que inmovilizó bajo su propiedad todos los recursos económicos importantes. Y, de otro lado, ejerciendo una intervención monopólica sobre el comercio y la inversión, fundada en las extracción de materias primas y en la sobreexplotación de los trabajadores. Un proceso para el que aplicó tres procedimientos fundamentales: la introducción o fijación de cultivos obligatorios (destinados a la exportación); la inversión privilegiada en operaciones que asociaban un monopolio colonial; y la obligatoriedad de importar bienes de consumo manufacturados y de capital desde las metrópolis.

Éstas han sido durante siglos las condiciones que han regido las relaciones de intercambio internacional, las condiciones sobre las que se ha edificado el desarrollo desigual del capitalismo a escala mundial. Primero se repartieron el mundo las grandes compañías comerciales, luego las grandes potencias europeas. Cuando ese capital mercantil estimuló con sus beneficios y su expansión colonial el progreso de la industria, la burguesía obtuvo la suficiente fuerza para asaltar el poder político en Europa, construir fuertes Estados y atacar una nueva fase de expansión, ahora protagonizada como capital financiero. Valga de mero ejemplo ilustrativo un dato muy general: de 1983 a 1990, el balance económico anual entre el centro y la periferia del capitalismo fue positivo para el centro en una cifra que osciló entre 25 y 40 mil millones de dólares.

Desigualdades sectoriales de productividad, desarticulación del sistema económico, absoluto dominio exterior (a través de una neta dependencia comercial y financiera) y ausencia de un mercado interior caracterizan a las nuevas colonias. Las burguesías locales acumulan en la intermediación (compra-venta) y escasamente en las actividades productivas. Porque varios factores promocionan la reproducción del régimen de importaciones: el precario desarrollo de la producción agrícola básica; el excesivo crecimiento de los gastos de administración; la transformación de las estructuras y de la distribución del ingreso (entrando en parámetros consumistas); y el insuficiente desarrollo industrial, estructuralmente desequilibrado y dependiente de la importación de capitales extranjeros.

A nadie se le oculta ya que la instauración de la miseria en una parte del mundo ha contribuido a la prosperidad de la «civilización occidental». Pero resulta dramática la obstinación en el desatino, aunque se haya transmutado la apariencia parasitaria del antiguo colonialismo en desarrollo industrial y comercial para las colonias. Porque son estos «países en vías de desarrollo» quienes pagan la instalación de esas empresas, generalmente extranjeras, que desvían todos sus beneficios hacia el exterior. Como contrapartida, no suelen dejar otra cosa que elevados costes ambientales y algún testaferro encumbrado hasta los puestos de mando del poder local.

LIBERALIZACIÓN DESIGUAL [La Opinión, 28/XI/2001]

El pasado día 14 concluyó en Duhá (Qatar) la IV Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Tras el fracaso cosechado en Seattle hace dos años, los 142 países miembros acordaron impulsar la octava ronda de liberalización del comercio mundial. Los subsidios agrícolas, el comercio textil, la protección del medio natural y la adquisición de medicamentos baratos por los países pobres fueron algunos de los obstáculos puntuales que hubo de sortear la cumbre.

La resistencia europea a eliminar las subvenciones para las exportaciones agrícolas se salvó con un compromiso transitorio: negociar tanto la reducción progresiva de esas ayudas como la adopción de "mejoras substanciales" en el acceso a los mercados. Sin embargo, España no alcanzó para sus pesquerías, mayormente industriales, la calificación de actividad primaria, por lo que conservan un tratamiento comercial.

Los países empobrecidos tampoco esta vez consiguieron acelerar los plazos para la apertura del sector textil en los países desarrollados, que mantendrán las cuotas de importaciones durante los próximos tres años. No obstante, Japón, la Unión Europea y EE.UU. aceptaron introducir un tímido recorte arancelario para los bienes industriales y agrícolas procedentes de los países menos desarrollados. Una circunstancia que contrasta con la mejora significativa obtenida por las exportaciones norteamericanas.

La reforma del acuerdo TRIPS de 1994, sobre propiedad intelectual, constituye el único avance real para los países más pobres, acosados por las emergencias sanitarias. La Declaración ministerial les reconoce la capacidad de expropiar patentes de productos farmacéuticos, sólo cuando se trate de "proteger la salud pública". Un precario paliativo que apenas cuestiona los intereses económicos y experimentales de esta industria, firme en su renuencia a la liberalización de los medicamentos genéricos.

Por lo que respecta a la atingencia entre el desarrollo y las políticas de competencia, los resultados no han podido ser más modestos. La agenda negociadora incluye examinar la protección de las inversiones exteriores, las compras de las administraciones públicas y ciertas consideraciones ambientales, ya que el empleo de la legislación antidumping para encubrir medidas proteccionistas, muy extendido en EE.UU., será debatido pero no revisado.

Con todo, el acontecimiento principal de esta cumbre de Qatar ha sido el ingreso en la OMC de China, cuarto exportador mundial, y de Taiwan, decimocuarto. Esto representa más de mil trescientos millones de nuevos consumidores, pero también consolida un escenario muy importante para la globalización económica: la "integración vertical" que caracteriza la nueva organización industrial de las transnacionales.

La deslocalización, que sitúa los diversos estadios productivos en diferentes países pero bajo un control centralizado, aprovecha las ventajas diferenciales que ofrecen las distintas economías en cuanto a salarios, extracción de materias primas, bonificaciones fiscales, etc. Supone que buena parte del intercambio global se centre hoy en el movimiento de esos componentes intermedios. Sin duda, esto confiere a la inversión tecnológica y a la política comercial un papel determinante en las estrategias económicas concretas, pero también, lo que es aún más importante, en la definición de los nuevos horizontes de desarrollo.

ENSAYOS

CAPITALISMO Y LUCHAS DE CLASES EN EL CAMPO CANARIO (1931-1936). ENSAYO PRELIMINAR [Tegueste: Baile del Sol, 1997]

Trabajo redactado en 1992.

INTRODUCCIÓN

El proceso de formación de la clase obrera canaria quizá no haya registrado un momento tan intenso y definitivo como el que concurre durante el período republicano (1931-1936). El movimiento obrero y popular emprende un formidable combate político e ideológico contra el capitalismo, en el que adquiere una especial relevancia el papel jugado por los comunistas. Tanto en el terreno organizativo y propiamente político, con la fundación del Partido Comunista en 1933, como en el terreno ideológico a través de la redacción, por ejemplo, de las Bases del Frente Único Revolucionario, su actividad denota un esfuerzo constante en dos direcciones complementarias: comprender y divulgar las verdaderas condiciones de realización del capitalismo en Canarias, así como la estrategia de su transformación revolucionaria.

En las páginas que siguen se tendrá ocasión de valorar una pequeña muestra, pero muy significativa, de la producción ideológica que elabora el movimiento comunista canario. Para ello acudimos a dos de sus más cualificados representantes: José Miguel Pérez, primer secretario general del Partido Comunista de Cuba (1925) y figura señera del comunismo canario durante la Segunda República; y Guillermo Ascanio, oficial al mando de la única brigada que, realmente, defendió del golpe del coronel Casado el Madrid sitiado por las tropas fascistas, ya en las postrimerías de la Guerra Civil española.

Con todo, los estudios sobre el desarrollo del capitalismo en Canarias apenas fueron esbozados por el movimiento comunista durante el quinquenio republicano. La prensa obrera (principal soporte de su actividad propagandística) se concentra en reflejar todas las manifestaciones de la coyuntura económica, que encuadran la situación concreta de las masas trabajadoras del Archipiélago, bien en el plano sociolaboral o bien en el sectorial. Pero escasean los análisis estratégicos referidos a la dinámica particular que desenvuelven las fuerzas capitalistas en Canarias, su nivel de desarrollo y las formas y métodos de su organización social. No obstante, dos brillantes aportaciones se apartan de esta regla.

Una de estas contribuciones pertenece a la breve pero esclarecedora descripción del campo canario que recrea el histórico dirigente palmero José Miguel Pérez1, con motivo de celebrarse en el verano de 1932 el debate parlamentario sobre la Ley de Reforma Agraria, y en abierta polémica con la intervención que protagoniza el diputado republicano radical Alonso Pérez Díaz, también natural de la isla de La Palma.

La otra aportación es mucho más densa y trasciende los meros límites de un pormenorizado análisis socioeconómico, para convertirse en una propuesta programática de carácter netamente político. Se contiene en la serie de cuatro artículos que, bajo el título "La crisis económica y el proletariado canario", publica el ingeniero gomero Guillermo Ascanio en el otoño de 1933, también desde las páginas del semanario Espartaco2, que -como es sabido- añade a su condición de órgano de expresión de la Federación de Trabajadores de La Palma (desde su fundación en 1930), la de portavoz oficioso del Partido Comunista a partir de 1933.

Como es natural, tales análisis sobre el desarrollo capitalista en Canarias tienen que ver con la implantación de este modo de producción en el campo, debido al predominio histórico que ejerce el sector agrario en la formación y evolución de la economía del Archipiélago. Ahora bien, la naturaleza y la finalidad políticas de ambos textos no pueden ser soslayadas, sin riesgo evidente de amputar en dichas argumentaciones su contenido metodológico más importante, a saber: que la organización social de cualquier sistema productivo, se configura históricamente en torno a la contradictoria relación que entablan las clases sociales en su lucha por controlar el desarrollo de las fuerzas productivas y de la acumulación de excedentes. La necesidad, por tanto, de fijar las relaciones de producción en función de los intereses materiales que se adscriben a los distintos agentes sociales, requiere considerar los elementos políticos de una relación de poder tan dialéctica como históricamente antagónica.

Hechas estas matizaciones de orden metodológico sobre el discurso comunista, que oportunamente será contrastado con las manifestaciones que arman las fuerzas capitalistas, podemos abordar ahora la reconstrucción de su posición en relación con la cuestión agraria y la caracterización de la formación social canaria que la contiene durante el período republicano.

En otro orden de cosas, y antes de continuar, debemos advertir que los textos recopilados en este volumen se presentan con su redacción original. También, quiero dejar constancia de mi reconocimiento a cuantos amigos y compañeros han tenido algo que ver en la elaboración y edición de este ensayo. En especial, agradezco a Miguel Ángel Cabrera Acosta y a Sergio Lojendio Quintero la amable atención que han dispensado a su lectura y a su discusión.

LA FORMACIÓN SOCIAL

El análisis que efectúa Guillermo Ascanio proporciona, con toda seguridad, el modelo más completo elaborado por los comunistas acerca de la naturaleza de la formación social canaria en ese primer tercio del siglo XX.

El diseño de ese modelo está penetrado -cómo no- de la teoría leninista sobre el desarrollo imperialista del capitalismo. Es desde esta perspectiva teórica que cobra pleno significado su afirmación del carácter semicolonial de la formación social del Archipiélago. Ahora bien, sus tesis arrancan siempre de la observación de la realidad concreta.

Para caracterizar el proceso de realización histórica de ese "régimen semi-colonial", examina detenidamente la participación de tres factores que expresan el estado de desarrollo y el nivel de organización de las fuerzas productivas:

1) La producción frutera constituye la base de la economía canaria, pero en absoluto representa su factor preponderante. La dominación efectiva del proceso económico corresponde al sector capitalista dedicado a la exportación frutera, claramente diferenciado de los elementos productores.

2) La mayor parte de la producción se verifica en régimen de pequeña y mediana propiedad, bien a través de la medianería bien empleando jornaleros agrícolas, pero siempre en directa relación de dependencia con las casas exportadoras o "trust extranjeros".

3) Un grupo no muy numeroso de grandes capitalistas isleños y de compañías extranjeras controlan los más importantes factores económicos de Canarias, convirtiendo el Archipiélago en una semicolonia que explotan al amparo de la situación de dependencia que administra el Estado español.

Pero ¿cuál es realmente el modo como se vertebra este régimen de explotación semicolonial, que -por demás- se vendría imponiendo al Archipiélago "durante años y años"?

Ascanio afirma que el fundamento de toda la dinámica de la economía canaria se desenvuelve alrededor de las actividades exportadoras y en beneficio de quienes ejercen su control, esa clase que, formada por "grandes burgueses isleños" y "trust extranjeros", califica de "gran burguesía". Así, hasta la aparición de nuevos núcleos exportadores en América y la costa occidental africana, el movimiento de la exportación frutera canaria hacia los mercados europeos se había realizado en "régimen de cuasi-monopolio" y con una tasa de beneficios formidables para las compañías extranjeras.

Esta privilegiada posición en el control de la circulación del excedente confiere a esa gran burguesía, y en especial a las casas exportadoras extranjeras, una poderosa palanca de acumulación de capitales. De este modo, están dadas las bases para que el capital extranjero, en su doble condición de arrendatarios y de prestamistas usurarios, desencadene un vasto proceso de modificación de las relaciones de producción en el campo. Y tanto Guillermo Ascanio como José Miguel Pérez convienen en admitir el contenido capitalista de tal proceso, que -en tan sólo "veinte años"- habría penetrado ampliamente en el sector agrario, eje en torno al que gira toda la economía de Canarias.

En consecuencia, ¿cuáles son las vías que sigue este proceso de penetración del capitalismo en el campo? Según se deduce del planteamiento expuesto por ambos autores, los mecanismos que tiende a utilizar el capital extranjero para operar dicha modificación son básicamente tres:

1) La movilización de las tierras a través de los arrendamientos capitalistas, incorporadas al mercado y organizadas en razón de la ley capitalista del valor.

2) La proletarización de los pequeños y medianos productores independientes, sometidos a una estrecha dependencia de las casas exportadoras.

3) La concentración de los "negocios" agrarios (créditos, importación de materiales, etc.) en manos del capital extranjero. Sin embargo, ¿dónde quedan las peculiaridades semicoloniales de esa "liberalización" de las fuerzas productivas (tierras y mano de obra en particular), que distingue a dichos procesos de transición? En definitiva, ¿cuál es la forma predominante que adopta la explotación del trabajo social, criterio central -para el materialismo histórico- en la determinación de la naturaleza de una formación social?

Ninguno de estos autores comunistas hace referencia a un proceso de expropiación masiva que afecte a pequeños y medianos propietarios. Estamos ante un fenómeno de proletarización sin expropiación de los medios básicos de subsistencia de la fuerza de trabajo. Lo que invariablemente se traduce, en el discurso comunista más cercano a las tesis defendidas por Marx y Lenin en este terreno, en un freno objetivo a la creación de un mercado interior3, en correspondencia con su condición de formación extravertida o semicolonial dentro del desarrollo mundial (imperialista) del capitalismo.

En este sentido, José Miguel Pérez constata ese fenómeno de asalarización, pero referido al campesinado pobre:

Los campesinos pobres de Canarias, de arrendatarios y medianeros que eran en la fincas del señor, se han convertido en peones asalariados que sufren la explotación de los propietarios y de los arrendatarios capitalistas4.

Y añade en relación al proceso de pauperización que recae sobre los pequeños propietarios:

que se han visto obligados a arrendar sus tierras, a las casas extranjeras, bajo contratos mezquinos y usurpadores, porque ellos no tenían el dinero suficiente para ponerlas en condiciones de dar una producción mejor5.

Es decir, se habla de empobrecimiento de las clases medias, en las que se encuentra el volumen fundamental de la producción agraria de Canarias, pero no se hace referencia a modificaciones radicales de su estatuto en las relaciones de producción, como no sea el incremento de su dependencia respecto de las casas exportadoras extranjeras.

La conclusión que se sigue de esta argumentación es terminante: ese proceso de asalarización de las clases trabajadoras no es -como se ve- ni global ni mucho menos absoluto; luego, las relaciones capitalistas no se han constituido todavía en la forma principal o dominante de explotación de la fuerza de trabajo. Por lo que otra cuestión se nos revela inmediatamente como inevitable: ¿qué objetivos persigue la proletarización y qué sentido tiene la concentración de los "negocios" agrarios en manos del capital extranjero, si no es la imposición general de las relaciones capitalistas en el campo?

La explicación aparece entonces estrechamente ligada a razones de coyuntura. De una parte, la obtención de una fuerza de trabajo suficiente y barata, que se consigue "desvinculando por completo al campesinado de todo derecho a la producción y la tierra"6. Y complementariamente, arruinar la producción agrícola interior en beneficio de sus intereses monopolistas. De este modo, una vez eliminada la competencia y controlados todos los factores del proceso de intercambio comercial, la maximización de beneficios carecía de obstáculos consistentes. Esta es la política que despliegan las grandes compañías exportadoras extranjeras, que en la mayoría de los casos resultan ser filiales de los "trust fruteros" que compiten con las producciones canarias en el mercado internacional.

Por eso termina José Miguel Pérez su artículo sobre "La Reforma Agraria en Canarias" con la siguiente reflexión:

Ya veremos si aqui en Canarias los arrendatarios extranjeros, prestamistas usurarios a la vez, se deciden a pasar al plano de propietarios legítimos...7.

O lo que es lo mismo: el capital extranjero aún no ha tomado en sus manos la tarea de imponer al Archipiélago la organización de la producción agraria, y por extensión de la economía en general, sobre una base capitalista. Sin embargo, su predominio en la esfera de la circulación de los excedentes no se cuestiona. ¿Acaso se adivina aquí alguna suerte de formulación dualista en el planteamiento comunista?

En absoluto. Ni el salario ocupa por completo la parte substancial en la reproducción de la fuerza de trabajo campesina ni la agricultura de subsistencia se configura como un sector independiente del sector exportador. La interconexión entre ambos, más allá de la tradicional provisión de mano de obra al sector dinámico (o capitalista) por parte del sector atrasado (o de subsistencia), proviene de la incorporación de éste a las relaciones de intercambio capitalista que despliega el sector exportador, y que terminan por dominar el movimiento general de la economía canaria. Una economía que presenta en la tenencia de la tierra y en las obligaciones en cierto modo serviles que pesan todavía sobre el campesinado (caciquismo), el marco más eficaz para la realización de esas condiciones de explotación capitalista de las fuerzas productivas. Porque, ahora, los pequeños y medianos campesinos están obligados no sólo a satisfacer las rentas tradicionales al terrateniente (debido a su condición de arrendatarios y medianeros), sino que han de participar de las fórmulas capitalistas que rigen la circulación del excedente (como consecuencia del control casi monopólico que ejerce la gran burguesía sobre el comercio exterior). Naturalmente, su ruina y consiguiente proletarización, como advierten Ascanio y Pérez, serán sólo cuestión de tiempo.

Por descontado, ni las formas de propiedad ni las formas de circulación del excedente definen la naturaleza de una formación social; sólo el carácter de las relaciones de producción, el tipo predominante de explotación de la fuerza de trabajo, determina el estatuto de una formación social. Bien es verdad que sobre la explotación del trabajo no inciden exclusivamente factores económicos, aunque la importancia de éstos en el modo de producción capitalista adquiera un protagonismo realmente hegemónico. Pero no se olvide que la explotación capitalista del trabajo, la obtención de plusvalor, viene fijada por la relación entre el tiempo de trabajo necesario para la reproducción de la fuerza de trabajo (cuyo valor se contiene -poco más o menos- en el salario) y el tiempo de trabajo excedente. Y, en consecuencia, la pervivencia de esas fórmulas precapitalistas contribuye a mantener los salarios por debajo de su valor real, incrementando la tasa de plusvalor (sobreexplotación). De ahí que el proceso de acumulación se verifique tendencialmente según las reglas de valorización capitalista. Proceso que, en definitiva, induce y promociona la gran burguesía tanto en el terreno económico como desde instancias políticas: «La gran burguesía canaria ejerce no solamente un dominio y una explotación económica sobre el proletariado y los pequeños y medianos propietarios agrícolas, sino que ejerce, además, la total dominación política del país»8.

Y he aquí el problema que más preocupa a los dirigentes comunistas canarios: la extensión que alcanza ya el control capitalista sobre "toda la vida del país". Es decir, esa tendencia totalizante del capitalismo que cristaliza en todos los frentes con el soporte del "aparato represivo del estado burgués" español, así como por medio de "su influencia ideológica sobre grandes capas de la población"9. Por lo que la dimensión política absorbe de forma inevitable el primer plano de cualquier estrategia alternativa.

LA LUCHA DE CLASES

Como queda expuesto, el análisis comunista de la formación social canaria se despliega a partir de dos premisas muy claras:

1) La economía del Archipiélago se sostiene en la producción frutera, mayoritariamente organizada en régimen de pequeña y mediana propiedad.

2) La producción agraria deviene cautiva del sector exportador, debido al doble control, orgánico y político, que ejerce sobre: a) las condiciones de realización (producción y circulación) del excedente, y b) el aparato de Estado.

Por consiguiente, el sector exportador (con presencia, directa e indirecta, e intereses indudables en la producción) determina el desarrollo de las fuerzas productivas y, en consecuencia, de las relaciones de producción. Y se podría pensar, no sin cierta razón, que esta situación viene identificando a la formación social canaria desde que la conquista europea incorpora el Archipiélago al mercado mundial. Sin embargo, mientras la actuación del capital se circunscribe a las relaciones de intercambio, tan sólo condiciona las relaciones de producción en las colonias induciendo un reforzamiento necesario de las exacciones serviles sobre la fuerza de trabajo, como medio de optimizar las condiciones de concurrencia al mercado mundial de esas economías extravertidas. Pero cuando el capital se decide a participar en la organización social del sistema productivo, mediante el arriendo de tierras y su conversión en empresas capitalistas, se abre el verdadero proceso de modificación de las relaciones de producción que hará variar substancialmente la propia naturaleza de la formación social. A partir de entonces, emerge ese capitalismo lastrado por la desarticulación de los sectores productivos y custodiado por la intervención casi hegemónica de agentes externos a la formación social, pero siempre fundado en la valorización continua del capital.

Convenientemente fijado el grado de penetración del capitalismo en la producción, la determinación de la contradicción principal que atraviesa a la formación canaria de la época se hace evidente para ambos políticos comunistas: entre la enorme capacidad económica de las fuerzas productivas y la absorción estructural del excedente por agentes externos, opera la regla del expolio colonial. Por eso los comunistas repiten con insistencia que el problema que en realidad se ventila en la sociedad canaria se refiere al control de la distribución o circulación del excedente, y no tanto a las condiciones de su origen propiamente dicho.

A partir de aquí se formulan tanto la constelación de intereses materiales que están en la base de la definición clasista de los diversos agentes sociales, como la misma caracterización de sus estrategias económicas y políticas.

Unos intereses tan dialécticamente vinculados como abiertamente antagónicos, dividen la sociedad canaria en dos bloques cuyo enfrentamiento objetivo madura con extraordinaria rapidez hacia posiciones de neta radicalidad. Unos, la gran burguesía, que apuesta por detener la caída de la tasa de sus beneficios incrementando la explotación sobre las clases medias y a través de la concentración del capital en sus manos10; otros, la población laboriosa de las siete islas, unificando esfuerzos en la conquista de un "gobierno propio" que destruya el poderío burgués11.

Pero examinemos con más detalle el estatuto económico de las clases sociales, tal y como se nos presenta por el movimiento comunista.

Reiteradamente se ha invocado ya el tejido de exportaciones, y de la misma importación de bienes subsidiarios de la producción, como el grueso del movimiento económico sobre el que edifica su predominio social la gran burguesía. Las compañías exportadoras, se aduce, controlan tanto las operaciones propiamente financieras como todo el negocio derivado del transporte y tráfico de mercancías por los puertos canarios.

Los capitalistas exportadores señalan en cada época del año el precio de los frutos, cubiertos de todo riesgo por un amplio conocimiento de los mercados (evolución de la producción y de la demanda, etc.). En cambio, el pago de la fruta a los productores se aplaza siempre hasta que los exportadores han vendido la mercancía, lo que les permite disponer de enormes masas de capital sin ningún interés.

La intervención, por el contrario, de los pequeños y medianos productores de frutos en el proceso económico se concreta al cultivo, procediendo luego a la venta del producto a las compañías exportadoras. Sin embargo, su dependencia respecto del capital extranjero arranca desde el momento que comparten la concurrencia al mercado internacional con las casas monopolistas. La capitalización de la empresa agraria obliga al cosechero a contraer las deudas que han de lastrar definitivamente su autonomía. Los exportadores facilitan créditos a corto plazo, con un elevadísimo interés, a los productores independientes, "dinero que en realidad les pertenece" (pues se trata del capital circulante que recibe el exportador de manos del cosechero en forma de mercancías). Y entablan así un régimen de estrecha dependencia que se extiende también a la compra de guanos, abonos y otros materiales, dando lugar a ese otro negocio de importación que levantan las casas extranjeras "a expensas de la exportación frutera".

En consecuencia, a través del pago diferido y la contratación de préstamos o anticipos (que pueden ser en forma de materias primas auxiliares de la producción) y de créditos usurarios con las casas exportadoras a las que vende sus frutos, el pequeño y mediano productor queda atrapado en una densa red de extorsión y de clientela económicas.

Como resulta evidente, todo este extenso negocio de exportación e importación pone a su vez en movimiento otro negocio no menos rentable, el del transporte, "generalmente en manos de las mismas empresas, y cuando no ocurra así beneficiando [a] los exportadores por medio de primas por bulto embarcado, etc."12.

Es por eso que se puede reconocer en las patronales portuarias de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria el "núcleo básico de nuestra gran burguesía", que completa de esta forma un predominio económico que abarca los principales rubros de una economía esencialmente exportadora. Una dominación oligárquica que, como resume Guillermo Ascanio, se funda en la siguiente relación de beneficios:

1º El obtenido por la diferencia entre los precios de compra y venta de la fruta, generalmente exorbitante.

2º El de los transportes.

3º Los intereses obtenidos al capital circulante propiedad de los agricultores, pero manejado por los exportadores en su provecho.

4º El negocio de los guanos, azufre, etc.

Aún a estos "negocitos" habrá que agregar en algunos casos el proveniente de la carga y descarga de estas mercancías en los puertos de Santa Cruz y Las Palmas13.

La única competencia interior a este casi monopolio del comercio exterior que detenta la gran burguesía proviene de los "sindicatos de exportadores", que agrupan básicamente a los cosecheros más renuentes al control comercial de las casas extranjeras, pero que Ascanio asimila al sector capitalista por el tipo de su organización empresarial.

Prácticamente ningún papel relevante se reserva ya a la terratenencia histórica, que despreocupadamente habría contribuido a poner los recursos del Archipiélago en manos de las compañías extranjeras por medio de los arrendamientos. Bien a través de las rentas que percibe por esos arrendamientos o bien por la explotación de sus fincas con campesinos reconvertidos de "medianeros a peones asalariados". De este modo, los grandes propietarios no sólo pueden seguir sustrayéndose a la dominación de los trust, sino que precisamente la gran burguesía se configura como su aliado inmediato, según advierte José Miguel Pérez14.

Y en oposición a ese gran bloque oligárquico que dirige la burguesía, nada menos que el "resto de la población canaria". Una población trabajadora igualmente compuesta por diferentes clases sociales: de una parte, esa masa de pequeños productores, "perezosa e inconsistente", que se ha dejado arrastrar a tal situación de dependencia y sumisión al capitalismo arrendatario extranjero, que ha condenado al campesinado pobre a la proletarización (debido al activo apoyo que presta a la gran burguesía); y de otro lado, ese proletariado agrícola que se resiste a la dominación burguesa, "pobres mujeres de dos o tres pesetas de jornal y obreros agrícolas de cinco o seis"15.

Y aunque el discurso comunista es tajante por lo que hace referencia al programa que deben defender las clases trabajadoras, queda lugar para una crítica muy concreta al movimiento obrero organizado. Se le acusa de estrechez, cuando no de inhibición, en la comprensión del "alcance político y social de la crisis económica", que no se ataja con un programa meramente reivindicativo.

La necesidad de concentrar los intereses y la acción política de las clases trabajadoras opuestas a la dominación burguesa, es traducida por los comunistas en un llamamiento a la "unidad de acción entre las masas del proletariado y de la pequeña burguesía urbana y rural, siendo su finalidad inmediata la constitución de un gobierno obrero y campesino canario, que instituiría inmediatamente el monopolio total, en sus manos, del comercio exterior, y por lo tanto, de toda la exportación frutera"16.

Sin embargo, de persistir esa política de aislamiento del proletariado respecto de las masas pequeñoburguesas de la ciudad y del campo, desaparecerían por completo las posibilidades de contener, y mucho menos transformar, la situación de dependencia política y económica que sujeta a Canarias al poder del capital y de su estado burgués, coartando de forma irremediable su desarrollo integral.

El programa comunista, presentado como la alternativa revolucionaria de las grandes masas obreras y campesinas, retiene expresamente todo el énfasis de su línea política en la lucha contra esas tres realidades hostiles a la clase trabajadora y al progreso de la nación:

1) La situación política de las Islas Canarias dentro del Estado español en calidad de provincias totalmente dominadas.

2) El obstáculo que esta "posición de impotencia" imprime a la formación y desarrollo de una "conciencia regional propia", sumiendo en la pasividad y la degeneración la actuación de las masas trabajadoras.

3) Y, naturalmente, el control monopólico del comercio exterior, y de la economía en general, por la gran burguesía.

En definitiva, sólo la "segregación respecto del Estado capitalista español" se prefigura entonces como el medio principal de liquidación de la base material y política que sostiene a la gran burguesía, ya que, como "fracción del capitalismo español", se cobija en todos los resortes y aparatos represivos que el Estado burgués pone a su disposición.

De todo lo cual concluyen los dirigentes comunistas que el control de los "elementos fundamentales" de la economía, presenta una dimensión preferentemente política, escenario donde se ha de ventilar un importante momento del desarrollo de la lucha de clases en Canarias (como se venía demostrando con cierta intensidad, por lo menos, desde 1932 y como a partir de 1934 y, sobre todo, de 1936 quedaría plenamente confirmado).

LA COYUNTURA

Como corresponde a una formación extravertida, la economía del Archipiélago ha vivido desde la conquista continuamente sujeta a la eventualidad de cualquier variación desfavorable en el mercado internacional. El más leve desajuste en el transporte, en los precios o en los mercados, por ejemplo, fue siempre motivo más que suficiente para desencadenar recesiones y crisis de consecuencias la mayoría de las veces catastróficas para la población.

El estudio de la evolución del comercio exterior canario ha de suministrar, por tanto, indicadores preciosos acerca del estado de la lucha de clases durante los escasos cinco años de régimen republicano. Una lucha de clases que, como exponen Guillermo Ascanio y José Miguel Pérez, tiene como eje cardinal el control de las exportaciones.

Así lo atestigua el enconado enfrentamiento que sacude a las dos fracciones principales de la burguesía canaria, la agraria y la comercial, durante toda la coyuntura republicana17. Enfrentamiento que sólo quedará amortiguado a partir de 1936, cuando se les presente la oportunidad de contener el ascenso del movimiento obrero y popular.

Ambas fracciones burguesas se disputan la hegemonía en el sector exportador, concitando el agrupamiento de pequeños y medianos productores en torno a las fórmulas de actuación que cada una promueve. En esta línea, bajo la denominación genérica de sindicatos agrícolas se confunden asociaciones de productores, de productores que acometen tareas exportadoras y de exportadores compradores de fruta (intermediarios). Naturalmente, los más fuertes y mejor organizados corresponden a los intereses plataneros y fruteros en general. Es el caso, en la provincia de S/C de Tenerife por ejemplo, que estos sindicatos llegan a disponer de unas 2.500 fanegadas, algo más de 1.200 hectáreas de las casi 4.000 que entonces se dedican a este cultivo en Canarias. Aunque bien es verdad que 1.978 fanegadas pertenecen a los más de quinientos socios del Sindicato Agrícola del Norte de Tenerife (S.A.N.T.), dirigido por la clase dominante de La Orotava (caciquismo).

El auge de estos sindicatos hará que en poco menos de dos años la organización de las exportaciones deje de estar monopolizada por los intermediarios. En 1931, el 17,23% de la fruta exportada en la provincia de S/C de Tenerife estaba en manos de las asociaciones sindicales y de esos agricultores-exportadores, mientras los exportadores compradores de fruta totalizaban el 82,76%. Dos años más tarde, en 1933, las cifras se habían acercado ostensiblemente: un 40,23% para los agricultores y sindicatos agrícolas y un 59,76% para los intermediarios18.

Pero el aislamiento del pequeño productor se mantuvo siempre en niveles muy altos, lo que inevitablemente le convertía en presa fácil de prestamistas y exportadores (las más de las veces representados por la misma persona o empresa). Es el caso, por citar quizás el más significativo, de la actuación "perniciosa" de la casa Fyffes, filial europea de la multinacional norteamericana United Fruit Corporation que, en determinado momento, comunica a sus arrendatarios la rescisión de sus contratos, "dejando libertad a éstos para disponer de su fruta dentro de un plazo convenido inferior al señalado en el contrato siempre que le fueran abonados los créditos que tuvieran recibidos. Los que no pudieron redimir sus créditos quedaban obligados a venderles su fruta a los precios señalados en el listín de Fyffes, hasta la cancelación total de la deuda. Dicha medida no fue comunicada a los arrendatarios solventes y dueños de buenas tierras"19.

En realidad, como explica al Congreso de los Diputados Ramón Gil Roldán20, parlamentario tinerfeño por el Partido Republicano Radical, las fincas que se arrendaran por espacios de tiempo superiores a doce años acabarían por pertenecer a las compañías extranjeras, cuya arquitectura capitalista moviliza formidables masas de recursos financieros. Recursos que emplea también -cómo no- en anticipar préstamos usurarios, con un interés de hasta un 60%, a los pequeños propietarios que pretenden capitalizar su "pegujal" para hacerlo competitivo frente a la gran empresa capitalista de las compañías extranjeras. Como es lógico, en la mayoría de los casos el resultado no será otro que la esclavización de este pequeño y mediano campesino, condenado a contratarse por un salario en las tierras que explota alguna de esas casas extranjeras para subvenir las deudas contraídas.

Esta situación induce a los sindicatos agrarios a demandar de las autoridades del Estado la incorporación de Canarias al circuito de crédito agrícola español, con objeto de permitir a esos pequeños cosecheros liquidar sus lastres financieros. Sin duda, la dirección de los sindicatos tiene muy presente que sin esta medida que desbroce el camino, la sindicación forzosa o voluntaria -que también reclaman del Gobierno- carecería por completo de eficacia.

Tales medidas se añaden a otras dos no menos importantes en el programa que defiende la burguesía agraria a través de los sindicatos:

a) La concentración de la comercialización en torno a las Asociaciones.

b) La rebaja de los fletes y de los gastos de transporte en general, llegando incluso a establecer una compañía propia de navegación.

Un programa, en definitiva, que constituye un ataque en toda regla a la línea de flotación de la burguesía comercial, a la base misma de su palanca de acumulación: las condiciones de realización de las relaciones de intercambio.

Precisamente alrededor de los fletes estalla una de las pugnas más intensas entre las dos fracciones de la burguesía. Aunque nunca fueron rebatidas de forma consistente por la burguesía comercial, el SANT aduce cifras contundentes relativas a los ingentes beneficios que reporta a las consignatarias y navieras los fletes y retornos cargados a las mercancías exportadas. Cifras, por demás, que proporcionan una información considerablemente valiosa a la hora de calibrar el verdadero alcance de la tesis central que postula Guillermo Ascanio: la naturaleza semicolonial de la formación social canaria.

Aunque la balanza comercial canaria presenta un déficit crónico durante el período republicano21, las compañías navieras no sufren mermas de consideración en sus beneficios. El aumento del coste de sus fletes garantiza en todo momento la sustentación de su tasa de ganancia, más allá de la episódica caída que sufren las exportaciones canarias a partir de 1932 (alcanzando niveles inferiores a los registrados en 1930). Claro que a esta regularidad en su proceso de acumulación contribuye también la ligera insinuación alcista que recorre los volúmenes de mercancías importadas desde 1930, a pesar de perder un 36% de su valor y de reducirse en un 60% el valor del saldo a favor de las importaciones desde los primeros momentos del período republicano (que coincide con la primera gran crisis de sobreproducción capitalista de los años 1929 a 1931).

Por ejemplo, la propia Compañía Transmediterránea, que monopoliza los fletes a España, utiliza dos baremos distintos según se apliquen las tarifas a embarques canarios o españoles. Así lo explica el SANT en uno de los innumerables artículos con que inunda las páginas de cualquier publicación periódica de la época:

Bueno es recordar que la Transmediterránea devuelve a los embarcadores de Baleares el treinta por ciento de su flete anual, cuando éste llega a 150.000 pesetas. Para los embarcadores canarios tiene una escala en que sólo los excesos sobre un volumen determinado alcanza el tipo superior máximo, que es el diez por ciento sobre las cantidades que exceden a 150.000 huacales, o sea, sobre un flete mayor de 800.000 pesetas; es decir, la tercera parte de los concedido a Baleares sobre fletes más de cinco veces menores22.

El registro de citas podría hacerse interminable, por lo que resumiremos algunos datos significativos en relación con el coste medio de los fletes:

a) A los puertos franceses (principal mercado para el plátano), entre 12 y 15 pesetas por huacal, lo que equivale a unas 140 pesetas de media el transporte de la tonelada23.

b) A los puertos españoles, entre 6 y 8 pesetas por huacal, lo que hace una media de 75 pesetas la tonelada.

c) A Hamburgo, 12 pesetas por huacal y a Londres, 8 pesetas por huacal24.

Sirva de comparación que el cargo por fletes en el transporte de cereales de Buenos Aires a Tenerife era inferior a 32 pesetas la tonelada25. En consecuencia, el valor de los fletes que satisfacían los embarcadores canarios a los armadores de estos buques dedicados al transporte y tráfico de mercancías ascendía anualmente a una cifra que ronda los 50 millones de pesetas:

Resulta que estamos pagando 47 millones de pesetas, por un transporte que puede hacerse con 17 millones. Perdemos, por tanto, 30 millones de pesetas anuales. Esto, sin contar el producto de las cargas de retorno y del pasaje. [...] El resultado de las expediciones realizadas en el presente año [1934], desde enero a mayo [...] Se han efectuado en ellos 188 expediciones a Inglaterra, Francia, Alemania y España, abonando por fletes un total de 22.898.923 pesetas. El coste de estas expediciones a 1.200 libras esterlinas cada una, al cambio de 37 pesetas, representan 8.347.200 pesetas. Se ha pagado de mas en esos meses, 14.552.723 pesetas o sea 97.000 pesetas diarias26.

A la vista de estos datos, se comprenderán con facilidad las diversas maniobras que formalizan ambas fracciones de la burguesía canaria para tomar el control del tráfico de mercancías. Maniobras que incluyen hasta la exportación de capitales, como es el caso del sector comercial de la provincia de Las Palmas que financia el cultivo del plátano en la colonia francesa de Guinea (Conakry).

Y es que el volumen de negocios que había movilizado el sector platanero en Canarias hasta 1934 se calculaba ya en un capital no inferior a los 2.000 millones de pesetas oro, según las estimaciones que expone José Mateo Díaz, profesor mercantil ayudante de la cátedra de Economía Política y Estadística de la Escuela Profesional de Comercio de Las Palmas, en su obra Esquema de historia económica de las Islas Canarias, publicado ese mismo año de 193427. Unas cifras que hablan con absoluta claridad de la fantástica capitalización que requerían los cultivos de exportación y, por consiguiente, del completo dominio que imprime este sector a la organización social del sistema productivo.

Debe tenerse en cuenta que "una hectárea de plátanos con agua propia en la isla de Tenerife [...] [vale] De 30.000 a 40.000 duros, de 150.000 a 200.000 pesetas una hectárea; más que lo que valen en Castilla algunas fincas de pasto y labor"28. Si a esto agregamos que el funcionamiento de la agricultura canaria absorbe cerca de 2.000 toneladas métricas de materias primas auxiliares (entre abonos químicos, insecticidas, rafia o papel kraft para el empaquetado, madera para los huacales, etc.), tendremos que tanto el mercado como la propia capitalización de las empresas agrarias operan, con extraordinaria violencia, a modo de factores organizadores de la economía.

Bajo estas condiciones, los pequeños y medianos propietarios no sólo quedan marginados de las posiciones de control económico, sino que se ven abocados al endeudamiento y a la proletarización más irremediables. Lo cual, en absoluto podía resultar ni mínimamente atractivo, teniendo en cuenta las duras condiciones de existencia de la clase obrera del campo.

La dinámica del comercio exterior canario, azotado por las fluctuaciones de los precios, la evolución de la demanda en los mercados internacionales, los sistemas de contingentación de las importaciones impuestos por muchos de estos mercados, junto a los mecanismos de compensación y de protección de sus propias producciones coloniales, tampoco podemos decir que se aparte radicalmente del conjunto de problemas que afecta al comercio exterior español (o al de cualquier economía dependiente en general). Como afirma M. Tuñón de Lara, "la economía agraria [española] no tenía problemas de producción, sino de sostenimiento de precios"29. Lo que influye necesariamente en el descenso de los salarios en el campo, que en 1931 el ministerio de Largo Caballero estableció en 5 pesetas, y en el aumento del paro, que no deja de crecer desde finales de 1933 hasta totalizar el sector primario más de la mitad de la población activa desempleada30.

La situación en Canarias, con un predominio mucho más acuciante y extenso -estructural- de las fórmulas de extraversión, llega a ser verdaderamente insostenible para los obreros campesinos que, en 1934, protagonizan en Tenerife una de las huelgas más firmes y consecuentes de la historia del movimiento obrero canario.

Espoleadas por la crítica coyuntura del negocio frutero, las patronales agrarias deciden liberalizar los salarios y las modalidades de contratación, soslayando los acuerdos y compromisos legales adquiridos con los trabajadores. Éstos responden durante un mes con una huelga que pone en marcha muestras de combatividad y de solidaridad en el seno de la clase obrera de un alcance desconocido hasta entonces. Bajo la dirección de Florencio Sosa Acevedo, anterior alcalde socialista del Puerto de la Cruz, y un nutrido grupo de cuadros socialistas radicalizados (que terminan por integrarse en el Partido Comunista), los obreros campesinos (de la tierra y de empaquetados) se lanzan a una sistemática campaña de sabotaje: de líneas del tendido eléctrico, de las fincas, atarjeas, estanques, pajares, viviendas de los propios patronos y enfrentamientos contra esquiroles y fuerzas de Orden Público31. Pero, además, estas medidas se combinan con la asistencia a los hijos de las familias de huelguistas en peores condiciones económicas por familias obreras de otros municipios.

En esta ocasión, todo termina con la implantación del estado de guerra en la totalidad del territorio del Estado español, como respuesta de la clase dominante a los acontecimientos revolucionarios de octubre de 1934. Tan sólo un alarde antes de su definitiva embestida dos años más tarde.

NOTAS

1. "La Reforma Agraria en Canarias", Espartaco, 27 de agosto de 1932.

2. Espartaco, 28 de octubre y 4, 11 y 18 de noviembre de 1933.

3. Ver MARX, Karl: El Capital. Libro I, vol. 3, Madrid, Siglo XXI, 2ª ed., 1980, págs. 932 a 937 (y en particular la pág. 935). Así mismo, ver LENIN, V. I.: El desarrollo del capitalismo en Rusia, Moscú, Progreso, 1975, págs. 25 a 27.

4. Ver PÉREZ, José Miguel: op. cit.

5. Ibídem.

6. Ibídem.

7. Ibídem.

8. Ver ASCANIO, Guillermo: op. cit., IV.

9. Ibídem.

10. Ver ASCANIO, Guillermo: op. cit., I.

11. Ver ASCANIO, Guillermo: op. cit., IV.

12. Ver ASCANIO, Guillermo: op. cit., II.

13. Ibídem.

14. Ver PÉREZ, José Miguel: op. cit.

15. Ibídem.

16. Ver ASCANIO, Guillermo: op. cit., IV.

17. Para los aspectos políticos de este enfrentamiento, ver CABRERA ACOSTA, Miguel Ángel: La Segunda República en las Canarias Occidentales, Tenerife, 1991.

18. Cfr. SANT: Las soluciones precisas a nuestra crisis platanera, La Orotava, 1934, pág. 14.

19. Ídem, pág. 6.

20. Ver "Intervención de Gil Roldán en el debate agrario", La Prensa, 16 de septiembre de 1932.

21. Cfr. ALONSO LUENGO, Francisco: Las Islas Canarias, Madrid, 1947, págs. 305 y 308, y RODRÍGUEZ Y RODRÍGUEZ DE ACUÑA, Fernando: Formación de la economía canaria (1800-1936), Madrid, 1981, págs. 131 y ss.

22. Ver SANT: "La solución de la crisis platanera no admite dilación", La Prensa, 5 de abril de 1934.

23. La tonelada está constituida por una media de 11 huacales que ocupan aproximadamente tres metros cúbicos y medio.

24. Ver SANT: Las soluciones precisas a nuestra crisis platanera, La Orotava, 1934, pág. 12.

25. Ver FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Daniel: "Sobre la crisis de la exportación frutera y sus soluciones", La Prensa, 22 de agosto de 1934.

26. Ver PADRÓN MORALES, F.: "Cartas", La Prensa, 28 de julio de 1934. Reproduce estos datos también Luis BENÍTEZ DE LUGO Y VELARDE, presidente del SANT, en La riqueza exportadora de la Provincia, La Orotava, 1934, s./p., donde expone interesantes reflexiones e informaciones acerca de los antagonismos entre las fracciones comercial y agraria de la burguesía.

27. Sobre estos datos y las equivalencias de las pesetas oro en pesetas de moneda corriente que se expresan seguidamente, ver MATEO DÍAZ, José: op. cit., págs. 46 y 275 (respectivamente).

Equivalencias de las pesetas oro:

1930 = 1,61 ptas. moneda corriente.

1931 = 2,02 ptas. moneda corriente.

1932 = 2,40 ptas. moneda corriente.

28. Ver MORALES DE LAS POZAS, Gustavo: Captación de aguas subterráneas y su influencia en la economía nacional, citado por La Prensa, 27 de agosto de 1932.

29. Ver TUÑÓN DE LARA, Manuel: La II República, Madrid, Siglo XXI, vol. 2, 3ª ed., 1976, pág. 100.

30. Ídem, págs. 102 a 104.

31. Según informa La Prensa, 16 de noviembre de 1934, se crean dos compañías de la Guardia Civil: una con residencia en la capital, Santa Cruz, y la otra en La Orotava.

JOSÉ MIGUEL PÉREZ, EL MAESTRO COMUNISTA [La Laguna: Consejo de Estudio Científicos, 2002]

Trabajo redactado en 1993.

La investigación que substancia las páginas de este estudio arranca en 1985. Su estímulo se debió al profesor Manuel de Paz, a quien deseo agradecer también su colaboración desde entonces. La misma gratitud que guardo al fallecido Juan Pedro Ascanio y a Floricel Mendoza, que tuvieron la cortesía de compartir conmigo sus reflexiones y su memoria. Un agradecimiento que quiero extender, además, a Miguel Ángel Cabrera y a José Víctor Morales.

INTRODUCCIÓN

Mediante el Decreto número 1.861 que lo declara «extranjero no deseable», la dictadura del general Machado expulsa de Cuba el 3 de septiembre de 1925 a un joven maestro palmero. Detenido en la madrugada del 31 de agosto, apenas había podido ejercer durante unos pocos días sus nuevas responsabilidades políticas. Desempeñaba las funciones de Secretario general del Partido Comunista, cargo para el que había sido elegido por el primer congreso nacional de las agrupaciones comunistas de Cuba. Durante algo menos de dos semanas recorre numerosos centros de trabajo, ocupado en difundir entre las amplias masas de obreros y campesinos el programa de la revolución socialista. Pero las autoridades cubanas reaccionaron sin dilación. Inmediatamente se dictó orden de prisión contra los trece delegados que asistieron a los trabajos del congreso, celebrado clandestinamente en La Habana los días 16 y 17 de agosto de 1925.

Confinado en una fragata de la marina de guerra, José Miguel Pérez y Pérez es trasladado posteriormente al vapor holandés «Spardaam» y conducido a España. Una vez allí, sufre prisión en Vigo durante un mes, hasta que las autoridades comprueban que no era otro de tantos canarios que cruzaban el Atlántico para eludir el servicio militar. En febrero de 1926, agotadas por completo las posibilidades para un regreso que ya nunca se producirá, se reúne con su esposa, Sara Pérez, y con su hija Estelfa en la isla de La Palma, en cuya capital había nacido un 8 de diciembre de 1896.

Más allá de los escenarios donde el discurrir de los acontecimientos coloca a José Miguel Pérez, en realidad su vida aparece ligada a dos circunstancias definitivas. Una de carácter objetivo: la constitución imperialista del capitalismo. Y otra más subjetiva: su temprana opción de lucha contra la injusticia social.

Estas primeras páginas de introducción están dedicadas al análisis de ese desarrollo capitalista. Más adelante, se dispondrá de la posibilidad de seguir la pista a su representación en Cuba y en Canarias, donde transcurre la vida de nuestro personaje.

Sin embargo, conviene establecer dos advertencias. La primera se refiere al peso que adquieren en esta obra los contenidos ideológicos: tan sólo un reflejo de la importancia que le concede el propio José M. Pérez. No en vano, su formación inicial, más liberal que socialista, impregnará de cierto idealismo sus posiciones. La segunda observación tiene que ver con la prolija exposición de su estancia cubana: una demanda de la historia. En la Gran Antilla conoce las elaboraciones leninistas acerca de las clases sociales y de la revolución, se enfrenta al imperialismo, aprende el uso político de la cultura... En ese período, por tanto, forja el grueso de los conocimientos teóricos y de la experiencia política que aplica a su militancia social.

1. TRANSICIÓN AL CAPITALISMO EN LAS COLONIAS

Las líneas que siguen no contienen una reconstrucción sistemática del amplio debate suscitado en torno a la «transición en la periferia». La bibliografía publicada al respecto en castellano es suficientemente abundante y accesible1. No obstante, a continuación se refiere una somera caracterización de este proceso, que opera como base objetiva en torno a la que se desenvuelve la historia contemporánea de Cuba y de Canarias.

Es sabido que, durante los siglos XV y XVI, la expansión colonial, cuyo eslabón decisivo fue la conquista de América, proporciona a la ascendente burguesía europea recursos imprescindibles para edificar la gran producción capitalista. Unos recursos de tanta importancia como los que obtiene de la violenta expropiación de tierras impuesta a los campesinos europeos. A continuación, la política mercantilista de los siglos XVII y XVIII consolida los rasgos que van a definir la mundialización de las relaciones económicas: la interdependencia y la desigualdad. Pero sólo con la revolución industrial se desencadena la apertura de una nueva fase de expansión y de vertebración mundial, que habrá de transformar radicalmente las relaciones internacionales.

La división internacional del trabajo y de la producción quedará dominada por el movimiento de la acumulación de capital en los centros industriales. Monopolios y exportación de capital se erigen ahora en condiciones cardinales de la realización de beneficios siempre superiores. Así se manifiesta la ley de la reproducción capitalista, que exige la aceleración continua de la acumulación, de la extracción de plusvalor y de la explotación de las fuerzas productivas. En este proceso es en el que realmente cobra sentido la política librecambista, que impulsa el capital británico desde mediados del siglo XIX: forzando una transición inducida y, por consiguiente, dependiente del exterior en las colonias.

En la base del desarrollo capitalista en las colonias se encuentra, sin duda alguna, la estrecha vinculación de su estructura económica al mercado mundial. El libre comercio representó la apertura de nuevos mercados para las manufacturas británicas y la obtención de materias primas baratas. Pero ese carácter extractivo o parasitario de la explotación colonial, obstaculizó también las posibilidades de un desarrollo interior de la producción industrial en las colonias. Esta es la forma que adquiere históricamente la expropiación sobre los productores directos en las regiones satelizadas por el capitalismo, integradas más o menos violentamente en la producción para el mercado externo. De este modo, se introduce un cambio substancial en el mercado de trabajo y en las relaciones sociales: los productores desposeídos de los medios de producción y subsistencia son condenados a la proletarización o bien expulsados de la organización del sistema productivo a través de la emigración, «uno de los más proficuos de sus negocios [coloniales] de exportación» (Marx 1980: 881). Un procedimiento que, además, contrae la capacidad de consumo y añade otro obstáculo a la formación de un mercado interno, neutralizado por la desarticulación y la extraversión del aparato productivo. Por consiguiente, la importación de manufacturas extranjeras no sólo desvía hacia el exterior el excedente producido en la colonia e impide su industrialización, sino que prepara la emergencia de las relaciones capitalistas en la esfera de la producción.

Ahora bien, sólo cuando el desarrollo industrial, cuando el movimiento de la acumulación de capital en las metrópolis, requiere la constitución de monopolios como base de su reproducción ampliada, es el momento para las colonias de recibir un formidable aporte de capital desde el exterior. Y justamente aquí entra en juego la modificación de la estructura misma de estas formaciones sociales. Porque el territorio que abarca esta transformación se extiende por el conjunto de la totalidad social.

La penetración de capitales extranjeros tenía por objeto, qué duda cabe, provocar la máxima expansión de las actividades exportadoras y, en consecuencia, profundizar el proceso de centralización de la economía colonial en torno al sector exportador. Y el medio consistió en promover el desenvolvimiento general de las fuerzas productivas, invirtiendo (directamente) o financiando (con frecuencia de forma privilegiada) el desarrollo de los medios de producción (transporte, minería, etc.) y reformando la estructura agraria. Luego, a estos cambios debía corresponder una modificación profunda de las relaciones de producción, creando nuevas condiciones y formas de explotación del trabajo social.

En efecto, adaptar el sistema productivo agrario a las «modernas» condiciones económicas capitalistas, de producción de plusvalor y concurrencia al mercado mundial, demandaba esencialmente la «liberalización» de la tierra y de la fuerza de trabajo. Este es el origen del proceso de «reforma agraria liberal», que integra el mercado de tierras y de mano de obra al movimiento de la acumulación (extravertida) de capitales. Pero la organización social del sistema productivo conserva elementos peculiares:

[...] el asalariado típico, el proletariado completamente desposeído de medios de producción no fue [...] la forma de trabajo predominante. Entre el peonaje próximo a la servidumbre y el asalariado libre, sobreviven, y en muchos casos aparecen, toda una gama de situaciones intermedias (Santana Cardoso y Pérez Brignoli 1981, II: 31).

Lo que, sin embargo, no confiere a esos «sectores de producción no capitalistas» la capacidad de regir la reproducción de la fuerza de trabajo. La relación salarial no constituye, esto es cierto, la forma predominante de trabajo durante el proceso de transición al capitalismo en las colonias. Pero conviene no perder de vista que la sobreexplotación del trabajo a través de las exacciones serviles, proporciona excelentes condiciones para maximizar la participación del capital en las relaciones mercantiles internacionales. Por lo que diversas fórmulas de dependencia personal se mantendrán activas, al menos hasta que el arrendatario capitalista (directa o indirectamente siempre relacionado con el capital extranjero), adquiera la propiedad de las tierras y generalice las relaciones capitalistas en la agricultura.

En cualquier caso, un factor esencial se mantiene constante: la naturaleza de la dependencia colonial respecto de los centros metropolitanos, que se sigue substanciando en torno al control del proceso de acumulación de excedentes. Un control que, en última instancia y con independencia del modo de producción dominante en la colonia, es ejercido y permanece al servicio de intereses externos a esas formaciones periféricas. La transición no crea un nuevo régimen de opresión para las colonias, pero cambia la organización social de su producción, el modo de producción.

2. BASES DE LA EXPANSIÓN IMPERIALISTA

A partir del último tercio del siglo XIX, el modo de producción capitalista configura una nueva fase de su desarrollo. La progresiva concentración y centralización de la producción en forma de monopolios introduce una tendencia determinante hacia la substitución, o -cuando menos- limitación, de la libre competencia que lo venía caracterizando. La consolidación internacional del capital financiero representa la formulación más acabada de este proceso. Aunque, como es sabido, se trata de un período no exento de trágicas tensiones.

Este capital financiero, que resulta de la estrecha asociación entre las funciones bancaria y productiva del capital, proporciona ahora el ámbito de realización para el nuevo movimiento de acumulación capitalista. No obstante, la puesta en valor del capital, su reproducción ampliada, requiere incrementar su cristalización en medios de producción. En consecuencia, se hace preciso reducir el empleo de fuerza de trabajo, dando lugar a la inevitable disminución de los valores adicionales que agrega al capital en función productiva. Ahora bien, ese fenómeno de concentración atrae continuamente nuevos capitales al sistema de monopolios industriales, en un permanente proceso de centralización que, al mismo tiempo, involucra cada vez más la producción en el sistema crediticio y bancario en general.

El resultado de ese crecimiento en la composición orgánica del capital en el plano industrial introducía una «amenazadora» tendencia al descenso en las tasas de ganancia capitalistas. En compensación, se recurrió a la exportación de capitales y al uso más intensivo de las fuerzas productivas, en particular a través de la sobreexplotación de la fuerza de trabajo y de las materias primas en las colonias. Entre 1862 y 1914,

[...] el capital invertido en el extranjero por los tres países principales [Inglaterra, Francia y Alemania] era de 175 mil millones a 200 mil millones de francos. La renta de esta suma, tomando como base el modesto tipo del 5%, debe ascender a unos ocho o diez mil millones anuales (Lenin 1981: 732).

Y hasta 1914, el imperialismo se vuelca en una expansión colonial que centra su objetivo en los sectores primarios de la economía y en los medios de producción, factores que demandan enormes volúmenes de capital. Pero afrontando también la contradicción de tener que contener el potencial industrializador de las colonias, que hubiera restringido la cuota de mercado para sus productos industriales2.

Como es natural, los grupos inversores intentaron, por una parte, dotar a ese desarrollo colonial de un carácter complementario de sus actividades metropolitanas y, de otro lado, asegurarse la reserva de los mercados coloniales en los que negociaban. Una estrategia que hacía cada vez más necesaria la intervención, todavía ocasional, del Estado, para suministrar liquidez o estimular el movimiento económico. Bien a través de la financiación presupuestaria, bien por medio de la política fiscal, monetaria o comercial, los monopolios se benefician de la regulación estatal del mercado financiero, de tarifas comerciales y fiscales con tipo preferencial o de programas de investigación científica y aplicada, por ejemplo.

La posesión de colonias constituye la garantía principal de la reproducción (activa o potencial) del monopolio. La consistencia de la concentración monopolista quedaba, igual que para el viejo mercantilismo colonial, estrechamente ligada al control (político y económico) de las fuentes de materias primas y de los nuevos mercados. Por eso, el «reparto del mundo» entre los consorcios transnacionales, primero, y las grandes potencias capitalistas, después, se convirtió en un factor tan necesario como desestabilizador para la reproducción ampliada del capitalismo imperialista.

Pero, a partir de la Primera Guerra Mundial, emergen tendencias nacionalistas en las colonias, que ven la ocasión de activar sus propias palancas de acumulación. Y en esa línea, ensayan ciertas medidas restrictivas para la expansión del capital extranjero. Durante un tiempo, al igual que sucede en la Segunda Guerra Mundial, suministran materias primas agroalimentarias e industriales a los estados beligerantes y desarrollan algunas manufacturas básicas que habían sido descuidadas por éstos durante el conflicto. Y aunque el capital monopolista en su conjunto inunda los mercados con prácticas de dumping comercial, al tiempo que tolera las producciones coloniales que complementan su oferta, la fracción fascista del imperialismo no tardará en intentar satelizar directamente a otros centros capitalistas competidores.

El desarrollo capitalista había superado la fase concurrencial y entraba definitivamente en la era de los monopolios. Ya desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, era evidente que el capitalismo operaría cada vez menos a través de la libre competencia en los mercados. Dos nuevos instrumentos contaban ahora: los sectores público (estatal) y monopolístico.

I

DONDE LATEN LAS REFORMAS

1. RASGOS DE LA COYUNTURA EN CANARIAS

Cuando en la transición al presente siglo (en particular, entre 1880 y 1920), el capital extranjero empieza, por una parte, a invertir en infraestructuras y, por otra, a reconvertir la agricultura a las «modernas» formas productivas del capitalismo, se abre una nueva época en la explotación colonial del Archipiélago. Desde ahora se procede a la mercantilización de dos valores productivos fundamentales: la tierra y la fuerza de trabajo. El arrendamiento capitalista y la asalarización van desplazando progresivamente a las tradicionales relaciones de servidumbre. Emerge, por tanto, un nuevo tipo de relaciones de producción, que crea un trabajador aún más desposeído que los viejos aparceros: el «esclavo del salario», tanto en el sector agrario como en los servicios (especialmente en las actividades portuarias, fabriles y comerciales)3.

No obstante, se trata de un proceso donde la histórica insularización de la explotación colonial, a través del caciquismo agrario, actúa todavía con extraordinaria eficacia para el renovado proceso de acumulación capitalista. Hasta la creación, por ejemplo, de las federaciones obreras en la primera década del siglo, el movimiento obrero canario no consolida cierta acepción clasista en sus postulados orgánicos e ideológicos, que había inaugurado en 1900 la Asociación Obrera de Canarias. Con anterioridad, el control que ejerce la clase dominante sobre las viejas sociedades mutuales y los gremios resulta casi hegemónico. Y, justamente, la Ley de Cabildos viene a ratificar, en una fecha tan tardía como 1912, esa parcelación insular del poder político en beneficio de las oligarquías locales.

Con todo, la estructura económica sigue caracterizada por una profunda dependencia del exterior. La promulgación de la Ley de Puertos Francos en 1852, ratificada en 1870 y en 1900, confirma ese régimen de extraversión, que privilegia el comercio exterior sobre la construcción de un aparato productivo interno. Sirva de ejemplo que, a pesar de la tendencia general al descenso en las superficies cultivadas y en la producción durante el primer tercio del siglo, se registra una fase de exportación de cereales a España entre 1916 y 1921, cuyo rubro principal lo constituye un producto tan cotidiano como el trigo4. Y por si fuera poco, en Canarias se mantiene un modelo demográfico antiguo hasta 1940, lo que se traducía en una presión creciente sobre la demanda de bienes básicos de consumo.

La evolución industrial no adquiere un volumen realmente apreciable, salvo en el sector tabaquero, hasta comienzos de los años treinta, pues en el pasado apenas cubría la demanda de consumo interior. La energía y los transportes concentran el principal aporte inversor, movido, como queda dicho, por el capital extranjero.

Por lo que bajo todas estas condiciones, tanto la competencia que fuerzan las importaciones de alimentos y de manufacturas, como la supresión, a partir de 1900, de los gravámenes a la introducción de harinas y cereales extranjeros, acaban por estrangular los mercados locales (o insulares) de subsistencias y las pequeñas actividades artesanales. El paro, la emigración y la sobreexplotación reclaman de nuevo el curso corriente que acostumbraban a desempeñar en la historia económica del Archipiélago.

La transición al nuevo siglo no puede presentarse más difícil para Canarias. Cuando aún no se había alcanzado una recuperación significativa tras el hundimiento de la cochinilla, la economía sufre otro revés al filo de la Primera Guerra Mundial, cayendo el saldo de la balanza comercial unas 80 mil pesetas de media entre 1913 y 1914 (Rodríguez y Rodríguez de Acuña 1981: 140). La difícil situación laboral y salarial de las clases trabajadoras, se agrava con el empobrecimiento y la proletarización de los pequeños propietarios ligados al cultivo de la grana. El salario, de unas escasas 3 pesetas de media para los hombres y de 2,25 para las mujeres (Brito 1980: 94), apenas llega a cubrir las necesidades más elementales de la subsistencia, según denuncia la propia prensa obrera de la época.

Sin embargo, todavía la respuesta sindical y política de la clase trabajadora no alcanza su estado de madurez. El predominio histórico de actividades y relaciones agrarias bajo un régimen de servidumbre, el lastre del analfabetismo y la desarticulación de los diversos sectores de una economía completamente dependiente y extravertida, son los factores objetivos más importantes que van forzando una creciente tendencia a la desintegración social. Las periódicas crisis que afectan a los cultivos coloniales de exportación, que repetidamente empobrecen o expulsan de la vida económica a buena parte de la población (emigración), tampoco contribuyen precisamente a reforzar los mecanismos de cohesión social. Aunque la definitiva vuelta de tuerca a estas condiciones generales de explotación, se instruye con el establecimiento del modo de producción capitalista en Canarias. El capitalismo viene a consumar una doble expropiación a los productores directos: en cuanto al control que éstos pueden aplicar sobre los recursos económicos y en cuanto a su capacidad para crear una conciencia productiva. (No se olvide que bajo el anterior régimen de servidumbre, los campesinos disponen todavía de ciertos medios propios de producción).

La represión sistemática que impulsa la dictadura primorriverista (1923 1930) contra las organizaciones sindicales, devuelve el movimiento obrero canario a sus niveles de inconsistencia y debilidad característicos hasta 1914. Justo en ese año del estallido de la Primera Guerra Mundial, había dado comienzo un ascenso considerable de su expresión organizativa y de sus elaboraciones ideológicas y políticas, cultivadas en un ambiente de mayor combatividad social. Un proceso cuyo asentamiento aparece ligado a la progresiva implantación del socialismo en el Archipiélago, aunque su carácter más bien reivindicativo, así como el absentismo político que esgrime la importante representación anarquista, privarán al movimiento obrero de obtener niveles superiores de desarrollo.

2. PRIMEROS IDEALES

Hijo de un carpintero de ribera, oficio que en ese primer cuarto de nuestro siglo entraba ya en crisis en La Palma, José Miguel Pérez termina sus estudios de bachillerato e inicia sus primeras colaboraciones políticas y literarias en la prensa local. Desde las páginas de Verdún, Verdad, Oriente o El Diario de La Palma, manifiesta muy pronto dos devociones particulares: las letras, llegando incluso a participar en algún certamen poético, y la denuncia de la injusticia social.

Lamentablemente, sólo hemos podido acceder a dos de sus artículos correspondientes a esta fase tan poco conocida de la vida del «maestro comunista». El primero, fechado en 1916 y publicado en Oriente, lleva por título «Conocer». El segundo, de 1919, aparece en Verdad con el expresivo título de «La Paz». Con todo, en ambos refleja una honda preocupación por la producción de conocimientos y su relación con el progreso social. Y aunque las diferencias con su pensamiento político posterior se aprecian marcadas con igual nitidez, exhibe desde entonces buenas dosis de la historicidad en la que impregna sus ideas.

Rara vez incursiona José Miguel Pérez en la pura abstracción teórica. La factura de los acontecimientos a los que asiste le resulta demasiado terrible como para producir reflexiones más o menos retóricas. Busca, por encima de todo, respuestas para desterrar una historia de injusticias y de explotación. Y quiere hallar esas alternativas en la propia experiencia social y en un conocimiento sin fronteras, abierto a cualquier impresión de los sentidos o de la razón. Ese, también, es acaso el origen de su talante escasamente dogmático en el ejercicio práctico y teórico de sus concepciones comunistas. La realidad y el estudio le llevarán a ir fundando su actividad en el socialismo científico, aunque más preocupado por su desarrollo práctico, por su traducción a la lucha de clases, que por cumplir con la ortodoxia ideológica. Después de todo, una vez que matiza su universalismo de los tiempos de juventud, le va interesando analizar, antes que cualquier otra cosa, la dimensión histórica y el alcance concreto de las luchas sociales, con un objetivo cada vez más preciso: cimentar una cultura revolucionaria en el seno de la clase obrera.

Desde los primeros años, establece una especie de imperativo moral en relación con la necesidad que obliga a los seres humanos a profundizar en el conocimiento, con el propósito de descubrir la verdadera función de los agentes sociales. Un conocimiento que el sujeto debe empezar por hacer introspectivo y que le proporcione, por un lado, la oportunidad de reconocer el estado de la sociedad y, por otro, la capacidad de actuar siguiendo altos principios éticos. Porque, en definitiva, esa «iluminación de la vida» por el saber induce a los seres humanos tanto a la ciencia como a la apología. Y he aquí el verdadero caudal que estima revolucionario en el conocimiento, «el corazón donde laten todas las reformas» y la rebelión contra la falsa conciencia y la explotación.

A simple vista su pensamiento parece otra versión laica, o mejor aún, naturalista del racionalismo deísta tan propio del krausismo, quizá la corriente que más profusamente circula en los ambientes liberales palmeros de comienzos de siglo. Sin duda, la Primera Guerra Mundial debió mover al joven bachiller a enfatizar los aspectos más idealistas de su discurso. De ahí que prefigure la armonía universal, forjada a través de un conocimiento que se arma en el trabajo, en el amor y en la paz social, como la condición necesaria para proyectar a los seres humanos hacia la conquista de la «Tierra Prometida». Un horizonte más natural que social, donde el individuo viviría su humanidad racional, su capacidad creadora, «alejado de la comunidad insensata de la sociedad» que coarta la independencia personal y vinculado a una naturaleza que integra las esencias diversas y cambiantes del mundo5.

 Sin embargo, aunque matizada por un sensualismo retórico, la concepción dialéctica del conocimiento (como reflejo de la realidad en la conciencia humana) se distingue perfectamente consolidada en su pensamiento. Por supuesto, convive todavía con cierto materialismo ilustrado, que confiere a la naturaleza y al conocimiento humano una relación capaz de fraguar bases universales para la ética y el progreso:

[...] no debemos creer en semejantes prejuicios [religiosos], pues sería atentar contra lo fecundo de la vida que está en el conocimiento de la vida misma y a su vez ese conocimiento lo admitimos como bien supremo porque comprendemos que como condición de la naturaleza humana, es lo más fecundo que ella contiene; lo que en su evolución constante nos traerá la luz del Cómo, el Porqué, la Esencia y el Modo de su Todo6.

Se trata, pues, de un conocimiento que es, a un tiempo, ejercicio e instrumento de diálogo con la naturaleza, pero que, además, se define por su función transformadora, como agente principal de un infinito proceso de perfeccionamiento humano. Y nada hará cambiar al maestro palmero estas convicciones, que resume en varias oportunidades a lo largo de su vida con una versión personal de cierto aforismo nietzschiano: «Conocer es vivir, 'vivir es inventar7.

Así, armado por entonces de un inconformismo rebelde, de una ilusión persuasiva y de alguna experiencia política en las filas del republicanismo isleño, se ve obligado, por la precaria situación económica de la familia, a emprender el camino de la emigración hacia tierras caribeñas, como antes lo hicieran dos de sus hermanos.

II

LA EXPERIENCIA CUBANA

1. DEPENDENCIA Y LUCHA DE CLASES

Cuba comienza la década de los años veinte atravesada por un agudo proceso deflacionario. Lejos de representar el momento «transitorio» de recesión que anuncian las autoridades, introduce ya elementos que precipitan la situación hacia claras condiciones de crisis económica.

En principio, la finalización de la Primera Guerra Mundial no afecta de forma desfavorable al sostenimiento de la demanda azucarera. Durante los años inmediatamente anteriores a la apertura de la crisis en 1920, se realizan importantes inversiones en el sector. La propia política crediticia de los bancos continúa tomando como base para sus operaciones de financiamiento a corto plazo las eventuales cotizaciones favorables del azúcar. Cuando se desencadena la crisis, existen en el mercado financiero nada menos que «80 millones en obligaciones a corto plazo sobre azúcares cotizados de futuro a $0.10 la libra o más» (Le Riverend 1973: 170). Naturalmente, cualquier variación a la baja de los precios dejaba en descubierto esas obligaciones.

Muy pronto el azúcar cubano tuvo que modificar sus precios de venta; se trataba de asimilar la diferencia desfavorable introducida por la aplicación de nuevos aranceles decretados por las autoridades norteamericanas. En la práctica, terminaba así la situación de reciprocidad que mantenían ambos estados en las relaciones de intercambio mercantil desde 1903:

Un caso único, en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, fue el tratado de reciprocidad firmado con Cuba en 1903. El azúcar obtenía un trato preferencial (20% menos que la tarifa de cualquier otro país) en el mercado norteamericano; ciertos productos de Estados Unidos lograban un trato equivalente en el mercado cubano (derechos entre 20 y 40% más bajos que los acordados a otros países) (Cardoso y Brignoli 1981, II: 161).

La caída de los precios del azúcar precipita a la economía en una perniciosa espiral de especulación e insolvencia. Sin solución de continuidad se produce una retirada masiva de los depósitos bancarios, lo que obliga a las entidades financieras a reclamar con urgencia unos créditos que ya no podían ser saldados. En consecuencia, se encadenan las suspensiones de pagos y las quiebras de los bancos, hasta un total de 18 entre 1921 y 1922 (Serviat 1965).

La escalada deflacionaria se activa de forma automática: al descenso de precios sigue el de los salarios, la moneda se encarece y disminuye la capacidad adquisitiva de la población, mientras el coste de la vida no había dejado de crecer desde 1912. El comercio interior, la pequeña industria o las actividades agrarias al margen de la caña o el tabaco prácticamente desaparecen de la producción, despreciadas por la banca extranjera, la única que en ese momento disponía de cierta solvencia financiera.

Justo en 1921, el año de la llegada de José Miguel Pérez a Cuba, accede a la presidencia Alfredo Zayas (1861 1934). La administración norteamericana impone al nuevo Gobierno un plan de estabilización declaradamente intervencionista. De una parte, se propone solucionar la crisis económica mediante la contratación de un empréstito con la banca de aquél país, lo cual, en la práctica, significaba colocar la actividad estatal cubana bajo fiscalización del capital norteamericano. Y de otro lado, reclama una «moralización» administrativa del Estado para hacer frente a esos compromisos, lo que debía traducirse en una reforma constitucional y en una minoración del presupuesto.

Por tanto, el maestro palmero encuentra una grave situación de crisis económica y un sistema político sólo formalmente democrático y, de hecho, absolutamente intervenido por la administración norteamericana. Las transnacionales controlan en su integridad las principales fuentes de riqueza de la Isla y, por consiguiente, el movimiento general de su economía. Ya en 1913, sólo las inversiones británicas y norteamericanas superaban los 400 millones de dólares8.

Pero también aguarda a José Miguel Pérez un movimiento obrero muy activo desde la independencia del país. Muy pronto importantes sectores de la clase trabajadora se habían percatado del fondo político de la angustiosa situación laboral. Como consecuencia, los márgenes tradicionales del sindicalismo corporativo y de los partidos reformistas empiezan a ser cuestionados desde fechas muy tempranas. Sin embargo, la burguesía no sólo reacciona haciendo uso de todo el arsenal jurídico y represivo del Estado y de las fuerzas de intervención norteamericanas. Además, crea diversas organizaciones laborales amparadas y controladas por el Gobierno.

Pese a todo, las luchas obreras y populares adquieren cada vez mayor consistencia. Demandas políticas, acciones de sabotaje y boicot figuran rápidamente entre los contenidos reivindicativos y las formas de lucha que adopta el activismo laboral, bajo fuerte influencia del anarcosindicalismo desde 1880. Sólo cuarenta años después se constatarán los cambios que denotan un estado superior en su desarrollo. La necesidad de dotarse de fórmulas organizativas menos ocasionales y más sólidas, se presenta madura en los sectores más avanzados de la clase trabajadora a la altura de 1920. Por entonces, a finales del mes de noviembre, se constituye la Federación Obrera de La Habana. El nuevo sindicato recluta sus principales apoyos entre los obreros de los ferrocarriles y del azúcar, dos de los sectores sujetos al control del capital extranjero. Una vez más, el crecimiento de la conciencia de clase aparecía estrechamente ligado a la oposición antiimperialista. Aunque, con todo, no será hasta el año 1925 que las diferentes corrientes del movimiento laboral concurran en Cienfuegos a la celebración de un congreso obrero. Como resultado más importante, destaca la creación de la Confederación Nacional Obrera de Cuba (CNOC), que se adhiere a la Internacional Sindical Roja (Profintern).

Este proceso de consolidación orgánica y política de los trabajadores obligará bien pronto a la clase dominante a optar por la dictadura. En esta primera mitad de los años veinte, el flujo de propaganda revolucionaria española (que se venía produciendo desde principios de siglo), incita la aparición de una combativa corriente comunista en el seno del movimiento obrero cubano. En 1922, un grupo notablemente radicalizado en sus planteamientos políticos e ideológicos, y del que ya forma parte José Miguel Pérez, provoca la ruptura de la Agrupación Socialista de La Habana con la Segunda Internacional, terminando por escindirse y constituir, al año siguiente, una Agrupación Comunista en la capital. El camino hacia la fundación del Partido Comunista contaba así con su eslabón más notorio.

2. LA FUNDACIÓN DEL PARTIDO COMUNISTA

Desde el mismo año (1921) de su arribo a la isla de Cuba, José Miguel Pérez ingresa en la Agrupación Socialista de La Habana y apoya el fortalecimiento de una corriente marxista en su seno. Dirige este sector revolucionario un representante señero del movimiento obrero, Carlos Baliño, antiguo militante anarquista, compañero de José Martí en la lucha de liberación nacional y uno de los primeros divulgadores del marxismo en Cuba. Pero en poco tiempo se consuma la ruptura tanto en el plano político como en el terreno organizativo, y en marzo de 1923 se separa del socialismo la Agrupación Comunista de La Habana.

Los principios políticos que postula la nueva organización resumen la constante internacional que venía apuntándose desde 1919: defensa de la Unión Soviética, reconocimiento de la autoridad orgánica e ideológica de la Internacional Comunista (o Comintern) y desarrollo de una línea de masas en función de la táctica de frente único del proletariado. Dichas tesis encuentran pronto dos plataformas de expresión: de una parte, la divulgación teórica a través de un órgano periódico de agitación y propaganda, la publicación Lucha de Clases; y, simultáneamente, las acciones revolucionarias de masas.

Los resultados son alentadores. En dos años se constituyen otras organizaciones comunistas en Manzanillo y Media Luna, en la provincia de Oriente, y en San Antonio de los Baños y Guanabacoa, también en La Habana, así como una célula de emigrados polacos de origen judío en la propia capital. Dos años de intensa participación en las luchas obreras, con el propósito de incorporar al activismo de masas tanto el ideario comunista como los argumentos antiimperialistas.

La primera conclusión relevante de este proceso se formaliza en 1925. Ese año se funda el primer partido marxista leninista de Cuba, cuya dirección recae, como se ha dicho, en José Miguel Pérez, «el isleño», como era conocido en los círculos obreros y populares. Una dirección en la que participan también personajes muy destacados del movimiento revolucionario: Julio Antonio Mella, que substituye al maestro palmero en la Secretaría general del partido cuando éste es deportado a España, José Peña Vilaboa, Alejandro Barreiro o el propio Carlos Baliño.

El partido político de la clase obrera cubana, compuesto básicamente por obreros y algunos militantes procedentes de la pequeña burguesía, no tarda en fortalecer sus vínculos con el movimiento proletario (si bien no alcanza todavía posiciones mayoritarias). Expresión de un nuevo estado en la formación y desarrollo de la conciencia nacional y clasista de las masas populares, no es menos cierto que también recibe una influencia definitiva de manos de la Internacional Comunista y, en particular, a través del Partido Comunista de México (el más desarrollado del área caribeña). La inquebrantable adhesión que muestra la naciente organización a las tesis de la Internacional, define así mismo una de las características permanentes en el pensamiento político del maestro palmero. Más aún, el triunfo a mediados de los años veinte en la Internacional Comunista de las tesis referidas a la defensa de la Unión Soviética y a la construcción del socialismo en un sólo país, apenas representa para José Miguel Pérez la confirmación de una posición meditada y asumida desde hacía ya tiempo. Tal era su convencimiento del carácter mundial del proyecto leninista, así como del valor de las conquistas obtenidas por los trabajadores rusos en 1917 para el conjunto internacional del proletariado.

José Miguel Pérez no dudó en calificar al imperialismo como el enemigo principal que, a escala mundial, impedía el desarrollo de los objetivos emancipadores de la clase obrera. Su derrocamiento, por tanto, sólo podía ser efectivo en ese mismo ámbito. De ahí su activa colaboración en la Liga Antiimperialista dirigida por Julio Antonio Mella, que se había marcado como finalidad esencial combatir internacionalmente la expansión monopolista del capitalismo. Pero no cabe duda que éste era también un combate muy cercano además de inmediato. La injerencia norteamericana en la economía y en la política cubanas constituía un hecho perfectamente claro para la generalidad del pueblo. Siempre que el crecimiento de las organizaciones obreras y populares amenazaba con elevar los contenidos revolucionarios de la lucha de masas, los sucesivos gobiernos de la burguesía recurrieron a las leyes de excepción, a la represión masiva o, incluso, a la intervención militar para conservar el poder.

Es por esto que la consigna de frente único, auspiciada desde 1922 por la Internacional Comunista (y que incluye una temprana referencia antifascista), representó, en realidad, algo más que una táctica definida exclusivamente en función de las necesidades de la política exterior de la Unión Soviética. Ya en 1921, el tercer congreso de la Internacional Comunista había decidido «ir a las masas», elaborando en el primer pleno del Ejecutivo (EKKI) las Tesis sobre el frente único proletario, táctica que debía organizar la resistencia del movimiento obrero internacional ante la ofensiva capitalista tras la Primera Guerra Mundial.

Pero, como recordará José Miguel Pérez en todo momento, el cuarto congreso de la Internacional (1922) precisa que este frente único constituye tan sólo un tipo de alianza política que, excluyendo el compromiso ideológico y, más aún, cualquier fusión orgánica con los socialistas, tiene por objetivo restar a la influencia socialdemócrata aquél proletariado más inclinado hacia las tesis bolcheviques. Y fue, mejor que ningún otro, el frente unido antiimperialista el que con más precisión concretó esta fórmula.

En realidad, la bolchevización que recorre las secciones de la Internacional a partir de 1923 perseguía la afirmación de la personalidad internacional del comunismo, no tanto la mera satelización de las diversas formaciones nacionales por el centro soviético (por lo menos hasta el giro frentepopulista). En esta línea debe entenderse la constitución del Partido Comunista de Cuba y de otras tantas secciones de la Internacional, es decir, ante todo, como instrumentos de organización de la lucha revolucionaria de las masas.

Adscrito por completo a estos principios internacionalistas, José Miguel Pérez accede a la secretaría general del Partido Comunista de Cuba y, durante los pocos días que puede desempeñar sus funciones, se esfuerza por llevar a la práctica esta política, que sigue desarrollando posteriormente en Canarias.

En efecto, al mismo tiempo que denuncia abiertamente (en Cuba en el año 1922 y en Canarias en 1933) la penetración de «agentes burgueses en los medios obreros», procura hallar a cada instante el medio de proteger la unidad de acción de las fuerzas populares. Un esfuerzo que le exige preservar los principios comunistas y los objetivos políticos que consideraba necesarios para hacer avanzar las posiciones de la clase trabajadora, pero que, a su vez, desarrolla a partir de la aplicación de una dirección política (táctica) suficientemente sensible o flexible ante el estado de la lucha de clases y la correlación de las fuerzas políticas en conflicto. Todo con un objetivo central: la conquista del poder por los obreros y campesinos, primera fase de ese otro proceso más largo (estratégico) que debía producir una sociedad nueva, sin clases sociales.

3. EL ARMA DE LA CULTURA

Casi inmediatamente después de su llegada a tierras cubanas en 1921, José Miguel Pérez se vincula a las organizaciones obreras. Al mismo tiempo que imparte clases en el colegio «Santo Tomás», una institución privada de la capital, pretende convertir su formación de bachiller en un ejercicio político. En el mes de junio de ese mismo año, la Agrupación Socialista de La Habana, a la que pertenece, le invita a pronunciar una conferencia en el Centro Obrero9. El joven profesor enuncia, entonces, una de las ideas que caracterizan su compromiso intelectual y político: la necesidad de crear una cultura para la transformación de la sociedad.

Según lo entiende, la clase dominante privatiza el conocimiento científico y artístico, sin que éste llegue realmente a formar parte del patrimonio de la humanidad. El control religioso sobre la enseñanza y, más aún, el monopolio burgués sobre la producción de bienes materiales e intelectuales, mantienen a las masas populares en la más absoluta ignorancia de las verdaderas fuentes del progreso social. Un progreso que requiere otra sociedad, donde todos los seres humanos puedan desarrollar individual y colectivamente sus conocimientos, fruto de la observación y el análisis de la realidad natural y social en la que actúan. Por eso en repetidas ocasiones demanda la ruptura de los trabajadores con las manifestaciones y los medios de la burguesía. Y, afirmado en sus convicciones por la experiencia revolucionaria de Rusia, defiende una estrategia independiente para la clase obrera, basada en la movilización de todas las formas de conocimiento hacia un objetivo central: producir y desarrollar ese cambio revolucionario.

En consonancia con esta concepción más bien culturalista de la acción política, desde el primer momento despliega una constante actividad de divulgación del pensamiento socialista. Imparte numerosas conferencias por los centros obreros y colabora con asiduidad en diversas publicaciones como Nueva Luz, Justicia, El Boletín del Torcedor o Espartaco, la revista para la que el histórico dirigente obrero Carlos Baliño solicita su colaboración y la de Sara Pérez García, una joven cubana de ascendencia palmera, que en 1922 se había convertido en su esposa.

También en octubre de ese año, la Federación Obrera de La Habana lo reclama como profesor y director de la Escuela Racionalista. Se trata, en principio, de un proyecto docente que pretende instruir a la juventud popular en una ideología revolucionaria, empleando para ello una enseñanza de base científica. Tres meses más tarde, el proyecto incorpora también una escuela nocturna para trabajadores de ambos sexos.

El plan docente, al que José Miguel Pérez dedica varios artículos10, se inspira por completo en el sistema de enseñanza de la Escuela Moderna, ensayado por Fransesc Ferrer i Guardia (1859 1909) en Cataluña a comienzos del nuevo siglo. Como explica Pere Solà, doctorado en filosofía de la educación con una tesis acerca de la pedagogía racionalista catalana:

La Escuela Moderna fue un intento más o menos coherente de conjugar en un proyecto renovador de la enseñanza elementos ideológicos masónico racionalistas (burgueses ilustrados) y elementos de crítica libertaria de la escuela, de la sociedad y de la apropiación burguesa de la ciencia positiva (Solà 1976: 28 29).

Un modelo que el maestro palmero considera como el medio más racional para desarrollar en el niño sus capacidades naturales, ejercitadas en la percepción sensorial, la práctica y la comprensión gradual sin coacciones. Es decir, una aplicación pedagógica del naturalismo darwinista y del racionalismo comtista (dominante por entonces en la concepción de la ciencia).

En cambio, cuando en noviembre de 1923 se crea la Universidad Popular «José Martí» por iniciativa del Congreso de Estudiantes Universitarios, José Miguel Pérez no oculta su inicial desconfianza hacia una alternativa que partía de elementos burgueses11. La necesaria instrucción intelectual y social del pueblo trabajador, su progresión moral y su capacitación combativa, no podía contar entre sus soportes con un programa «exclusivamente pedagógico», reproducción de la aparente neutralidad burguesa respecto de las contradicciones que recorren la sociedad.

Pero en el verano del año siguiente, una vez que la corriente obrera de la Federación de Estudiantes ha impuesto su línea de renovación educativa, José Miguel Pérez contribuye al desarrollo de la Universidad Popular12. De nuevo, quiere hacer de la pedagogía un vehículo de emancipación.

Al problema de la producción y socialización de los conocimientos, dedica el maestro palmero gran parte de su obra periodística, e incluso poética, durante su estancia en Cuba. Tarea que despliega con verdadero entusiasmo y constancia, como reconocen sus propios alumnos en un manifiesto de condena emitido con motivo de su detención en 1925:

Nuestro profesor, José Miguel Pérez, ha sido secuestrado, cometiéndose un nuevo atentado al derecho de los individuos, a la ciencia y a la pedagogía. El profesor José Miguel Pérez, ama la justicia, la ciencia y sobre todo el magisterio. Para nosotros siempre tenía palabras de aliento y la luz de los conocimientos nos la daba pródiga. Quería ser querido de todos y lo era. Quería que todos fuéramos útiles a la sociedad sin mezquinos egoísmos, sin ruindades y nos orientaba noblemente. Por eso ahora, al ser violentamente arrancado de su hogar y de su escuela, sus alumnos protestamos, pues el atentado va dirigido contra el hombre que piensa, contra la ciencia que emancipa, contra el padre enamorado de su hogar digno y contra el compañero de los oprimidos (Instituto de Historia del Movimiento Comunista 1977: 19).

Con toda seguridad, en esos cuatro años de residencia en Cuba configura lo esencial de su pensamiento. Pero será en Canarias, y en particular en la isla de La Palma, donde podrá cristalizar políticamente la experiencia adquirida en la isla antillana. Una experiencia, por cierto, ligada en gran medida a una intensa actividad docente que nunca abandonará.

III

EL EMPEÑO REVOLUCIONARIO

1. LA ILUSIÓN REPUBLICANA

Después de sufrir el machadiato, como se conocía en Cuba al Gobierno dictatorial de Gerardo Machado (1871 1939), José Miguel Pérez tiene que afrontar otra dictadura a su regreso forzoso al Archipiélago, en 1925. En esta ocasión se trata del Gobierno del general Primo de Rivera (1870 1930). Sin embargo, esto no le impide tomar contacto con los pequeños núcleos obreros que existen en la Isla. Y en poco más de dos años organiza el grupo Espartaco y la Juventud Comunista de La Palma (1928), embriones del futuro Radio isleño del Partido Comunista de España (1932). Pero aunque el objetivo inmediato de este grupo, declaradamente marxista, consiste en la reorganización sindical del proletariado, lo cierto es que su opción táctica en estos primeros momentos asume una apuesta aparentemente contradictoria: la colaboración política con la sección reformista de la clase dominante.

Con el derrumbe de la Dictadura, la vida social y política fue adquiriendo intensos tonos regeneracionistas. Desde los sectores más jóvenes e ilustrados de la burguesía media, se impulsan las primeras manifestaciones de revitalización orgánica e ideológica de la sociedad. Mediante activas campañas de prensa y a través de numerosos actos públicos, la oposición republicana, que absorbe en su mayor parte esta corriente, promueve la participación y el asociacionismo ciudadanos para terminar con una «crisis política secular».

En realidad, esta revisión no perseguía otra cosa que ajustar el modelo de dominación a las necesidades impuestas por el desarrollo del capitalismo. Por supuesto, el viejo sistema caciquil, más o menos retocado por las relaciones salariales, seguía siendo eficaz como régimen de explotación para esa estrategia de obtención de plusvalor. Pero igual que el comercio exterior imponía una reformulación capitalista al movimiento económico de la empresa agraria, el rígido orden monárquico, que hegemoniza el Partido Conservador, debía buscar acomodo político a las diversas fracciones de la burguesía urbana y a la emergente clase obrera. El programa republicano, al que se agrega el Partido Liberal, pretendía el engarce de estos sectores en una democracia representativa.

Nada parecía justificar que los comunistas se lanzaran a una lucha abierta contra la burguesía. La modesta arquitectura organizativa del movimiento obrero palmero permanecía todavía bajo neta influencia del republicanismo. Apenas contaba con unas pocas sociedades culturales y de socorros mutuos (como el «Urcéolo Obrero», el «Gremio de Tabaqueros» o el «Amparo del Obrero»), domiciliadas hasta 1930 en los parámetros asistenciales y gremiales que marcaba la clase dominante:

[...] antes de constituirse la Federación, solamente existían en esta isla cuatro sindicatos, casi en estado de desorganización: «Oficios Varios», de Tazacorte; Tabaqueros, de Los Llanos. Tabaqueros, de esta ciudad, y Dependientes, también de esta ciudad13.

Sólo la implantación de la Federación de Trabajadores, por iniciativa de los comunistas, organiza la actividad política del proletariado en torno a las modernas concepciones de la lucha de clases. En las comarcas del centro y del sur de la Isla, donde las relaciones capitalistas de producción habían fraguado en la agricultura de exportación, en la industria del tabaco, en el comercio y en los servicios, crece hasta comienzos de 1933 un movimiento todavía más reivindicativo que revolucionario en su línea de acción sindical. Pero desde los primeros meses de este año, los comunistas logran imprimir a las luchas obreras un carácter cada vez más político, al que no es ajeno la agudización de la conflictividad social tras la ofensiva burguesa desplegada a partir de noviembre (Cabrera Acosta 1991a: 413 y 424).

En ese momento, el grupo Espartaco consuma una doble ruptura iniciada en el segundo semestre de 1931: con el nuevo régimen, en general, y con las fracciones republicana y socialista de la burguesía, en particular, por lo menos hasta su posterior confluencia en el Frente Popular. Los dirigentes comunistas se convierten entonces en el blanco principal de los continuos ataques que lanza la oligarquía local, incapaz ya de conducir el pujante movimiento obrero hacia posiciones reformistas.

Pero la clase dominante también toma posiciones. El asociacionismo patronal se vertebra en organizaciones como el Sindicato de Fabricantes de Tabaco de La Palma o la Asociación Patronal de la Industria y del Comercio. Además, desde marzo de 1933, Acción Popular Agraria, que congrega la representación política de grandes empresas exportadoras y de la vieja terratenencia insular, lanza una oferta de alianza al resto de las fuerzas políticas afines, que se concreta en el mes de octubre como Unión de Derechas. Con un propósito apremiante: contener la creciente consistencia y autonomía del movimiento obrero organizado. Pero también se anuncia ya una crítica terminante a la debilidad de la administración republicana, acusada de ineficacia en la protección del orden social.

La represión laboral se generaliza: obreros huelguistas detenidos, censura de prensa, clausura de sindicatos, multas, encarcelamiento de dirigentes... Y, por si fuera poco, la situación se encona aún más cuando la crisis de las exportaciones, agravada a partir de 1933, extiende una importante secuela de paro, que la recesión de las obras públicas termina por elevar a índices masivos. Pese a lo cual, el movimiento obrero adopta por toda respuesta un repliegue sindical hacia posiciones defensivas, fruto de la dirección reformista cultivada hasta entonces. Y aunque se salda a favor de las tesis comunistas la lucha de líneas abierta (1933) en el seno de la Sociedad de Oficios Varios de Tazacorte, y la Federación aumenta su fuerza con la institución de dos nuevas Uniones Obreras en Tijarafe (1934) y Barlovento (1935), el repliegue, acaso más que la propia represión, cuartea la solidez de la alternativa proletaria (Cabrera Acosta 1991a: 413 416, 451 y 473 475).

Con todo, para una minoría de la clase dominante el acoso gubernativo no es suficiente. Visto que el régimen adolece de la energía necesaria para detener o reconducir el avance proletario, en poco tiempo una pequeña facción de la clase dominante se apresta, mediado el año 1934, a aparejar los primeros recursos fascistas en la Isla, aunque no tramita su legalización hasta abril de 1935 (Cabrera Acosta 1991a: 528).

No obstante, la distinción en el sindicalismo de clase en Canarias de una primera etapa reivindicativa y otra, de 1934 a 1936, de contenido más político (Brito 1980: 240-243), debe ser matizada en el caso del sindicalismo de orientación comunista que representa la Federación palmera. La principal aportación de la Federación de Trabajadores de La Palma al sindicalismo canario no fue otra que la incorporación de un proyecto y de una dirección políticas. Así, tanto en relación con su base social como por la naturaleza ideológica de sus posiciones políticas, Espartaco, la Federación, los círculos culturales proletarios y tantas otras manifestaciones que estimulan, sostienen o dirigen los comunistas palmeros se definen, al margen de los enfoques tácticos, como instrumentos de clara adscripción clasista y sentido revolucionario.

2. ESPARTACO

En 1930, con el concurso de seis sociedades obreras se constituye la Federación de Trabajadores de La Palma, cuyo órgano de expresión, el semanario Espartaco, quedará bajo la fuerte influencia y dirección de los comunistas. Sus páginas contienen buena parte de la producción teórica de José Miguel Pérez, aunque las colecciones más numerosas de esta publicación, conservadas en la hemeroteca de El Museo Canario en Las Palmas de Gran Canaria y en la Hemeroteca Municipal de Madrid, no están completas14. Así, por ejemplo, los números correspondientes a los nueve primeros meses de la publicación, entre agosto de 1930 y mayo de 1931, no han podido ser reunidos todavía.

Ahora bien, a pesar de esos vacíos que sin duda retienen más aportaciones del maestro comunista, su pensamiento político ofrece un cuerpo coherente por encima de la eventualidad periodística. Porque, en definitiva, bien cuando analiza la conversión capitalista de la economía canaria o bien cuando examina la naturaleza de los comportamientos sociales y políticos o aun cuando escruta la coyuntura de la lucha de clases en los terrenos nacional e internacional, en realidad pretende dar una explicación y una alternativa al único problema que, en última instancia, concita su acción política: el conocimiento de las condiciones para la emancipación del proletariado. Un propósito para el que moviliza una rigurosa aplicación de la dialéctica materialista.

La utilización de la prensa como soporte para la transmisión de ideas, conocimientos y experiencias sobre la realidad social adquiere a lo largo de la historia del Archipiélago una importancia especial. Siempre al margen de los centros de decisión política, la condición subalterna de la clase trabajadora dentro de la estructura social se impone como un obstáculo determinante para sus procesos de concienciación y de organización. Ciertos mecanismos económicos, como la sobreexplotación o la emigración, operan también como factores desarticuladores de cualquier proceso de cohesión o integración social de los trabajadores canarios. De ahí que la publicación de una prensa de clase representa un acto de afirmación política, que pone de manifiesto la consecución de un nivel de desarrollo organizativo e ideológico más avanzado. Sentido en el que Espartaco marca un rastro indeleble de esta trayectoria, contribuyendo de forma decisiva a su consolidación y profundización. Primero desde su condición de órgano de expresión de la Federación de Trabajadores de La Palma y, a partir de 1933, como portavoz oficioso del Partido Comunista de Canarias.

Espartaco ejercita una creativa combinación de diversas instancias del trabajo comunicativo, que se refieren en todo momento tanto a la información como a la ideología. No en vano su función, más política que estrechamente sindical, viene determinada por su carácter de instrumento de agitación y de propaganda de masas. Motivo por el cual aparecen unidos en un solo territorio las tres fronteras principales del activismo revolucionario: la conciencia, la organización y la movilización de la clase trabajadora.

Además, la incorporación a partir de 1932 de una sección dedicada al «panorama social de la Gomera» o la cuidadosa atención que se prodiga a la preparación de los congresos obreros regionales, representan pasos decididos en la tarea de romper con el localismo insular y generar unidades de mayor relieve en el movimiento obrero canario. Una necesidad que la propia dinámica de la lucha de clases le venía demandando, en particular a medida que las condiciones de explotación económica y de represión política se aceleran con el «bienio negro», la coalición radical cedista que gobierna desde finales de 1933 hasta febrero de 1936. La formación en agosto de 1932 del Frente Único Obrero, que agrupa a la Federación palmera y a organizaciones obreras de La Gomera y de El Hierro, o los llamamientos a la unidad regional de los trabajadores, para hacer frente a la clausura de los sindicatos y a los encarcelamientos que se repiten desde 1933, son algunos de los eslabones que confirman esta política unitaria que despliegan los comunistas15.

Espartaco, en cuyo comité de redacción figura siempre José Miguel Pérez, promueve el desarrollo de una política de frentes, inducida por los comunistas, que levanta como argumento central la unidad de acción de las fuerzas populares contra el capitalismo y la «reacción» (que en el lenguaje de la época hacía referencia al Ejército, la Iglesia y el Estado). Una concepción frentista ciertamente muy laxa, pues en un primer momento incorpora a la oposición republicana a la Monarquía. El apoyo expreso al candidato socialista en las elecciones a Cortes constituyentes (1931), que lo es en realidad al candidato de una Agrupación Socialista insular que, curiosamente, impulsa el propio grupo Espartaco, apuntaba ya esta orientación, que las activas campañas en favor de la Candidatura Obrera y Campesina de Frente Único (1933) o del Frente Popular (1936) no harán sino elevar a sus exponentes más conocidos.

La estrategia comunista que imprime José Miguel Pérez al movimiento de masas desencadena, pese a todo, el crecimiento, desconocido hasta entonces en La Palma, de una fuerza obrera organizada, dispuesta a radicalizar la lucha de clases y a asumir la construcción del ideario socialista.

3. CUESTIONES DE TÁCTICA Y ESTRATEGIA

Cuando en 1931 se produce el establecimiento del régimen republicano, José Miguel Pérez advierte de los márgenes exclusivamente políticos en los que se desenvuelve este cambio: la naturaleza clasista del Estado permanece inalterable y, todo lo más, se introduce una nueva arquitectura política en la dominación del capital. No obstante, presume, en un primer momento, que la República aportaría a la clase trabajadora mejores condiciones para desarrollar sus derechos democráticos, proscritos durante la monarquía borbónica. Pero el programa del Gobierno provisional, por el contrario, recoge tan sólo algunas aspiraciones generales, como el aumento del empleo, el plan de escolaridad, la «reorganización» del ejército, etc. Lo que conduce a José Miguel Pérez a insistir en la necesidad de avanzar en la dimensión revolucionaria abierta por este cambio, como la mejor expresión del ejercicio de la soberanía popular.

Con la proclamación de la República debía cubrirse un primer acto democrático de la revolución socialista, la fase inicial de un proceso político que removiera toda la organización de la vieja sociedad feudal. Ni el ensayo restauracionista ni el recurso a una dictadura, habían servido para conciliar los intereses de las clases dominantes: la vieja oligarquía cerealista y ganadera, por un lado, y las diversas fracciones de la burguesía, por otro. La resistencia de las estructuras feudales y el precario desarrollo del capitalismo español dejaban, de nuevo, al descubierto su tradicional conflicto de hegemonía, que los trabajadores tenían que aprovechar para profundizar en la lucha de clases, en su «defensa contra la explotación».

Aunque José Miguel Pérez observa la insuficiencia de un cambio puramente formal en la organización política del Estado, también es consciente de la debilidad que todavía arrastra el movimiento obrero. La penetración en la agricultura del «capitalismo arrendatario extranjero» amenazaba con situar definitivamente al campesinado bajo la «esclavitud del salario», convirtiendo a los antiguos medianeros en peones asalariados. Por tanto, el fenómeno de substitución de las relaciones feudales de producción por las capitalistas empezaba a ocasionar la ruina y la miseria del pequeño y mediano campesino, aumentando así las filas de una clase trabajadora aún desarticulada social y políticamente. Cualquier alternativa revolucionaria tenía que partir de un criterio básico: la autonomía política de la clase obrera, organizada en estructuras propias, unitarias e independientes de la influencia burguesa. Lo cual precisaba todavía de una acumulación de fuerzas que no había hecho más que empezar. Por eso el inicial acercamiento del grupo Espartaco al republicanismo, primero, y al Partido Socialista (PSOE), después. Una línea política, la del frente único, que, en la práctica sindical y aunque el comunismo se llegue a configurar a partir de 1933 como opción partidaria, no será abandonada ni siquiera cuando se produzca, como sucedió en Cuba, la ruptura con el socialismo.

Por tanto, José Miguel Pérez formula una interpretación etapista de la revolución social. La transformación tenía que arrancar en una primera fase de liquidación democrática o burguesa de los residuos feudales, fundada en la lucha de masas (bien entendido que, en realidad, se trató de una lucha más sindical que política). Y, a continuación, como consecuencia de la acumulación de condiciones y fuerzas revolucionarias, la lucha política se inclinaría hacia la institución de un poder obrero y campesino, encargado de preservar la edificación de la sociedad comunista. Perspectiva desde la que las contiendas electorales representan simples «accidentes» de la batalla política, cuya extensión admitiría el constitucionalismo únicamente en la medida que contribuyera a erradicar las arterias feudales de la antigua sociedad, asentando los derechos democráticos del pueblo trabajador16. Pero en absoluto debía constituir otra cosa que un medio al servicio de esa acumulación de fuerzas revolucionarias, lo que, desde luego, no estaba cumpliendo el vacilante régimen republicano.

En cambio, la dirección comunista española toma posiciones netamente divergentes a las del político canario. Acantonada en las proposiciones emitidas desde la Internacional, la táctica del PCE tendía a la constitución de soviets de obreros y campesinos, como toda respuesta a la instauración de la República. Las primeras instrucciones del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista (EKKI) confirman la posición española de no prestar ningún apoyo al Gobierno provisional, al que se califica de burgués, ni de sostener pactos con otras fuerzas políticas, en especial con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El PCE decide entonces practicar una oposición de izquierdas en el seno de las organizaciones obreras. Tales eran los presupuestos de la Internacional Comunista, que reconocían en España condiciones similares a las de Rusia en 1917, optando por copiar la experiencia soviética (Bullejos 1979: 42).

El conocimiento directo de dos dictaduras y de la actuación del imperialismo y, cómo no, el estudio de la densa trayectoria combativa acumulada por el movimiento comunista internacional desde 1919, proporcionan a José Miguel Pérez una visión muy clara de las tareas que aguardaban a un destacamento de vanguardia de la clase obrera. Otra cosa bien distinta fueron los indecisos resultados prácticos que consigue armar el proletariado palmero, drásticamente desmantelados por el golpe militar del 18 de julio.

El primer plano de las propuestas políticas del dirigente comunista lo ocupa la organización de la revolución. Convencido ya desde finales de 1931 del carácter revisionista del socialismo español e insular, sólo confía en la «violencia del proletariado organizado» para arrostrar la inmensa tarea de renovación social que se abría a la acción de los obreros conscientes. Pero de la necesidad de una «ruptura violenta que destruya el Estado capitalista»17. el comunismo canario sólo teoriza y concreta en la práctica las herramientas sindicales y, en menor medida, partidarias (ambas dentro de los márgenes de la legalidad burguesa). Cierto que José Miguel Pérez aporta abundantes reflexiones destinadas a esclarecer cada uno de los pasos que era preciso conquistar: en el terreno de las formas y de los métodos de lucha; en la aplicación de la línea de masas; y hasta en la definición del campo de las alianzas, de manera que, bajo cualquier circunstancia, prevaleciera la personalidad política del proyecto comunista. Pero esa tendencia a considerar una eventual colaboración con las facciones más progresistas de la burguesía, propia de una revolución por etapas y, mucho más, de la política de frentes populares que ampara la Internacional, no facilitó en absoluto la formación de un definitivo encuadramiento independiente para el proletariado canario. Buena prueba de ello fue la parálisis generalizada que atenazó sus filas ante el golpe de Estado, fiando la resistencia a la acción del Gobierno constitucional y no a la movilización de las masas populares.

Pese a todo, lejos de encerrarse en un localismo estéril e inconsecuente, el maestro palmero impulsa la política de frente único obrero y campesino por todo el Archipiélago. Tras la celebración, en febrero de 1933, del primer congreso regional del PCE en Canarias, al que le resulta imposible asistir, aparecen en sólo cuestión de meses las primeras formas orgánicas de esa política de unidad regional de la clase trabajadora. Desde octubre trabajan los comunistas en la creación de una plataforma electoral para acudir a las elecciones legislativas de noviembre. La Candidatura Obrera y Campesina que levantan integra a personalidades tan relevantes como el propio José Miguel Pérez, el obrero grancanario José Suárez Cabral (encargado por el PCE de organizar el partido en Canarias), el socialista gomero Fernando Ascanio (preso a consecuencia de los «sucesos de Hermigua» ocurridos en marzo) y el también socialista Domingo González (médico y maestro palmero). A partir de entonces se perfila un nuevo soporte político, el Frente Único Revolucionario, que las notables divergencias tácticas y estratégicas entre socialistas y comunistas harán inviable18.

Distintos factores obstaculizan, en suma, esa vertebración unitaria del conjunto de las fuerzas obreras de Canarias. Por lo que hace referencia a los factores políticos, no cabe duda que destaca la gran influencia de las opciones reformista y anarquista en el seno del movimiento obrero, además de las medidas represivas y antisindicales que interponen la burguesía canaria y el propio Gobierno español. En cuanto a los factores económicos, el agravamiento de la crisis a partir de 1933, con un descenso muy acusado del poder adquisitivo de los salarios y un incremento progresivo del paro, condicionó de forma poderosa cierta desorganización en la clase trabajadora (con independencia de la participación de otros factores históricos ya mencionados).

De cualquier manera, la formación del Partido Comunista había introducido ya un cambio fundamental en la concepción del movimiento obrero. Hasta entonces dominaba lo que podríamos designar como una línea de resistencia a la explotación capitalista, expresada en la política de conciliación de clases que practican los socialistas o en el recurrente activismo de los anarquistas. Los comunistas, en cambio, propugnan un programa de ruptura con esa explotación a través de una transformación revolucionaria de la sociedad.

Pero el peligro fascista se presumía inminente. El auge internacional del fascismo había superado bien pronto el tipismo italiano y retaba amenazadoramente al movimiento obrero y popular europeo. Una reedición de la coalición electoral de 1931, entre republicanos y socialistas, hubiera quedado claramente desautorizada por la acción crecientemente combativa de las masas (1934).

Sin lugar a dudas, José Miguel Pérez prefería profundizar en la táctica de frente único19. De hecho, en las elecciones de 1933 la Candidatura Obrera y Campesina había obtenido un importante respaldo en sus zonas de influencia (La Palma y norte de La Gomera), además del apoyo que recibe en La Orotava de parte del sector más radicalizado de la Unión General de Trabajadores (UGT). Respaldo que confirma al dirigente comunista la validez de la táctica que aboga por la unidad de la clase trabajadora, al margen de colaboraciones más estrechas con los «agentes de la burguesía en los medios obreros»20.

Para entonces, la Internacional Comunista promociona la tesis de los frentes populares, que defienden el búlgaro G. Dimitrov (1882 1949) y el italiano P. Togliatti (1893 1964): unificación de la clase obrera y de los movimientos populares en frentes de concentración antifascista, admitiendo, por ejemplo, la colaboración de la Unión Soviética con países capitalistas para «detener» al nazismo.

No obstante esta divergencia táctica, José Miguel Pérez asume la responsabilidad de impulsar las iniciativas de la Internacional. Y en mayo de 1936 emprende viaje a Madrid en calidad de compromisario del Frente Popular, para decidir acerca de la designación de Manuel Azaña (1880 1940) como presidente de la República. Al mismo tiempo, aprovecha su escala en Tenerife para participar en un mitin frentepopulista con motivo de la celebración del Primero de Mayo21.

Hasta tal punto se consideraba una inminente victoria del fascismo en España, que los comunistas canarios, desde pocos meses después de constituirse como partido en 1933, incluyen entre sus argumentos estratégicos el derecho de autodeterminación:

l) Derecho de Canarias a la autodeterminación hasta la constitución en Estado independiente.

m) Lucha despiadada en todos los órdenes y por todos los medios contra el fascismo y la guerra imperialista22.

Una posición que, al margen de la línea política del Partido Comunista de España, hace que cobre carta de naturaleza en el movimiento obrero canario desde 1934. Por primera vez, la revolución proletaria contra el capitalismo aparecía asociada a la liberación nacional. Aunque, bien es verdad, de una forma un tanto retórica, ya que a la cuestión nacional se destina un segmento subsidiario en el programa comunista. Únicamente, y como contribución personal, el ingeniero gomero Guillermo Ascanio elabora una minuciosa alternativa de desarrollo independiente para el pueblo trabajador de Canarias23. Pero en ningún caso el Partido Comunista cristaliza estos contenidos, ni en el plano teórico ni en su desarrollo práctico de masas.

4. EL GOLPE DE ESTADO

La crisis de sobreproducción que sacude al mundo capitalista entre 1929 y 1931 no podía dejar de afectar a la quebradiza economía del Archipiélago, tan dependiente del comercio exterior. Las fracciones agraria y mercantil de la burguesía, que viven enfrentadas, en especial, por el control de las exportaciones, optan también a partir de 1936 por salvar sus diferencias internas haciendo causa común contra su principal enemigo: el ascendente movimiento obrero organizado. La dictadura que instauran las clases dominantes no se limita a desmantelar las organizaciones sindicales y políticas de la clase trabajadora. En lo sucesivo, el caudal de experiencia conquistado por el pueblo trabajador será completamente destruido mediante una represión sistemática y generalizada. No ya las elaboraciones estratégicas, que proceden de plumas como las de José Miguel Pérez o Guillermo Ascanio, sino las cuestiones más elementales relacionadas con las diversas formas de lucha y de organización social, desaparecieron durante mucho tiempo de la cultura popular.

En efecto, esa parece ser la constante más notoria que define el movimiento laboral en Canarias. Toda la experiencia que acumulaba la clase trabajadora en las contiendas sociales, difícilmente conseguía ser transmitida a las generaciones posteriores. La coacción social o las reiteradas crisis económicas se sorteaban, por lo general, con la resignación en la penuria o surcando el Atlántico, y en ningún caso cuestionando el orden que las urdía. Esa persistencia histórica de factores que desarticulan su constitución clasista ha distinguido la evolución del movimiento obrero con un sesgo peculiar. Junto a la composición un tanto frágil e insubstancial de sus respuestas políticas e ideológicas, éstas se han venido repitiendo en forma de ciclos cortos y aislados entre sí (como otra de las esporádicas manifestaciones eruptivas del Archipiélago). Así ocurre tras el período de crecimiento que ahoga la dictadura de Primo de Rivera o después de la abierta liquidación que patrocina el régimen franquista.

Pocos días antes del 18 de julio de 1936, ante la inminencia de la sublevación militar, comunistas palmeros y socialistas herreños consideran la posibilidad de abandonar el Archipiélago. Sobradamente conocidos los rumores que involucran en la sedición a las tropas africanas, nadie cree en la virtualidad de dominar el alzamiento en su misma base de gestación. Se piensa en un destino, la isla de Madeira, desde donde poder seguir con mayor seguridad la evolución de los acontecimientos, al tiempo que permitiera una rápida intervención del lado republicano (si se daban las condiciones)24.

Alentados por las previsiones del Gobierno, que hablan de sofocar el levantamiento fascista en poco tiempo, el comité palmero del Frente Popular reconsidera sus planes iniciales y decide defender con las armas la legalidad republicana. Hasta el día 25, los alzados palmeros protagonizan lo que se ha dado en llamar la Semana Roja. Sin la adecuada preparación militar y, lo que es más importante, sin sólidas bases de apoyo entre el campesinado, el movimiento de resistencia republicana termina con el desembarco de una columna fascista, enviada a bordo del cañonero «Canalejas» desde Las Palmas de Gran Canaria.

José Miguel Pérez es detenido el 18 de agosto en la capital palmera. Las autoridades ordenan su traslado a Tenerife, ante el escepticismo del dirigente comunista por la aparente ineficacia del golpe militar, que aún no había conseguido dominar ni la capital ni las principales ciudades españolas.

A las cuatro de la tarde del día primero de septiembre, es sometido a un sumarísimo consejo de guerra en la sala de actos del cuartel («San Carlos») del regimiento de Infantería número 38 de Tenerife. La sentencia no regatea ninguno de los cargos con los que cualquier régimen autoritario ha intentado siempre conjurar la disidencia social: ideas disolventes, corrupción de la juventud... Considerando el carácter más testimonial que efectivo de la resistencia militar, sólo un factor explica la celeridad y contundencia de la represión que desata la clase dominante: el nivel de desarrollo político y organizativo alcanzado, bajo la dirección de José Miguel Pérez, por el proletariado palmero.

Condenado a muerte por el «delito consumado de rebelión militar»25, el maestro palmero es recluido en el cuartel de Caballería (ubicado en el barrio de Buenavista de la capital tinerfeña), en espera de la confirmación de la sentencia por la Junta de Defensa que los militares golpistas habían instalado en Burgos. En la mañana del día 4 de septiembre de 1936 es conducido a la batería del barranco del Hierro, donde un piquete del grupo mixto de Artillería se encarga de fusilar su último grito de victoria para el Partido Comunista.

Poco antes de ser llevado frente el pelotón de ejecución, dirige unas líneas a su esposa donde resume de forma sencilla el sentido de su trayectoria personal: «[...] muero tranquilo y en mi puesto de siempre»26.

De la misma manera, en la sima de Jinámar o en la cárcel de Fyffes, en el campo de concentración de Gando o en las prisiones flotantes, poco más de cinco años de laborioso desarrollo del movimiento obrero caerían abatidos durante largos años de dictadura.

FUENTES

1. ARTÍCULOS DE J. M. PÉREZ

1. «Conocer», Oriente, S/C de La Palma, 30 de septiembre de 1916.

2.  «La Paz», Verdad, S/C de La Palma, 8 de febrero de 1919.

3.  «La cultura y la vida. De su influencia social», Justicia, La Habana, 2 de julio de 1921.

4.  «Luz para todos. Vida y creación», Nueva Luz, La Habana, 3 de agosto de 1922.

5.  «El primitivo esfuerzo» (I), Nueva Luz, La Habana, 10 de agosto de 1922.

6.  «El primitivo esfuerzo» (II), Nueva Luz, La Habana, 17 de agosto de 1922.

7.  «Virtud creadora», Espartaco, La Habana, octubre de 1922.

8.  «Plan para la formación de una escuela racionalista», Nueva Luz, La Habana, 2 de noviembre de 1922.

9.  «Carta abierta a Carlos Baliño», Espartaco, La Habana, diciembre de 1922 ‑ enero de 1923.

10.  «Asuntos pedagógicos», Nueva Luz, La Habana, 4 de enero de 1923.

11.  «Plan para la escuela racionalista nocturna», Nueva Luz, La Habana, 25 de enero de 1923.

12.  «Palabras de un maestro» (I), Nueva Luz, La Habana, 28 de junio de 1923.

13.  «Palabras de un maestro» (II), Nueva Luz, La Habana, 5 de julio de 1923.

14.  «Palabras de un maestro. A J. A. Mella» (I), Nueva Luz, La Habana, 20 de enero de 1924.

15.  «Palabras de un maestro» (II), Nueva Luz, La Habana, 31 de enero de 1924.

16.  «Palabras de un maestro» (III), Nueva Luz, La Habana, 15 de febrero de 1924.

17.  «Cosas que debemos saber», Nueva Luz, La Habana, 15 de mayo de 1924.

18.  «Cosas que no debemos olvidar» (II), Nueva Luz, La Habana, 20 de junio de 1924.

19.  «Nuevos refuerzos: la Universidad Popular», Nueva Luz, La Habana, 3 de agosto de 1924.

20.  «Paralelismo revolucionario. ¿Por qué celebramos la Commune?», Justicia, La Habana, 28 de marzo de 125.

21.  «Paralelismo revolucionario. ¿Por qué celebramos la Commune?», Justicia, La Habana, 4 de abril de 1925.

22.  «Don Pedro Pérez Díaz», El Tiempo, S/C de La Palma, 8 de abril de 1930.

23.  «República y socialismo» (I), Espartaco, S/C de La Palma, 6 de junio de 1931.

24.  «República y socialismo» (II), Espartaco, S/C de La Palma, 13 de junio de 1931.

25.  «Las pasadas elecciones», Espartaco, S/C de La Palma, 4 de julio de 1931. [Atribuido].

26.  «En las redes del Código», Espartaco, S/C de La Palma, 18 de julio de 1931. [Atribuido].

27.  «Comentarios a una conferencia» (I), Espartaco, S/C de La Palma, 25 de julio de 1931.

28.  «Comentarios a una conferencia» (II), Espartaco, S/C de La Palma, 1 de agosto de 1931.

29.  «Constitución y problemas constituyentes» (III), Espartaco, S/C de La Palma, 8 de agosto de 1931.

30.  [Título roto], Espartaco, S/C de La Palma, 29 de agosto de 1931.

31.  «El buen consejo de Sancho», Espartaco, S/C de La Palma, 3 de octubre de 1931.

32.  «La honrada intransigencia revolucionaria», Espartaco, S/C de La Palma, 21 de noviembre de 1931.

33.  «En familia...», Espartaco, S/C de La Palma, 5 de diciembre de 1931.

34.  «Paréntesis obligado», Espartaco, S/C de La Palma, 12 de diciembre de 1931.

35.  «Socialistas sin socialismo...», Espartaco, S/C de La Palma, 19 de diciembre de 1931.

36.  «Estado y capitalismo» (I), El Socialista, S/C de Tenerife, 8 de febrero de 1932.

37.  «La Ley de Defensa de la República», Espartaco, S/C de La Palma, 19 de marzo de 1932.

38.  «Dogmatismo democrático», Espartaco, S/C de La Palma, 23 de abril de 1932.

39.  «Estampa y estampas», Espartaco, S/C de La Palma, 14 de mayo de 1932.

40.  «Carácter general de la Reforma Agraria», Espartaco, S/C de La Palma, 20 de agosto de 1932.

41.  «La Reforma Agraria en Canarias», Espartaco, S/C de La Palma, 27 de agosto de 1932.

42.  «I Congreso de la Federación de Trabajadores de La Palma», Espartaco, S/C de La Palma, octubre de 1932.

43.  «España entre las garras del imperialismo», Espartaco, S/C de La Palma, 10 de diciembre de 1932.

44.  «En el camino de la traición», Espartaco, S/C de La Palma, 31 de diciembre de 1932.

45.  «'No se ha hecho política socialista'» (II), Espartaco, S/C de La Palma, 7 de enero de 1933.

46.  «Política y religión», Espartaco, S/C de La Palma, 12 de agosto de 1933.

47.  «Jueces de ayer y justicia de hoy», Espartaco, S/C de La Palma, 19 de agosto de 1933.

48.  «Los agentes de la burguesía en los medios obreros», Espartaco, S/C de La Palma, 2 de septiembre de 1933.

49.  «Los lemas de Acción Social», Espartaco, S/C de La Palma, 9 de diciembre de 1933.

50.  «¿Evolucionamos, camaradas socialistas?», Espartaco, S/C de La Palma, 16 de diciembre de 1933.

51.  «Contestando a las campañas antisoviéticas de Acción Social», Espartaco, S/C de La Palma, 20 de enero de 1934.

52.  «Un folleto de Otto Bauer», Espartaco, S/C de La Palma, 24 de marzo de 1934.

53.  «El arte al servicio de la revolución», Espartaco, S/C de La Palma, 1 de mayo de 1934.

54.  «Vivienda y educación», Espartaco, S/C de La Palma, 15 de septiembre de 1934.

55.  «Los partidos obreros, los bloques antifascistas y los acuerdos electorales» (I), Espartaco, S/C de La Palma, 17 de agosto de 1935.

56.  «Los partidos obreros, los bloques antifascistas y los acuerdos electorales» (II), Espartaco, S/C de La Palma, 24 de agosto de 1935.

57.  «Los partidos obreros, los bloques antifascistas y los acuerdos electorales» (III), Espartaco, S/C de La Palma, 31 de agosto de 1935.

58.  «El empeño colaboracionista de Prieto», Espartaco, S/C de La Palma, 30 de mayo de 1936.

59.  «La reforma constitucional soviética y los 'comentarios alarmantes'», Espartaco, S/C de La Palma, 20 de junio de 1936.

2. POEMAS DE J. M. PÉREZ

60. «Cantos de esperanza», Justicia, La Habana, 9 de julio de 1921.

61.  «Siembra...», Nueva Luz, La Habana, 24 de agosto de 1922.

62.  «Poemas», Nueva Luz, La Habana, 7 de septiembre de 1922.

63.  «Víctimas de la guerra. El niño», Nueva Luz, La Habana, 7 de junio de 1923.

64.  «Hacia tu alma», Nueva Luz, La Habana, 19 de julio de 1923.

65.  «Ocaso», Espartaco, S/C de La Palma, 1 de octubre de 1932.

REFERENCIAS HEMEROGRÁFICAS Y BIBLIOGRÁFICAS

La bibliografía producida acerca del dirigente palmero es todavía realmente escasa. Aparte de las citas que se incluyen en el presente trabajo, existe información adicional sobre su pensamiento político en varios artículos y un par de libros.

Anónimo. 1985. «Apuntes para una biografía de José Miguel Pérez». Espartaco 4: 2-4. S/C de Tenerife: Órgano del PCC (o-c).

Ascanio, Juan Pedro. 1986. «José Miguel Pérez, educador revolucionario y comunista fundador». Jornada, 2 y 3 de septiembre de 1986.

Cabrera Acosta, Miguel. Ángel. 1991a. La II República en las Canarias Occidentales. S/C de Tenerife: Ed. Cabildo Insular de El Hierro / Centro de la Cultura Popular Canaria.

Cabrera Acosta, Miguel. Ángel. 1991b. José Miguel Pérez y el movimiento obrero canario (1930‑1936). Tenerife: Benchomo.

Domínguez, C. 1998. Apuntes para una biografía política de José M. Pérez. Tenerife: Espartaco.

García More, R. 1986. «A 50 años del asesinato de José Miguel Pérez». Gramma, 4 de septiembre de 1986.

González Casanova, Francisco. 1985. «En memoria de un gran líder canario: José Miguel Pérez». El Día, 26 de septiembre de 1985.

Paz Sánchez, Manuel Antonio de. 1980. «José Miguel Pérez y la resistencia antifranquista en La Palma». Tribuna Comunista.

Suárez Rosales, Manuel. 1986. «José Miguel Pérez, mártir del pueblo». El Día, 21 de agosto de 1986.

Además, se incluyen referencias tangenciales pero de cierto interés en los siguientes libros:

Cabrera, Olga. 1985. Alfredo López. Maestro del proletariado cubano. La Habana: pp. 102, 108, 141 y 216‑219.

García, A. y Mironchuk, P. 1977. La Revolución de Octubre y su influencia en Cuba. La Habana: Academia de Ciencias de Cuba, pp. 212‑213.

Instituto de Historia del Movimiento Comunista y de la Revolución Socialista de Cuba. 1977. El movimiento obrero cubano, Documentos y artículos. Tomo II: 1925‑1935. La Habana: Ed. Ciencias Sociales, pp. 17‑20.

Massieu González, S. 1988. Cartas a mis nietos: lo que no les había contado. De la Agrupación de Cultura Proletaria «Octubre». Caracas.

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Millares Cantero, Agustín. 1983. «La política en Canarias durante el siglo XX», en AA.VV., Canarias, siglo XX. Las Palmas de Gran Canaria: Edirca.

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NOTAS

1. Aquí se han tenido en cuenta, sobre todo, los siguientes trabajos: E. Laclau (1980); G. Arrighi (1975); S. Amin (1979 y 1988) y C. F. Santana Cardoso y H. Pérez Brignoli (1981).

2. Un excelente análisis de este proceso se encuentra, por ejemplo, en M. Dobb (1979).

3. Cf. Brito González (1980: 23 24 y 33 40).

4. Ver Rodríguez y Rodríguez de Acuña (1981: 57 60). Cf. Macías Hernández (1983: 278 279).

5. Verdad, S/C de La Palma, 8 de febrero de 1919.

6. Verdad, S/C de La Palma, 8 de febrero de 1919.

7. «Conocer», Oriente, S/C de La Palma, 30 de septiembre de 1916; «La cultura y la vida. De su influencia social», Justicia, La Habana, 2 de julio de 1921; «Poemas», Nueva Luz, La Habana, 7 de septiembre de 1922.

8. En concreto, 213 millones $ corresponden a inversiones británicas y 220 a norteamericanas. Ver Santana Cardoso y Pérez Brignoli (1981, II: 136).

9. La conferencia, dictada el domingo 26 de junio, se publica en el periódico Justicia, órgano de la Agrupación Socialista habanera, el 2 de julio de 1921, págs. 2 3. Durante su intervención hace referencia a otras disertaciones suyas, que no hemos podido localizar, pronunciadas con anterioridad y que habían suscitado cierta polémica. En ellas insiste en el potencial revolucionario de la cultura.

10. Las exposiciones más completas al respecto se encuentran en los siguientes artículos: «Virtud creadora», La Habana, Espartaco, octubre 1922, pp. 31 32; «Plan para la formación de una escuela racionalista», La Habana, Nueva Luz, 2 de noviembre de 1922, p. 7; «Plan para la escuela racionalista nocturna», La Habana, Nueva Luz, 25 de enero de 1923, p. 7.

11. «Palabras de un maestro. A J. A. Mella», serie de tres artículos que aparecen en Nueva Luz, La Habana, el 20 y el 31 de enero, y el 15 de febrero de 1924. Cf. O. Cabrera (1985: 108). Con idéntico título, había publicado con anterioridad (junio y julio de 1923) en el mismo periódico sendas críticas de la apropiación burguesa del saber.

12. «Nuevos esfuerzos: la Universidad Popular», Nueva Luz, La Habana, 3 de agosto de 1924, pág. 3.

13. «I Congreso de la Federación de Trabajadores de La Palma», Espartaco, S/C de La Palma, 22 de octubre de 1932. Cf. Brito González (1980: 102 103 y 206).

14. Existen copias en la hemeroteca de la Universidad de La Laguna.

15. Cf. Brito González (1980: 264) y Gaceta de Tenerife, S/C de Tenerife, 15 de enero de 1933.

16. Al respecto puede consultarse, además de la producción conocida de José Miguel Pérez, otro artículo sin firma que le atribuye Floricel Mendoza Santos, dirigente de las Juventudes Comunistas de La Palma durante la Segunda República, titulado «Las pasadas elecciones», Espartaco, S/C de La Palma, 4 de julio de 1931.

17. «Constitución y problemas constituyentes», Espartaco, S/C de La Palma, 8 de agosto de 1931.

18. El Frente se constituye el 3 de marzo de 1934 en Las Palmas de Gran Canaria con la participación de comunistas, socialistas y sindicatos. Ver al respecto la obra de Cabrera Acosta (1991a: 536 537).

19. Cf. los tres artículos que dedica en 1935 a «Los partidos obreros, los bloques antifascistas y los acuerdos electorales», Espartaco, S/C de La Palma, 17, 24 y 31 de agosto.

20. Título de un artículo que publica en Espartaco, S/C de La Palma, 2 de septiembre de 1933.

21. Información proporcionada por Floricel Mendoza y Juan Pedro Ascanio.

22. Para las elecciones legislativas de noviembre de 1933, el PCE en Canarias presenta una plataforma que incluye trece puntos con diversas demandas económicas y políticas. Ver «A los obreros y campesinos», Espartaco, S/C de La Palma, 28 de octubre de 1933. Posteriormente, las Bases del Frente Único Revolucionario repiten en lo substancial esta plataforma. Ver Espartaco, S/C de La Palma, 17 de marzo de 1934.

23. Se contiene en la serie de cuatro artículos que titula: «La crisis económica y el proletariado canario», Espartaco, S/C de La Palma, 28 de octubre y 4, 11 y 18 de noviembre de 1933.

24. Tres barcos surtos en el muelle de la capital son retenidos y enviados a Tazacorte con este fin, según nos informa Floricel Mendoza. Cf. Cabrera Acosta (1985: 15 16).

25. La Tarde, S/C de Tenerife, 2 de septiembre de 1936 y Gaceta de Tenerife, S/C de Tenerife, 3 de septiembre de 1936.

26. Citado por González Casanova (1985).

SOBRE LA NATURALEZA DE LA PERESTROIKA [Inédito, 1991]

El trabajo que se presenta a continuación fue redactado en febrero del año 1991, como contribución del autor al debate suscitado en el Aula de Cultura de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna.

El documento, que no llegó a ser editado, reproduce el texto original, esto es, sin excluir ninguna de las consideraciones políticas e ideológicas que entraron en juego en aquella discusión.

INTRODUCCIÓN

Pretender esclarecer la orientación política que sigue el proceso de reestructuración o perestroika en la Unión Soviética, representa tanto como determinar la naturaleza de clase que define a su sociedad y el estado de la lucha de las clases que la integran. Pero, como es natural, sobre esta realidad operan también factores externos. Esto es aún más cierto hoy día por cuanto la mundialización de las economías parece haber entrado en una nueva fase de su desarrollo: la de hegemonía de una capitalismo más monopolista y más «desnacionalizado».

Con esto, antes que aleccionar a nadie acerca del modo de abordar correctamente una reflexión sobre este asunto, intento enunciar las cuestiones que me parecen más relevantes y la posición metodológica desde la que me propongo tratarlas. Por tanto, no se espere encontrar aquí un análisis sesgado, bien en torno al contenido de las medidas de política económica que se han puesto en práctica en la URSS o bien en torno al alcance social de las reformas políticas.

Desde una perspectiva histórica, intentaré caracterizar los rasgos fundamentales que configuran la evolución de esos dos factores que he destacado con anterioridad:

1) El desenvolvimiento histórico de la sociedad soviética.

2) Las condiciones de realización de la mundialización económica.

No obstante, cuanto sigue en estas páginas sólo alienta el propósito de contribuir en lo posible a una clarificación ideológica del movimiento obrero y popular en Canarias.

I. ALGO DE HISTORIA

La Revolución de Octubre proporcionó -objetivamente- un impulso determinante al desarrollo del capitalismo en Rusia, creando las condiciones para acelerar el proceso de su acumulación capitalista. De nuevo, la historia suministraba una prueba más en cuanto a que los cambios en las formas de propiedad no afectan de modo substancial al contenido predominante en las relaciones sociales de producción: la estatalización de los medios de producción no frenó en absoluto el proceso de acumulación capitalista, ni mucho menos varió su signo. Cuatro son los factores principales que, a mi juicio, han intervenido forzando esa dirección, contraria -cómo no- a los presupuestos subjetivos del PC(b):

1) El retraso relativo de la organización capitalista de la producción en Rusia respecto del resto de las formaciones centrales del capitalismo mundial.

2) El hostigamiento económico y militar imperialista sobre la convulsionada sociedad soviética a partir de 1917.

3) El triunfo dentro del PC(b) de la tesis economicista sobre el desarrollo social, que identifica en las fuerzas productivas, ¡y no en la lucha de clases!, el elemento fundamental en la transformación revolucionaria.

4) La estatificación de la organización sociopolítica del poder revolucionario, al imponerse un «sistema de dictadura del proletariado» ejercido por el PC(b), separado de las masas populares y en oposición a la alianza obrero-campesina.

La primera guerra imperialista mundial y, a continuación, la Guerra Civil no sólo acentuaron el atraso (desde un punto de vista capitalista) del aparato productivo, y del sector industrial más en particular, sino que favorecieron la expropiación (estatalización de la propiedad sobre los medios de producción) y la sobreexplotación de la clase trabajadora (a través del «comunismo de guerra»). Durante este primer período revolucionario se configuran los métodos y la organización del trabajo que, aunque concebidos como «medidas provisionales», se mantendrán a lo largo del tiempo. Me refiero tanto a los métodos de dirección única, o a la subordinación del trabajo manual al intelectual (que proviene de la proclamación de una jerarquización sociolaboral basada en la especialización y cualificación en el trabajo), como a las fórmulas de «contabilidad económica» (o jorastchot) que convierte al Estado en uno de los núcleos centrales para la reproducción de las relaciones monetario-mercantiles.

Más concretamente: la institución del jorastchot concede «autonomía financiera» a las empresas del Estado. Pero rara vez coinciden las empresas con unidades de producción (como las fábricas). Por el contrario, las empresas representan agrupamientos del tipo de «uniones» o «trust soviéticos» que cuentan con fondos propios y autonomía de operación en el mercado, financiando sus actividades mediante los ingresos que genera y a través del sistema crediticio que provee la banca estatal. Pero, además, esta autonomía de gestión, que inserta a las empresas en las relaciones mercantiles y monetarias, se completa con las responsabilidades en materia de empleo de trabajadores. El paso progresivo del cumplimiento por las fábricas del plan trazado desde arriba (que caracteriza los comienzos de la NEP) a la creciente autonomización de la dirección de las empresas, representa la cristalización de esa concepción economicista del desarrollo social que se funda en la identificación estrecha del proceso de reproducción ampliada como un proceso de acumulación, sometido a las necesidades de valorización de los medios de producción.

En efecto, durante la Nueva Política Económica (NEP) se instituye el modelo de acumulación que definirá la naturaleza objetiva del modo de producción en la Unión Soviética. Como en el sistema capitalista, «tienden a confundirse, sin coincidir enteramente» (Bettelheim 1978: 279) los siguientes procesos:

a) de reproducción ampliada de los bienes materiales y de las condiciones sociales de su producción;

b) y de reproducción ampliada del capital, de incremento del valor de los medios de producción que operan en la exigencia estructural de autovalorización de ese capital.

Por eso, la dimensión cardinal en este proceso de acumulación viene fijada por el proceso de explotación de la fuerza de trabajo y de las fuerzas productivas en general. Y es precisamente desde esta perspectiva que cobra sentido la función económica de la política de «capitalismo de Estado» practicada por el PC(b): en la medida que se profundizan los mecanismos y las formas de alienación y de diferenciación sectaria dentro de la organización social del sistema productivo y no se desarrollan verdaderas relaciones de cooperación entre los productores, la apropiación colectiva de los medios de producción (socialismo) se queda en una propiedad estatal que funciona más como un «capital combinado» (o colectivo) (Marx 1979: 406). De aquí que se substituya la lucha de clases por la «lucha por la producción», o lo que es lo mismo, se someta a los trabajadores a la «ley económica objetiva» (como es presentada por el capitalismo) de la autovalorización del capital, del crecimiento continuo y prioritario de los medios de producción. Esta es la misma concepción que legitimará la financiación de la industrialización (el «desarrollo del sector socialista de la economía, la industria productora de medios de producción») mediante la imposición de un «tributo» o de un «sobreimpuesto» al campesinado, a modo de proceso de «acumulación primitiva» (Preobrazhenski 1970).

De una parte, la Revolución de Octubre elimina la industria y el comercio privados y, de otro lado, suprime las antiguas formas de explotación individual del campesinado. Pero la nueva organización social de la producción (en los sectores estatales y cooperativos) no consigue desprenderse de las limitaciones y determinaciones que le impone el proceso de acumulación a la reproducción ampliada: la industria se desarrolla, el proletariado crece, pero la alianza obrero-campesina se rompe y la organización sociopolítica del poder se estatifica, se separa de los productores directos y ejerce como aparato de coerción económica y política sobre amplias masas populares, garantizando la apropiación estatal del excedente (es decir, resguardando los intereses del «capital colectivo», del «capitalismo de Estado»).

Hasta aquí las consecuencias prácticas que me parecen más importantes de una desviación en el plano de la teoría materialista de la historia, la de conferir a las fuerzas productivas el papel que ocupa la lucha de clases como elemento revolucionario fundamental en el desarrollo social. Ahora ya me puedo ocupar del «problema principal de toda revolución, la cuestión del poder» (Lenin 1981a: 281), lo que representa tanto como determinar su naturaleza de clase y las formas y métodos de su organización política.

En este ámbito, de las relaciones de poder entre las clases, la contradicción principal que atraviesa la institución del poder revolucionario en la Unión Soviética presenta dos aspectos indisociables:

1) El carácter proletario del poder de Estado, derivado de la predominancia del proletariado como clase dominante o fuerza social dirigente, que viene representada por el PC(b).

2) La alianza obrero-campesina, que requiere incluir a las fuerzas populares no proletarias (socialmente mayoritarias) en la organización política del poder de Estado.

El tratamiento dado a esta contradicción tomó el camino del centralismo burocrático y de la separación del Estado del control de las masas populares. Las restricciones impuestas a la participación del campesinado en las instituciones políticas del Estado, la limitación y posterior prohibición de la actividad de los partidos (a excepción del bolchevique), no se tradujo en un aumento de la democracia socialista. Más aún, entre 1918 y 1921 la representación comunista en los soviets cayó cerca de un 20%, mientras el poder efectivo de estos organismos se iba transfiriendo de las asambleas a los aparatos administrativos, y de éstos a los órganos gubernamentales centrales (que avanzan en un creciente proceso de autonomización). El aparato administrativo del Estado termina por disociarse de las masas y, en opinión de Ch. Bettelheim, incluso del partido (Bettelheim 1976: 247 y ss). En consecuencia, el debilitamiento del poder popular y la centralización y autonomización del poder de Estado constituyen las dos caras de una misma realidad objetiva: la persistencia de relaciones políticas burguesas en el seno de la sociedad soviética, que se oponen y deterioran el poder revolucionario.

El «sistema de dictadura del proletariado» no fue capaz de producir un nuevo poder, una fusión revolucionaria de los «medios dirigentes del partido» y de los órganos del poder popular, que fueron cayendo progresivamente bajo la influencia de la burguesía. La utilización por el PC(b) de buena parte del aparato administrativo del Estado del antiguo régimen favoreció el acceso de la burguesía al poder de Estado. Las fórmulas de centralización no democráticas y la burocratización minaron, hasta desnaturalizarla, la base popular y el carácter proletario del poder, dando paso a partir de finales de 1929 a la reacción burguesa que se conoció como el «gran viraje» (desplegada ya desde el poder de Estado). El modelo de acumulación que se fundaba en la industrialización acelerada impuso prematuramente una colectivización forzosa en el campo. El incremento de las «reservas del Estado», la acumulación acelerada de los excedentes sociales por el Estado, se prefiguró en el objetivo principal de la política económica. Y si bien se llevó a efecto en detrimento de la burguesía privada, no es menos cierto que ocasionó la ruptura definitiva de la alianza obrero-campesina y proporcionó al Estado, ya centralizado y autonomizado, el control preferente sobre el proceso de acumulación.

II. ¿QUÉ MODO DE PRODUCCIÓN?

Bien a través de la caracterización presentada aquí o bien por otros caminos, la conclusión más comúnmente aceptada conviene en reconocer que no existe en la Unión Soviética un modo de producción socialista. Naturalmente, esto excluye a los «analistas burgueses» que no quieren dejar pasar la ocasión de hacer aparecer la actual situación de estancamiento y crisis del sistema soviético como la demostración palmaria del «fracaso del comunismo», y hasta como «el fin de la historia» (F. Fukuyama). Pero dejando a un lado despropósitos y manipulaciones, el problema permanece insepulto (para irritación de los revisionistas y turbación de los dogmáticos, en la medida que la «utopía socialista» concita todavía el esfuerzo emancipador de las clases trabajadoras y de los pueblos sometidos): ¿qué modo de producción está en la base de la formación social soviética?

S. Amin ha propuesto la existencia de un «modo específico», ni enteramente socialista ni tampoco capitalista, sino una especie de «socialismo deformado» movido por una ley de «acumulación acelerada», que traslada la contradicción principal específica de este modo desde la instancia económica hacia su relación con la instancia político-ideológica. Es decir, la contradicción opone los objetivos de la acumulación al proyecto socialista. Pero todavía puntualiza más y aprecia en el modo soviético cuatro rasgos constitutivos (Amin 1978: 361-368):

1) Los principales medios de producción son objeto de una apropiación estatal.

2) La fuerza de trabajo es una mercancía.

3) Los productos que son objeto de consumo también son mercancía.

4) Los bienes de equipo no son mercancías pero tienden a convertirse rápidamente en ellas.

Igual que en los modos de producción precapitalistas, la ideología funciona como el medio principal para reproducir las condiciones de realización del sistema. A través de la ideología, la sociedad admite que una «clase-Estado» se apropie del excedente. Porque la «propiedad estatal del capital» ha venido a substituir a la «propiedad privada parcelada» (capitalismo). Aquí reside, en opinión de S. Amin, el punto de ruptura con el modo capitalista.

Lo que esta concepción deja de lado es que la característica fundamental del desarrollo capitalista consiste en la necesidad estructural de autovalorización del capital en un proceso creciente de acumulación, definido por las relaciones de explotación que operan en su base. El desenvolvimiento de las fuerzas productivas representa en el modo de producción capitalista una proyección subsidiaria, un efecto, de ese proceso de acumulación. De ahí la exigencia de instruir un doble proceso:

1) Expropiar a los productores directos la propiedad de los medios de producción, que pasan a ser detentados, en régimen de monopolio, por una clase social distinta de éstos.

2) Mercantilizar el valor de las fuerzas productivas en general (incluida la fuerza de trabajo), y no sólo de parte o de la totalidad de la producción.

Porque estatalizar la propiedad de los medios de producción no se corresponde mecánicamente con su socialización, ni comporta necesariamente su apartamiento de las «leyes capitalistas del mercado» (escenario de la acumulación). No pueden confundirse, por tanto, las formas de redistribución social del excedente y los incentivos laborales con otra cosa que no sea la compensación que el Estado transfiere a la clase trabajadora por su separación efectiva de la dirección de la producción (Rossanda 1978: 15). Una compensación que viene fijada por el estado de la lucha de clases, por las relaciones contradictorias que oponen a las fuerzas sociales en la organización sociopolítica del sistema productivo, erigida en el factor principal que determina el movimiento histórico de la sociedad.

Es así, entonces, que los trabajadores, asalariados, continúan valorizando los medios de producción, «los cuales funcionan como un capital colectivo administrado por una burguesía de Estado» (Bettelheim 1976: 38). Esto es capitalismo de Estado, la forma social de organización de la producción bajo la que se desenvuelve la fuerza de trabajo, el «factor básico y decisivo» en la configuración histórica de un modo de producción.

Sin embargo, se aduce en contrario que la existencia del capitalismo asocia inevitablemente la parcelación del capital y de la propiedad sobre los medios de producción (Amin 1978: 360).

Como se recordará, toda la etapa conocida como de «desestalinización» (en la que algunos han querido ver un golpe de Estado burgués), no aportó un cambio radical en las relaciones de producción. Todo lo más se perseguía «ajustar aquellas partes de las relaciones de producción» que ¿obstaculizaban? el desarrollo acelerado de las fuerzas productivas. El ajuste vino a aplicarse a los métodos de gestión y de organización de la producción y el trabajo (igual que sucedió después durante las reformas de la «era Breznev» y ahora con la perestroika), y siempre al servicio de la aceleración. La «dirección única» y la «autonomía financiera», principios de gestión introducidos en 1918 y 1921 de forma provisional, incorporaban relaciones capitalistas al sector estatal de la economía, es decir, dotaba a las empresas -«socialistas»- de «bases comerciales capitalistas» (Lenin 1981b: 687-690). La particularidad soviética, más allá de esa provisionalidad que dura ya setenta años, tiene que ver con la regulación estatal de las relaciones mercantiles y monetarias que, lejos de hacer desaparecer la parcelación del capital, la reconduce hacia la concentración sectorial.

La capacidad de autofinanciación de las empresas y los métodos de dirección centralizada e independiente adquirieron un notable impulso a partir de 1965, por lo que la búsqueda del beneficio acabó por consolidarse como la ley principal del desarrollo soviético, aunque con la «asistencia» de un capital de Estado que trata de amortiguar la permanente crisis productiva que atraviesa a los sectores altos y el retraso progresivo que envuelve a los sectores básicos (Rossanda 1978).

III. LA PROFUNDIZACIÓN DEL...

La perestroika se nos presenta por la documentación oficial soviética como una «profundización del socialismo». (¿Cuál?). Imponderables de la propaganda para un Estado y un partido confesionalmente marxistas. Pero ¿qué tesis configuran realmente esa política de reestructuración?

Un reconocido economista soviético, Abel Aganbeguian, resumió en 1986 la política de reestructuración en el plano económico del siguiente modo:

Hoy en el país se ha emprendido el rumbo hacia la intensificación omnímoda del complejo macroeconómico del país, el desarrollo progresivo y el aprovechamiento eficiente del potencial científico y técnico (Aganbeguian 1986: 10).

[...] La producción de máquinas constituye el sector prioritario de la economía soviética en el XII quinquenio (1986-1990) (Aganbeguian 1986: 16).

[...] Hasta hace poco, dos tercios de las asignaciones básicas eran invertidas en la construcción de nuevas obras y en la ampliación de las capacidades. Para el reequipamiento técnico y la modernización de las empresas existentes no quedaba más que un tercio de los recursos. En el presente quinquenio esta correlación ya ha cambiado -mitad y mitad- mientras que en lo sucesivo se va a dar preferencia a la modernización (Aganbeguian 1986: 20).

Esta concepción económica quiere responder a las «tendencias negativas», al estancamiento que parece haber provocado el desarrollo de la economía sobre una base preferentemente extensiva. Un estancamiento que denuncia el propio descenso en más de un 20% de la renta nacional invertida desde el VIII quinquenio (1966-1970), y que reclama la concentración de la inversión en la modernización del equipo instalado (método intensivo). Es decir, se propone una especie de reconversión que frene la caída de la formación de capital, removiendo y mejorando las bases de su acumulación acelerada. Y esto requiere a su vez corregir el «descenso del porcentaje de incremento anual de la productividad del trabajo», procurando «ajustar rígidamente los ingresos con el aporte concreto hecho a los resultados comunes del trabajo» (Kulikov 1987: 80). Pero esta es una tendencia inevitable en tanto la reducción de inversiones restringe la incorporación de nuevos equipos a la producción e impone un ritmo menor al aumento de la productividad del trabajo y hace crecer el paro real. Por descontado, la acumulación del capital opera nuevamente de forma selectiva y se concentra en aquellos sectores y ramas de la producción donde obtiene mayor rentabilidad.

Una segunda tesis, que formula de modo explícito el director del Instituto de Economía de la Academia de Ciencias de la URSS, Leonid Abalkin, hace referencia a la dimensión más política de la perestroika:

La actual reestructuración de la gestión económica reclama la profunda renovación de las instituciones políticas y el derrocamiento de los mecanismos burocráticos, que obstaculizan el funcionamiento del aparato estatal y de la administración económica.

[...] tan sólo sobre esta base se puede superar la alienación de los trabajadores respecto de los medios de producción, pertenecientes a todo el pueblo, convirtiendo a aquellos en verdaderos dueños de su empresa, región y del país (Abalkin 1988).

Como una prolongación de la tesis estalinista que concebía la derogación por decreto de la lucha de clases, el poder soviético acuñó la fórmula del «Estado de todo el pueblo» a modo de representación institucional y política de la sociedad socialista y del mismo poder soviético. Ese «proceso de democratización», que se presenta hoy con la misión de devolver a «todo el pueblo» los medios de producción que le habían sido expropiados, parece contener un carácter socializador, que no necesariamente socialista, similar al que despliega el capitalismo de Estado.

El contenido atribuido a la modificación de las relaciones sociales de producción abarca de modo principal tres planos:

1) El cambio de las formas de propiedad, en el sentido de singularizar su carácter social, es decir, acentuando la responsabilidad individual de los productores convertidos ahora en propietarios.

2) Por extensión, la «democratización» de la gestión y la administración económica de los mecanismos y aparatos estatales de control del sistema productivo, toda vez que la propiedad de los medios de producción y el propio Estado soviético pertenecen a «todo el pueblo».

3) La aceleración de la renovación, «modernización», de los medios de producción de bienes de equipo.

Tomando, por tanto, aisladamente las declaraciones oficiales acerca de la «democratización» de las instituciones políticas, o en torno a la concesión de mayor protagonismo político a los órganos de poder popular, se obtiene una visión completamente deformada de los objetivos de la perestroika. El valor histórico de las formas de propiedad viene condicionado por su participación en el conjunto de las fuerzas productivas (a través de su nivel y métodos de organización social) y como factor de las formas de explotación del trabajo social. Y ahora, el estancamiento económico, «la contradicción existente entre la masa de ganancia que tiende a convertirse en capital y la cuota de ganancia en descenso que se lo impide a una parte de ella» (Mora 1988: 4.446), ha desatado la aplicación de una nueva orientación de la política económica: no se trata tanto de cambiar radicalmente las relaciones de producción, devolviendo el poder y la propiedad a los productores directos, como de buscar fórmulas de realización del necesario consenso social para efectuar la reconversión del sistema de capitalismo de Estado a las «más modernas» condiciones de operación del capital imperialista.

IV. LA NUEVA FASE SUPERIOR

El mito idealista de la primacía de lo político tiene su origen en la seducción que, todavía hoy, produce el conocido concepto de neutralidad que la Segunda Internacional atribuyó al Estado, a los aparatos del Estado. Poco a poco la tesis socialdemócrata que confería al Estado el papel de instrumento estabilizador del desarrollo capitalista, actuando a través de «funciones de control sobre las dinámicas del capital» (Ferrajoli y Zolo 1980: 54-55), se fue imponiendo a la concepción liberal del Estado (más anacrónica respecto de la fase de concentración monopolista y de expansión imperialista del capital). La coincidencia entre la concepción socialdemócrata y el modelo soviético de capitalismo de Estado no es casual.

Hoy el capitalismo opera a través del sector público (estatal), de la libre competencia en el mercado (cada vez menos) y del sector monopolístico (crecientemente) para efectuar las condiciones de realización de su acumulación y reproducción ampliada. La concentración de las funciones y capacidades de control de este proceso no parecen detenerse ante las fronteras políticas (estatales). El capital monopolista se transnacionaliza o se desnacionaliza: comienza a perder relevancia la procedencia no ya ¿étnica?, sino estatal o nacional del capital. Cuando menos así parece que sucede en los centros (¿por cuánto tiempo «centros» todavía?) del capitalismo. Mientras, la necesidad de una periferia subordinada se vuelve cada vez más perentoria para la reproducción de ese desarrollo combinado y desigual del capitalismo monopolista.

La caída de las fronteras del capital (a veces de una forma tan material como en la Alemania Democrática) alcanza ya abiertamente a la Europa oriental, que se apresura a poner en marcha los mecanismos de ajuste -económicos y sociopolíticos- a esa nueva configuración del orden capitalista internacional. Un ajuste que, como la misma reproducción ampliada del capital, tenderá a ser combinado y desigual. No obstante, la concentración y la interpenetración monopólica no excluyen la competencia, siempre feroz, pero sí la acotan.

Ahora bien, también este proceso presenta un plano político caracterizado por un fuerte movimiento hacia la supraestatalidad, en el que participan también los monopolios reclamando un estatuto jurídico-político propio. Reordenaciones capitalistas de este tipo han tenido lugar históricamente a través de conflictos bélicos generalizados. Hoy no parece que esto sirva a los objetivos de la reproducción ampliada; los acuerdos internacionales (sobre desarme, fiscalidad, cambios, comercio, etc.) y las «crisis» bursátiles (que tienen más que ver con los procesos de concentración monopolista), han reducido este peligro a espacios geoestratégicos muy localizados.

Pero, desde la periferia, la cuestión que más debe preocupar al movimiento obrero y popular es otra: si el capital, que opera a escala mundial, se transnacionaliza cada vez más, ¿sobre qué bases económicas y políticas es posible llevar a efecto la «desconexión» (Amin 1988), es decir, la transmisión del control del proceso de acumulación al pueblo trabajador? Esta es la cuestión principal que debe aclarar un programa revolucionario y en torno a la que debe definir el marco de alianzas de las fuerzas populares.

La «fase superior» de desarrollo del capitalismo que describiera Lenin apunta ya hacia la emergencia de una nueva fase. La tendencia de los monopolios capitalistas a suprimir las fronteras nacionales y a transnacionalizar la economía y la política mundiales tiene que enfrentar otras dos tendencias diferentes:

1) El movimiento de constitución de nuevos centros y de independización relativa de ciertos centros secundarios.

2) El movimiento de surgimiento y consolidación de procesos liberadores en la periferia.

Aprovechar las contradicciones interimperialistas y fundar los movimientos revolucionarios en la fortaleza de las propias fuerzas populares, representa hoy, como ayer, crecer combatiendo en todos los frentes y con todas las armas.

FUENTES

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